24 de mayo de 2026
El Poder Ejecutivo envió un proyecto al Senado para eliminar la norma de alimentación saludable. La iniciativa apunta contra los octógonos negros, las restricciones publicitarias y el esquema vigente de advertencias nutricionales.
Octógonos negros. La iniciativa refuerza la agenda desreguladora de Milei y abre una discusión sensible entre salud pública, industria alimenticia y derechos del consumidor.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para derogar por completo la Ley de Etiquetado Frontal, oficialmente llamada Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642. La iniciativa ingresó al Senado y lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones.
La propuesta busca eliminar el sistema vigente de octógonos negros en alimentos y bebidas, junto con las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en envases. El Ejecutivo pidió el "pronto tratamiento y sanción" del texto para avanzar hacia un esquema que considera "técnicamente más consistente, uniforme y adaptable".
El proyecto oficial propone la derogación total de la Ley 27.642. De aprobarse, la eliminación entraría en vigencia desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
La medida implicaría quitar los sellos de advertencia que actualmente identifican productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. También caería el régimen que limita determinadas estrategias de marketing, como el uso de personajes infantiles o promociones dirigidas a niños en productos alcanzados por la norma.
La Casa Rosada argumenta que la aplicación de la ley, basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud, mostró "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas" que justificarían su eliminación total.
Uno de los ejes del proyecto es el cuestionamiento al sistema que el Ejecutivo define como "binario". Según la argumentación oficial, el modelo actual clasifica los productos entre aquellos que tienen o no tienen advertencias, sin contemplar porciones reales consumidas, densidad nutricional o diferencias entre matrices alimentarias.
Para el Gobierno, esa metodología genera situaciones inconsistentes en las que alimentos tradicionales o considerados saludables pueden recibir advertencias similares a las de productos ultraprocesados. La Casa Rosada sostiene que eso provoca "interpretaciones simplificadas o poco precisas" y puede confundir al consumidor.
Otro punto señalado es la falta de incentivos para que la industria realice mejoras graduales. El Ejecutivo afirma que, bajo el esquema vigente, una empresa que reduce parcialmente azúcares, sodio o grasas dentro de una categoría no recibe un reconocimiento visible si el producto continúa alcanzado por el sello de advertencia.
El texto enviado al Congreso también apunta a los costos de implementación para la industria alimenticia. Según el Gobierno, la falta de armonización regional dentro del Mercosur obliga a fabricar envases diferenciados para la Argentina, lo que genera trabas operativas y mayores costos.
La Casa Rosada advierte que este esquema afecta especialmente a las PyMEs, porque enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más altos que las grandes compañías. En la mirada oficial, esa situación podría favorecer una mayor concentración del mercado.
La iniciativa también cuestiona la rigidez de la ley vigente. El Ejecutivo sostiene que muchos aspectos técnicos quedaron incorporados directamente en el texto legal, lo que dificultaría adaptar el sistema a nuevos consensos científicos internacionales o a eventuales actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina.
El Gobierno aclaró que la derogación del etiquetado frontal no eliminaría las obligaciones de información nutricional en alimentos envasados. Según el proyecto, la declaración de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuaría vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur.
También seguirían aplicándose las normas de lealtad comercial y defensa del consumidor. Ese punto busca responder a una de las críticas previsibles: que la eliminación de los octógonos reduzca la información disponible para quienes compran alimentos y bebidas.
El debate, sin embargo, promete ser intenso. Para el oficialismo, el sistema actual es excesivamente rígido y genera distorsiones. Para sectores sanitarios y organizaciones de consumidores, el etiquetado frontal fue una herramienta clave para advertir de manera rápida sobre productos con exceso de nutrientes críticos.
El envío del proyecto abre un nuevo frente legislativo para el Gobierno. La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada con amplio debate parlamentario y su eventual derogación obligará al oficialismo a reunir apoyos en el Senado y luego en Diputados.
La discusión combina salud pública, libertad de mercado, costos empresariales, derechos del consumidor y política alimentaria. En un contexto en el que Milei impulsa una agenda de desregulación, la propuesta encaja con la lógica oficial de remover normas que considera obstáculos para la actividad privada.
El impacto político también puede ser alto. La derogación de los octógonos negros afecta una política pública conocida por los consumidores y visible en góndolas de todo el país. Por eso, el debate no quedará limitado a técnicos, empresas y legisladores: también puede instalarse en hogares, escuelas, supermercados y organizaciones de salud.
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