17 de mayo de 2026
Un informe técnico del Ministerio de Salud presentado ante la Justicia apuntó contra seis empresas proveedoras de insumos médicos. El análisis detectó diferencias de precios, anomalías en expedientes y pagos cuestionados en contratos.
En la mira. Un informe del Ministerio de Salud detectó irregularidades en compras realizadas por la ex Andis.
Un estudio técnico presentado ante la Justicia por el Ministerio de Salud denunció presuntos "desvíos críticos y sobreprecios" en facturas presentadas y pagadas a seis empresas proveedoras de la ex Agencia Nacional de Discapacidad. El análisis oficial revisó 505 expedientes por contratos que superan los $18 mil millones y volvió a poner bajo tensión la administración de fondos destinados a personas con discapacidad en la Argentina.
Según el informe, el monto total de los contratos analizados asciende a $18.368.585.604. Solo dos expedientes mostrarían diferencias de precios por más de $652 millones, una cifra equivalente a casi 1.900 pensiones por discapacidad, tomando como referencia el haber actual de $345.000.
Las diferencias señaladas corresponden a pagos realizados a Farma Salud S.R.L., empresa que, de acuerdo con la cartera que conduce Mario Lugones, presentó facturas por unos $11 mil millones.
Uno de los casos involucra la compra de sistemas de válvulas bicaval transcatéter, con un presupuesto superior en $300,8 millones al valor que el PAMI había pagado a otras empresas por el mismo producto. El otro expediente corresponde a insumos médicos implantables, por los que la ex Andis habría pagado $351,2 millones por encima del valor que Salud estimó como precio de mercado.
El documento también detectó sobreprecios de hasta 4.239% en insumos como sillas de ruedas, válvulas pulmonares autoexpandibles y distintos tipos de prótesis.
Uno de los ejemplos más relevantes del informe apunta a la compra de una endoprótesis aortobílica y una endoprótesis ilíaca bifurcada. Según la presentación, esa adquisición fue adjudicada a Farma Salud S.R.L. por $369.800.000.
El Ministerio de Salud comparó esa operación con un antecedente reciente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que había abonado a Barraca Acher Argentina S.R.L. la suma de $17.850.000 por el mismo insumo.
El informe remarcó que esa diferencia "equivale a un incremento del 1.972%, es decir, más de 19 veces el valor abonado por otro organismo del Estado para el mismo producto".
La comparación expone una brecha difícil de justificar en contrataciones públicas de insumos médicos, especialmente cuando se trata de prestaciones destinadas a personas con discapacidad y pacientes que dependen del sistema estatal para acceder a tratamientos, prótesis o equipamiento.
Los presuntos desvíos críticos involucran a seis compañías proveedoras de la ex Andis: Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugia Y Ortopedia Imnova S.A., BYMAX MEDICAL y Expo Trauma.
De todas ellas, Farma Salud aparece como la firma con mayor participación, con montos superiores a los $11.000 millones. Luego se ubican Ortopedia Bernat S.R.L. y el grupo vinculado Artrobone / Imnova, según el escrito presentado en la causa.
Otro dato sensible es que Farma Salud, señalada como principal beneficiaria de los pagos observados, figura en el sistema Compr.Ar como pendiente de inscripción como proveedora del Estado, de acuerdo con la información relevada en el expediente.
El informe técnico no solo habla de precios. También enumera otras anomalías, como prótesis que nunca habrían llegado a los beneficiarios y domicilios legales inexistentes de algunos proveedores.
Además, el Ministerio de Salud advirtió que todavía hay $4.770 millones pendientes de liquidación dentro del monto total de contratos analizados. Esa situación, según la presentación, abre una instancia para que la administración ejerza un control preventivo antes de completar nuevos pagos.
El documento sostuvo que "Esta situación técnica otorga a la administración la oportunidad de ejercer un control de legalidad preventivo, ya que el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público".
La denuncia aparece en un contexto político sensible. Mientras avanzaba la revisión de pensiones por discapacidad, el Gobierno había insistido en la existencia de presuntos fraudes dentro del sistema de beneficiarios.
El caso más recordado fue la exhibición de una radiografía de un perro por parte de Manuel Adorni, entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, para intentar demostrar irregularidades en la adjudicación de pensiones. Luego se comprobó que la persona vinculada a esa documentación no había sido admitida y nunca llegó a cobrar el beneficio.
El propio Ejecutivo reconoció, en un informe de gestión presentado el 29 de abril, que casi el 99% de las bajas en pensiones ocurridas entre 2024 y 2025 no se debieron a falsificaciones médicas ni a otro tipo de fraude, sino a problemas en las citaciones enviadas a beneficiarios por inconsistencias en los domicilios.
Ese dato cambia el eje de la discusión pública: mientras el discurso oficial apuntó contra los beneficiarios, la documentación presentada por Salud ante la Justicia ubica las sospechas dentro del propio circuito estatal de compras y proveedores.
La investigación también vuelve a colocar bajo la lupa la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que estuvo a cargo de Diego Spagnuolo, amigo y abogado del presidente Javier Milei, y antiguo titular del área.
Según la información disponible, Spagnuolo fue procesado por asociación ilícita, fraude y sobornos. En este marco, las presuntas irregularidades en compras de insumos médicos agregan un nuevo frente judicial e institucional sobre el manejo de recursos públicos vinculados a discapacidad.
El impacto político es directo: el caso involucra fondos sensibles, prestaciones de salud, proveedores privados y organismos estatales encargados de asistir a una de las poblaciones más vulnerables del país.
El informe también se cruza con otro dato relevante: la ejecución presupuestaria destinada a la atención de salud de personas que cobran pensiones no contributivas. Según los datos mencionados, el Gobierno devengó poco más del 10% del presupuesto en casi seis meses del año: $115.648 millones sobre $1,13 billones asignados.
En paralelo, el Estado acumulaba hasta fines de abril una deuda cercana a los $70 mil millones con prestadores de Incluir Salud desde noviembre de 2025.
Desde la Secretaría de Discapacidad señalaron que los pagos de esa deuda se realizan a través del Ministerio de Salud y que se estarían regularizando, aunque sin mayores precisiones.
La denuncia por sobreprecios en la ex Andis puede convertirse en un frente de alto costo político para el Gobierno, porque expone una contradicción entre el recorte y la revisión de pensiones por discapacidad y las presuntas irregularidades detectadas en el circuito de compras públicas.
El caso combina tres elementos de fuerte impacto institucional: fondos destinados a discapacidad, proveedores bajo sospecha y diferencias millonarias en precios frente a otros organismos estatales. Si la investigación judicial avanza, la discusión puede trasladarse al Congreso, a los organismos de control y a nuevas auditorías sobre contrataciones en el sistema de salud.
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