24 de mayo de 2026
El proyecto cumplió un mes en la Cámara alta sin avances concretos. La iniciativa combina eliminación de las PASO, cambios en partidos políticos, financiamiento electoral y Ficha Limpia, pero suma dudas entre aliados y opositores.
La reforma electoral de Javier Milei quedó atrapada en el Senado a un mes de haber ingresado al Congreso. El proyecto del Gobierno propone eliminar las PASO y avanzar con una serie de cambios profundos en el sistema político, pero las negociaciones no logran destrabarse y crece la sospecha de que la Casa Rosada podría dejar correr los tiempos antes que asumir el costo de una votación incierta.
La iniciativa aparece dividida en tres grandes ejes: la derogación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, modificaciones sobre financiamiento y estructura de los partidos políticos, y la inclusión de Ficha Limpia, uno de los temas más sensibles para el oficialismo y para la oposición.
El punto más fuerte del proyecto es la intención de eliminar las PASO. El antecedente inmediato es la suspensión de las primarias en 2025, aprobada por un Congreso que ya era adverso para el oficialismo. Sin embargo, una suspensión circunstancial no garantiza que exista consenso para una derogación definitiva.
En el Senado, varios bloques advierten que la discusión no afecta solo a la oposición, sino también a La Libertad Avanza. Algunos legisladores señalan que una interna abierta podría ordenar candidaturas dentro del propio oficialismo de cara a 2027, especialmente si conviven distintas figuras con ambiciones nacionales o provinciales.
Esa lectura explica parte de las dudas. Para sectores dialoguistas, el Gobierno empuja públicamente la eliminación de las PASO, pero no termina de construir las condiciones políticas para que la ley avance. Un senador citado por Infobae resumió esa sospecha con una frase contundente: "Por lo que vi estas semanas, te puedo decir que ellos no tienen ninguna intención que avance la ley".

El otro punto explosivo es Ficha Limpia. El tema ya había fracasado en el Senado en 2025, cuando no alcanzó la mayoría absoluta de 37 votos requerida por tratarse de una cuestión electoral. Ahora, el Gobierno decidió atar esa discusión al resto de la reforma política, lo que eleva el nivel de dificultad parlamentaria.
En las últimas semanas se evaluó la posibilidad de separar el tratamiento, pero desde la Casa Rosada bajó la orden de mantener todo junto o, en todo caso, dictaminar ambos textos el mismo día. Esa estrategia genera inquietud entre aliados, que ven en el paquete completo una ley difícil de defender y todavía más difícil de aprobar.
El problema es doble. Por un lado, Ficha Limpia necesita una mayoría exigente. Por el otro, el contenido específico todavía mantiene zonas abiertas: si alcanzará solo a cargos electivos o también a cargos de gobierno, qué delitos quedarán incluidos y en qué instancia procesal se activará la prohibición para competir.
La reforma no se limita a las PASO y a Ficha Limpia. También incluye cambios en el régimen de partidos políticos, avales, financiamiento electoral, "lista completa" en la Boleta Única de Papel y la eventual unificación de comicios presidenciales y locales.
Ese volumen de temas explica por qué distintos senadores consideran que el proyecto requiere más reuniones de comisión y una ronda amplia de expositores. Hasta ahora, la comisión de Asuntos Constitucionales tuvo un movimiento limitado y, según la información parlamentaria conocida, la discusión quedó prácticamente en pausa.
Para los bloques dialoguistas, el paquete llegó con demasiados frentes abiertos y sin un orden claro de prioridades. En ese contexto, la reforma corre el riesgo de transformarse en una negociación interminable o en una herramienta para marcar agenda sin llegar al recinto.
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El tratamiento de la reforma también se cruza con la interna libertaria. En la Cámara alta, Patricia Bullrich aparece como jefa del bloque oficialista y figura clave para intentar ordenar votos. Sin embargo, el oficialismo sigue lejos de contar con una mayoría propia y depende de aliados que no quieren cargar solos con el costo político de la iniciativa.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, también queda en el centro del tablero institucional. Aunque el proyecto depende de la estrategia legislativa del Gobierno, cualquier sesión de alto voltaje puede volver a exponer tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y con la Casa Rosada.
El escenario es delicado porque nadie quiere romper el clima de negociación, pero tampoco quedar pegado a una derrota parlamentaria. La discusión electoral exige mayorías especiales, acuerdos finos y una decisión política que, por ahora, no aparece consolidada.
La reforma electoral llega en un año sin elecciones nacionales inmediatas, sin presión de cierre de listas y con margen formal para debatir. En teoría, ese contexto debería favorecer una discusión más ordenada. Pero la combinación de PASO, Ficha Limpia, partidos políticos y financiamiento convirtió el proyecto en una negociación de alto riesgo.
Para el Gobierno, el dilema es evidente. Si fuerza el tratamiento sin votos, puede sufrir una derrota en el Senado. Si demora indefinidamente, alimenta la sospecha de que el proyecto fue más una señal política que una prioridad legislativa real.
El impacto va más allá de una ley puntual. La forma en que Milei gestione esta reforma será una prueba de capacidad parlamentaria, especialmente después de meses de tensiones con gobernadores, bloques dialoguistas y sectores internos del propio oficialismo.
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