16 de mayo de 2026
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas planteó dudas en los pliegos, la evaluación de ofertas y la participación ciudadana. El proceso define la licitación de un corredor clave por donde circula gran parte de las exportaciones argentinas.
Corredor clave. Gran parte de las exportaciones argentinas pasan por la Hidrovía.
La licitación de la Hidrovía quedó bajo la lupa de la Justicia luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas detectara una serie de irregularidades en el proceso que definirá la concesión de uno de los corredores logísticos más importantes de la Argentina. Por esa vía se transporta cerca del 80% de las exportaciones de granos y derivados nacionales, lo que convierte al concurso en una pieza central para el comercio exterior.
El dictamen del Ministerio Público Fiscal, firmado por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, advirtió que algunos pasos del procedimiento "merecen reproche administrativo y podrían derivar en consecuencias penales". Las actuaciones quedaron en manos de la Fiscalía Federal N° 9 de la ciudad de Buenos Aires.
El punto más fuerte del dictamen apunta al diseño del proceso licitatorio aprobado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Según la investigación, el organismo recibió denuncias y presentaciones en las que se señalaban posibles irregularidades en el procedimiento y en los pliegos.
Esos planteos provinieron de organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios y también de una de las empresas participantes del concurso.
La PIA constató "una grave vulneración al principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas".
En esa línea, el dictamen sostuvo que la "ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo, habilitando la posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados de forma subjetiva o arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual lesiona directamente la libre competencia".
Uno de los aspectos más sensibles señalados por la investigación es la forma de evaluación de las ofertas. Para la PIA, el diseño del pliego "desnaturaliza el funcionamiento estructural del procedimiento de licitación pública de etapa múltiple".
El organismo cuestionó la implementación de una fórmula de Puntaje Global de la Oferta, que vuelve a ponderar la calificación técnica junto con la económica en la instancia final. Según el dictamen, esa doble valoración altera el sentido del sistema de etapas, donde el análisis técnico debería funcionar como filtro de admisibilidad y capacidad.
La observación no es menor: en una concesión de semejante escala, los criterios de evaluación definen no solo qué empresa queda mejor posicionada, sino también qué nivel de competencia real existe entre los oferentes.
Otro de los puntos objetados fue el presunto incumplimiento de la Ley 27.566, vinculada al acceso a la información ambiental durante el proceso de audiencia pública.
Según el dictamen, se presentaron más de 9.000 páginas para ser analizadas en un plazo breve, lo que habría limitado la posibilidad de una participación ciudadana efectiva.
La PIA fue categórica al señalar que "El procedimiento instado de participación ciudadana se redujo a un cumplimiento meramente formal y ritualista".
El cuestionamiento ambiental agrega un componente institucional relevante al caso. La Hidrovía Paraná-Paraguay no solo es una infraestructura estratégica para la exportación de granos, sino también un sistema con impacto directo sobre ecosistemas fluviales, puertos, dragado, navegación y comunidades ribereñas.
La investigación también puso el foco en las condiciones para la cesión del contrato. El modelo permitiría transferir la concesión a un tercero si este cumple "requisitos similares" al cedente, una vez transcurrido al menos el 20% del plazo contractual o de la inversión comprometida.
Para la PIA, esa cláusula abre un problema de igualdad frente a otros oferentes. El dictamen advirtió que "Esta cláusula atenta contra el principio de igualdad -que debe garantizarse en todas las etapas- respecto de otros oferentes que no fueron adjudicados o que se autoexcluyeron por no cumplir los requisitos exigidos, ya que permitiría que termine siendo concesionario alguien que originalmente no cumplía con todas las condiciones".
Además, el organismo cuestionó la redacción de la cláusula anticorrupción. Según la investigación, el pliego podría permitir reconocer prestaciones al concesionario bajo el argumento del enriquecimiento sin causa, incluso después de verificada una práctica corrupta.
En ese punto, la PIA alertó sobre "la irracionalidad de compensar económicamente al sujeto activo del hecho ilícito cuando su propio accionar irregular es el que origina la nulidad del vínculo contractual".
Los dos grupos involucrados en la licitación son las compañías belgas Jan De Nul, que opera en la Hidrovía desde 1995, y DEME. El proceso también quedó atravesado por cuestionamientos vinculados a la participación de otras firmas internacionales, entre ellas empresas de origen chino que habrían quedado fuera de competencia.
El pliego de Jan De Nul contempla un esquema integral que combina dragado, balizamiento y servicios adicionales. En ese marco, aparecen menciones a actores nacionales con intereses indirectos en el negocio, dado que el modelo contractual permitiría una eventual cesión de la concesión.
Entre los nombres mencionados figuran el Grupo Neuss, el Grupo Román, fundado por el empresario logístico Alfredo Román, y Juan Ondarcuhu, titular del Grupo Servicios Portuarios SA, concesionario de las terminales VI y VII del puerto de Rosario.
La dimensión económica del proceso explica la sensibilidad del expediente. La Hidrovía es una infraestructura clave para la salida de granos, harinas, aceites y otros derivados agroindustriales, sectores que concentran una parte sustancial de las divisas que ingresan al país.
Por eso, cualquier irregularidad en la licitación puede tener impacto directo sobre la logística exportadora, los costos del transporte fluvial, la operatoria portuaria y la competitividad de la Argentina en los mercados internacionales.
El caso también abre un debate sobre el rol del Estado en el control de concesiones estratégicas. La combinación de intereses privados, capitales extranjeros, actores locales y organismos públicos obliga a extremar los mecanismos de transparencia, competencia y acceso a la información.
En el plano político, el dictamen de la PIA generó nuevas repercusiones en el Congreso. El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto de resolución para pedir al Poder Ejecutivo la inmediata suspensión del procedimiento.
La iniciativa también reclama que los pliegos garanticen los principios de transparencia, concurrencia, igualdad, razonabilidad y acceso a la información pública, además de la realización de estudios ambientales integrales y una nueva instancia de participación ciudadana.
Aunque el planteo legislativo suma presión sobre el Gobierno, el eje central del caso permanece en el avance de la investigación judicial y en las observaciones administrativas realizadas por la PIA sobre el proceso licitatorio.
La otra cara del poder.
Noticias sin filtro de Argentina y el mundo. Política, escándalos,
economía, sociedad y redes. Leé lo que otros callan.
©
2026 | Mundo Poder |
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario