Política. El Gobierno privatiza AySA y busca recaudar US$500 millones para reforzar las cuentas públicas

El Gobierno Nacional avanzó con la privatización de AySA y anunció la publicación de los pliegos de licitación para vender el 90% de las acciones que hoy están bajo control estatal. La decisión fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y forma parte del plan oficial para reducir la presencia del Estado en empresas públicas y sumar recursos en moneda extranjera.

El esquema prevé que un operador privado tome el control mayoritario de la compañía, mientras que los empleados conservarían el 10% de participación. AySA presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del Conurbano bonaerense.

Caputo publicó los pliegos para vender AySA

La licitación busca incorporar una empresa con capacidad técnica, financiera y operativa para administrar el servicio y encarar inversiones en infraestructura.

Una fuente al tanto de la operación señaló que la licitación exigirá experiencia previa en operación de servicios públicos de agua y saneamiento. Ese requisito será clave para definir qué compañías podrán presentar ofertas.

Según datos de la empresa, hacia mediados de 2025 la cobertura de AySA superaba el 85% en agua potable y el 70% en cloacas, un dato central para el Gobierno, que sostiene que la llegada de un socio privado permitirá acelerar la expansión de la red.

El Gobierno busca recaudar US$500 millones

En el Ministerio de Economía proyectan obtener alrededor de US$500 millones con el pase de AySA a manos privadas. Esos fondos podrían ayudar a reforzar la caja para enfrentar vencimientos en moneda extranjera durante los próximos meses.

Sin embargo, en el propio mercado reconocen que los tiempos no alcanzarían para cubrir el compromiso de julio, estimado en US$4.200 millones.

El proceso licitatorio podría demandar unos tres meses, ya que las empresas interesadas deberán demostrar solvencia económica, capacidades técnicas y luego presentar sus ofertas. Por eso, la adjudicación recién podría conocerse durante el segundo semestre.

El argumento oficial: inversión y fin de las "cajas políticas"

Caputo defendió la decisión al sostener que el ingreso de un operador privado permitirá impulsar inversiones, mejorar la calidad del servicio y expandir la red de agua y saneamiento.

El ministro también vinculó la medida con la decisión del Gobierno de dejar atrás el uso político de las empresas estatales.

"Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento", afirmó Caputo.

La frase resume el eje del discurso oficial: menos intervención estatal directa, más participación privada y un Estado concentrado en regulación, reglas e incentivos.

Qué pasará con las tarifas de AySA

Uno de los puntos más sensibles de la privatización será la definición de las tarifas. Actualmente, AySA cuenta con una fórmula polinómica de actualización mensual aprobada por la Secretaría de Obras Públicas, que toma en cuenta salarios, precios mayoristas e inflación.

Sin embargo, durante 2025 el Ministerio de Economía limitó los aumentos al 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario estimado en 21% hacia diciembre de ese año.

Luego, una nueva resolución permitió subas de hasta 4% mensual entre enero y abril de 2026. Pero el atraso no terminó de corregirse porque la inflación siguió en niveles elevados.

Aumentos limitados al 3% mensual hasta agosto

A partir de la Resolución ERAS N° 14/26, el Gobierno fijó que los aumentos mensuales efectivos de AySA no podrán superar el 3% entre mayo y agosto de 2026, siempre que la fórmula vigente no arroje un valor menor.

La decisión busca colaborar con la desaceleración de la inflación, después del 3,4% registrado en marzo.

El punto tarifario será clave para los futuros interesados, ya que la empresa informó un déficit proyectado de $205.000 millones y planteó la necesidad de continuar con un proceso de convergencia tarifaria.

El rol del ente regulador

Fuentes vinculadas a la operación remarcan que las tarifas deberán seguir siendo aprobadas por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento.

En una primera etapa, que comenzaría en 2027, se mantendría el mecanismo vigente de actualización mediante fórmula polinómica. Luego, al cumplirse cinco años y presentarse un nuevo plan de acción con obras, inversiones y gastos, el operador podrá elevar una nueva propuesta tarifaria.

Esa propuesta deberá ser evaluada y aprobada por el ERAS, lo que significa que la privatización no implicará libertad total para fijar precios sin control regulatorio.

Una privatización con impacto político y económico

La venta de AySA será una de las privatizaciones más relevantes de la gestión de Javier Milei, tanto por el tamaño de la empresa como por el alcance territorial del servicio.

Desde una mirada económica, el Gobierno busca tres objetivos: conseguir dólares, reducir la carga estatal y atraer inversión privada para infraestructura. Pero el proceso también puede abrir tensiones por tarifas, calidad del servicio, obras pendientes y protección de usuarios.

El desafío será equilibrar rentabilidad privada con expansión de la red y control regulatorio. En el Conurbano bonaerense, donde todavía hay zonas sin cobertura plena de cloacas y agua potable, la discusión no será solo financiera: también tendrá impacto social, sanitario y político.