Política. Por 132 votos a favor, el Gobierno aprobó en Diputados la modificación de la ley de zona frías

La Cámara de Diputados aprobó tras once horas de sesión, con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, modificaciones al régimen de Zona Fría, el sistema que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios residenciales en distintas regiones de Argentina. La discusión se dio en medio del ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei y en un contexto de fuerte aumento de tarifas y reducción de subsidios energéticos.

Qué se debatió en Diputados sobre la Zona Fría y las tarifas de gas

El eje de la sesión pasó por redefinir el alcance del régimen de Zona Fría, que actualmente beneficia a millones de hogares con descuentos en las boletas de gas. Legisladores de la UCR, el MID, Innovación Federal, y el PRO entre otros bloques respaldaron el proyecto, mientras que los legisladores del kirchnerismo y de la Izquierda votaron en contra.

La sesión especial comenzó a sólo minutos de darse por caída, luego de conseguir el quórum necesario, gracias a la presencia de los legisladores que responden al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, y al salteño, Gustavo Sáenz.

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A pesar del resultado positivo, durante el inicio de la sesión el Gobierno estuvo a minutos de no lograr el quórum necesario para debatir la modificación.

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Quiénes están involucrados en el debate por la Zona Fría en Argentina

El régimen de Zona Fría beneficia actualmente a usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, entre otras. La ley contempla descuentos que pueden llegar hasta el 50% en las facturas de gas para determinados sectores sociales.

Desde sectores de la oposición sostienen que una eventual reducción del beneficio impacta directamente sobre el bolsillo de las familias en medio de la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo. En cambio, desde el oficialismo y sectores liberales plantean que el sistema necesita una revisión por el peso que representa sobre las cuentas públicas.

La discusión también involucra a empresas distribuidoras de gas, gobernadores provinciales y asociaciones de consumidores que siguen de cerca el tratamiento legislativo del expediente, que próximamente se discutirá en el Senado, por el impacto que podría tener en las próximas facturas de invierno.

El impacto político y económico del régimen de Zona Fría

El debate en Diputados se produce en un momento sensible para el Gobierno de Javier Milei, que enfrenta reclamos por el aumento de tarifas de servicios públicos y la caída del consumo. La política energética se convirtió en uno de los pilares del programa económico libertario orientado al equilibrio fiscal.

La redefinición del régimen podría modificar el esquema de subsidios que rige desde hace años en Argentina y abrir un nuevo conflicto político entre la Casa Rosada y gobernadores de provincias afectadas por las bajas temperaturas.

Además, el tratamiento parlamentario ocurre mientras el Ejecutivo busca sostener su plan de ajuste frente a organismos internacionales y mercados financieros, que siguen de cerca la reducción del déficit fiscal y del gasto estatal.

Antecedentes del conflicto por las tarifas de gas y la Zona Fría

El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de incorporar más municipios y extender descuentos tarifarios a nuevos usuarios residenciales.

Desde entonces, distintos sectores cuestionaron la sustentabilidad fiscal del sistema y el criterio utilizado para incluir determinadas regiones. La discusión volvió a tomar fuerza con la llegada de Javier Milei a la Presidencia y la decisión del Gobierno nacional de avanzar con una quita gradual de subsidios energéticos.

En paralelo, las tarifas de gas registraron fuertes aumentos durante los últimos meses, lo que incrementó la preocupación de usuarios y organizaciones sociales ante la llegada del invierno.

La discusión sobre la Zona Fría excede el debate técnico sobre subsidios y tarifas. En términos políticos, se transformó en una pulseada entre el ajuste fiscal promovido por el Gobierno nacional y la presión de provincias y bloques opositores que buscan amortiguar el impacto social del aumento del gas. El resultado de la sesión podría convertirse en una señal clave sobre la capacidad del oficialismo para sostener su política energética en el Congreso argentino.