25 de mayo de 2026
Manifestantes liderados por la COB avanzaron sobre el centro político de la sede de gobierno y se enfrentaron con efectivos policiales. Rodrigo Paz pidió diálogo, advirtió que hará respetar la Constitución y anunció un recorte salarial del 50% para el Ejecutivo.
Tensión. La protesta ya combina reclamos sindicales, crisis política y presión territorial, con bloqueos que afectan rutas, transporte y abastecimiento.
La crisis política y social en Bolivia volvió a escalar este lunes con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en el centro de La Paz. Las protestas, impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores movilizados, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y mantienen bloqueos en distintas regiones del país.
Los incidentes se produjeron después del ingreso de marchas provenientes de El Alto, Pampahasi y la zona Sur paceña. Durante los disturbios se reportaron detonaciones de petardos y cartuchos de dinamita, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para intentar contener el avance de las columnas sobre el centro político de la sede de gobierno.
La jornada estuvo marcada por bloqueos, falta de transporte público y escasez de combustible en la capital administrativa boliviana. De acuerdo con los reportes locales citados por Noticias Argentinas, la cuarta semana del conflicto comenzó con más de 50 cortes de ruta en La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.
El Comando Departamental de La Paz había advertido horas antes sobre la presencia de personas con pasamontañas, palos y posibles explosivos dentro de las marchas. Esa alerta anticipó una jornada de alta tensión, con columnas que intentaron llegar a zonas sensibles del poder político.
Las organizaciones movilizadas denunciaron represión y cuestionaron la presencia policial en las calles. El Gobierno, en cambio, insistió en la necesidad de abrir negociaciones para desactivar un conflicto que ya lleva varias semanas y empieza a impactar de lleno en la circulación, el abastecimiento y la actividad cotidiana.
La Central Obrera Boliviana, junto con campesinos y organizaciones vecinales, ratificó su pedido de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz. Los dirigentes de la movilización también plantearon condiciones para sentarse a dialogar con el Gobierno.
Entre esos requisitos figura la anulación de órdenes de aprehensión emitidas contra referentes de la COB, incluido Mario Argollo, quien se declaró en la clandestinidad. Ese punto trabó los intentos de acercamiento y profundizó la desconfianza entre los sectores movilizados y la administración nacional.
El conflicto abre un escenario delicado para Bolivia. A la tensión política se suma el impacto económico de los bloqueos, que afecta rutas estratégicas, transporte de mercadería, acceso a combustible y funcionamiento de servicios básicos.
En paralelo a los incidentes, Rodrigo Paz volvió a convocar al diálogo, pero endureció el tono frente a los sectores que rechazan una negociación. "Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución", dijo el mandatario en Sucre.
Paz también anunció una reducción del 50% en su salario y en el de los miembros del Poder Ejecutivo como señal de austeridad en medio de la crisis. "Este gobierno asumió la decisión de rebajarse el salario del 50%", afirmó.
El Presidente sostuvo que Bolivia atraviesa un proceso de transformación política y habló de un "parto doloroso pero necesario" para dejar atrás estructuras vinculadas al poder concentrado en un solo partido político. Además, recordó que este miércoles se instalará el Consejo Económico Social, al que convocó a organizaciones de Chuquisaca.
La escalada en La Paz expone la fragilidad del escenario boliviano. Las protestas ya no se limitan a una demanda sectorial, sino que combinan reclamos políticos, presión callejera, bloqueos territoriales y una disputa abierta por la legitimidad del Gobierno.
Para Paz, el desafío inmediato será evitar que la violencia se extienda y lograr que la convocatoria al diálogo tenga interlocutores con capacidad real de descomprimir la calle. Si las órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales siguen como punto de bloqueo, la negociación puede quedar paralizada.
El riesgo para Bolivia es que la crisis derive en un círculo de más protestas, más represión y mayor parálisis económica. En ese escenario, la estabilidad institucional dependerá tanto de la respuesta del Gobierno como de la capacidad de la COB y otros sectores movilizados para sostener una salida política sin profundizar la confrontación.
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