17 de mayo de 2026
Abuelas de Plaza de Mayo alertó por el desfinanciamiento del organismo clave para identificar a nietos apropiados durante la dictadura. El juez Alejo Ramos Padilla dictó una cautelar y exigió a Manuel Adorni asignar los recursos necesarios de manera inmediata.
Clave. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) fue fundamental para identificar a 140 nietos recuperados.
La Justicia Federal le ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, luego de que Abuelas de Plaza de Mayo denunciara un ahogo presupuestario que podría derivar en la parálisis del organismo. La medida fue dictada por el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, y apunta directamente a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni.
El BNDG es una herramienta central para la identificación de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar y para la protección del derecho a la identidad. También conserva muestras genéticas vinculadas a causas de lesa humanidad, desaparición de personas y búsquedas familiares.
Abuelas de Plaza de Mayo advirtió que el Banco Nacional de Datos Genéticos enfrenta un riesgo de parálisis si el Ejecutivo no otorga una ampliación del crédito presupuestario necesaria para sostener su normal funcionamiento. En su comunicado, la organización remarcó que se trata de un organismo clave para la restitución de identidad y para investigaciones judiciales sensibles.
La directora del organismo, Mariana Herrera Piñero, informó a la Justicia que la entidad atraviesa una situación crítica de operatividad por falta de presupuesto, ausencia de designaciones en cargos clave y dificultades para sostener servicios indispensables para la conservación del material genético.
El alerta incluye la continuidad de tareas de limpieza, vigilancia, mantenimiento edilicio, refrigeración, climatización, bioseguridad y monitoreo ambiental. Cualquier interrupción en esa cadena puede afectar la preservación de evidencia genética.
El juez Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar para que Manuel Adorni adopte "de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias" para garantizar el funcionamiento del BNDG.
La resolución incluyó la protección del Archivo Nacional de Datos Genéticos, la cadena de custodia de las muestras y las condiciones de seguridad e higiene del organismo. También requirió informes al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, para evaluar una eventual responsabilidad del Poder Ejecutivo por la posible afectación del adecuado servicio de justicia.
Para Ramos Padilla, el Banco Nacional de Datos Genéticos es una "herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos". En ese sentido, sostuvo que la ley 26.548 exige asegurar que sus tareas se desarrollen con normalidad, sin suspensiones ni demoras.
El BNDG conserva más de 1.000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos e hijas apropiados durante la dictadura, además de muestras de hombres y mujeres que dudan de su origen y familiares que buscan a niños y niñas desaparecidos.
En total, el organismo cuenta con alrededor de 32.000 muestras ingresadas, en su mayoría vinculadas con delitos de lesa humanidad e identificación de personas desaparecidas. Para Abuelas, "una falla en su cadena de seguridad generaría un daño irreversible".
La advertencia apunta al corazón de la política pública de memoria, verdad y justicia. Si el organismo deja de funcionar con normalidad, podrían demorarse estudios genéticos, cotejos de ADN, preservación de muestras y respuestas judiciales en causas abiertas.
Además de Abuelas, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, dirigida por el fiscal Pablo Parenti, también había advertido sobre el estado operativo del BNDG.
La presentación judicial se produjo en un contexto de preocupación creciente por la falta de recursos y por la posible afectación de pericias genéticas. Según reportes sobre el fallo, fiscales especializados en derechos humanos reclamaron medidas para evitar que la crisis presupuestaria comprometa la capacidad del organismo de tomar muestras, conservar material biológico y producir resultados en causas judiciales.
El problema no es solo administrativo. La continuidad del BNDG está vinculada con expedientes judiciales todavía abiertos y con el derecho de personas que buscan conocer su identidad.
Según denunció Abuelas, el presupuesto de este año representa apenas el 55,96% del monto solicitado por el BNDG. La organización advirtió que el desfinanciamiento podría generar un daño irreversible en la restitución de nietos y nietas apropiados durante la dictadura y en nuevas búsquedas incorporadas durante los últimos años de ampliación del derecho a la identidad.
El organismo es reconocido a nivel internacional y sirvió como modelo para la creación de otros bancos genéticos en el mundo. Su función combina ciencia, justicia y derechos humanos, con una sensibilidad particular por el tipo de información que resguarda.
La crisis presupuestaria también expone una tensión institucional: mientras la Justicia exige garantizar el funcionamiento del organismo, el Ejecutivo deberá definir si amplía partidas, designa personal y asegura los servicios esenciales para evitar una interrupción.
Abuelas sostuvo que este no es el primer conflicto con el organismo desde la asunción de La Libertad Avanza. Primero, la entidad advirtió sobre los intentos de modificar o disolver el BNDG durante el debate de la Ley Bases. Luego cuestionó el Decreto N° 351/2025, que intentaba intervenir su funcionamiento.
Según la organización, esas medidas fueron revertidas parcialmente, aunque todavía no se habría restituido por completo la plena vigencia de las disposiciones normativas afectadas. En ese marco, Abuelas planteó que, superados esos intentos, ahora el riesgo aparece bajo la forma de una parálisis por falta de presupuesto.
El caso tiene un impacto político e institucional directo para el Gobierno de Javier Milei, porque involucra un organismo emblemático de derechos humanos, la preservación de pruebas genéticas y la continuidad de investigaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad.
La cautelar de Ramos Padilla vuelve a colocar al BNDG en el centro de la agenda pública. No se trata únicamente de una discusión presupuestaria: el funcionamiento del banco incide sobre causas judiciales, búsquedas familiares y procesos de reparación histórica que llevan décadas abiertos en la Argentina.
Para el sistema de derechos humanos, cualquier demora o interrupción puede tener consecuencias difíciles de revertir. En muchos casos, el tiempo es un factor decisivo para localizar familiares, preservar muestras y avanzar en identificaciones.
La decisión judicial obliga ahora al Ejecutivo a garantizar los recursos necesarios. La evolución del caso dependerá de la respuesta de Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Justicia y de los informes requeridos por el juez sobre la situación real del organismo.
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