14 de mayo de 2026
Un informe oficial expuso que, desde la puesta en marcha del régimen, hubo egresos netos de inversión extranjera directa. El dato tensiona el discurso oficial sobre la llegada de capitales y reabre el debate por los regímenes especiales.
Fuga de capitales. A pesar del impulso a las grandes inversiones por parte del Gobierno, el BCRA confirmó una sangría de dólares por parte de las empresas.
Un informe técnico del Banco Central encendió una señal incómoda para el Gobierno de Javier Milei: desde la entrada en vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el país registró egresos netos de inversión extranjera directa por US$4.687 millones hasta el cuarto trimestre de 2025. El dato surge del reporte sobre IED publicado por la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili.
El régimen, presentado por el oficialismo como una herramienta clave para atraer grandes capitales, entró en vigencia el 8 de julio. Sin embargo, los números del BCRA muestran que, por ahora, no generó el salto inmediato de inversiones que el Gobierno esperaba mostrar como parte de su programa económico.
El documento del Banco Central intenta explicar la salida neta de capitales como parte de una reorganización financiera de empresas multinacionales. Según el análisis, muchas compañías aprovecharon flexibilizaciones cambiarias e incentivos exportadores para cancelar deuda comercial entre firmas vinculadas, ordenar balances internos y retirar posiciones acumuladas durante años previos.
El núcleo de esos movimientos se concentró en el complejo exportador. Allí, buena parte del desendeudamiento se vinculó con la cancelación de adelantos de cobro de exportaciones asociados al Decreto 682, que había reducido transitoriamente retenciones para determinados sectores.
La lectura política es más compleja: el Estado ofreció incentivos extraordinarios para captar dólares, pero una parte significativa de las empresas respondió con movimientos financieros de corto plazo antes que con inversión productiva sostenida.
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Uno de los datos más sensibles del informe aparece en la renta de capital de la inversión extranjera directa. En el cuarto trimestre de 2025 alcanzó US$1.436 millones.
Dentro de ese total, la distribución de utilidades y dividendos sumó US$1.194 millones, mientras que la reinversión quedó reducida a apenas US$241 millones.
La diferencia expone una dinámica relevante: las empresas obtienen rentabilidad en Argentina, pero una parte importante de esas ganancias no queda dentro del país para ampliar plantas, incorporar tecnología o desarrollar proveedores locales.
El informe también muestra que los principales egresos provinieron de Suiza, Reino Unido, Países Bajos y España.
Se trata de jurisdicciones habituales dentro de estructuras financieras globales utilizadas por holdings multinacionales, fondos y vehículos societarios para administrar inversiones y flujos internacionales.
Ese mapa no necesariamente implica una irregularidad, pero sí refuerza la idea de que buena parte del movimiento registrado responde a decisiones financieras corporativas antes que a una nueva etapa de inversión productiva local.
En paralelo a estos datos, el Gobierno prorrogó por un año adicional el plazo de adhesión al RIGI mediante el Decreto 105. El vencimiento original estaba previsto para julio de 2026 y ahora se extendió hasta julio de 2027.
La decisión dejó una lectura política incómoda: si el régimen estuviera generando una llegada masiva e inmediata de inversiones, no habría necesidad de extender tan rápido los plazos originales.
A eso se suma el anuncio de un nuevo proyecto denominado "Súper RIGI", que el Ejecutivo enviará al Congreso. La iniciativa contempla mayores beneficios para determinados sectores, especialmente inversiones tecnológicas, con una baja del impuesto a las Ganancias de 25% a 10%.
El Gobierno suele exhibir cifras elevadas asociadas al RIGI, especialmente en minería, energía e infraestructura. Luis Caputo mencionó proyectos por alrededor de US$95.000 millones y proyecciones futuras de hasta US$140.000 millones.
Pero allí se mezclan iniciativas presentadas, carpetas en evaluación, anuncios preliminares y proyectos no aprobados.
Lo efectivamente aprobado hasta ahora representa algo más de US$17.000 millones, y aun esa cifra es potencial: aprobación no significa desembolso inmediato. Según los datos citados en el análisis, la inversión efectivamente movilizada fue mucho menor: en 2025 rondó los US$1.388 millones y durante el primer trimestre de 2026 ingresaron unos US$1.205 millones vinculados al régimen.
El debate también llegó a sectores cercanos al pensamiento liberal. Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino sostuvo que la baja inversión no se explica por falta de ahorro, sino por la persistencia de un contexto adverso para invertir.
Según IDESA, crear un Súper RIGI sin resolver problemas estructurales replica el mismo esquema, pero en una escala mayor.
El estudio también advierte sobre la proliferación de regímenes especiales. Al RIGI se suman el RIMI incluido en la reforma laboral y el nuevo proyecto de Súper RIGI, lo que puede generar una superposición de excepciones, beneficios discrecionales y asimetrías entre empresas.
Otro dato señalado por IDESA es que durante 2025 las personas destinaron el equivalente al 4,7% del PBI a comprar dólares para ahorro.
El punto es clave: recursos existen, pero una parte significativa se canaliza hacia la dolarización defensiva y no hacia la inversión productiva.
"Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos fuera del sistema", señaló el informe.
El Súper RIGI también expone una contradicción tributaria. El proyecto limita Ingresos Brutos al 0,5% y prohíbe tasas municipales sobre ventas para los emprendimientos incluidos en el régimen.
Esa definición reconoce, de manera implícita, que el esquema impositivo general resulta difícil de sostener para invertir. Pero el alivio fiscal solo alcanzaría a quienes ingresen al régimen especial.
El resto de la economía seguiría operando bajo la presión combinada de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
El dato del Banco Central no derrumba por sí solo la estrategia oficial de atraer inversiones, pero sí muestra que el RIGI todavía no logró modificar la dinámica general de la inversión extranjera directa.
Desde una mirada económica, el desafío del Gobierno no es solo anunciar proyectos, sino convertirlos en desembolsos reales, empleo, infraestructura, exportaciones y capacidad productiva.
El debate de fondo es si Argentina necesita más regímenes especiales o reglas generales más competitivas para toda la economía. Mientras esa discusión siga abierta, los números del BCRA ponen presión sobre una promesa central de Milei y Caputo: que la desregulación y los incentivos extraordinarios iban a acelerar la llegada de dólares productivos.
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