27 de mayo de 2026
Ahora el gobierno podrá declarar estados de excepción y desplegar a las FFAA para reprimir bloqueos y manifestaciones sociales, sin los límites que existían hasta ahora. El país vive desde hace semanas una fuerte ola de protestas de mineros, campesinos, la COB y sectores vecinales que exigen la renuncia de Paz y rechazan su política económica. La medida genera fuerte polémica: mientras el oficialismo habla de "restablecer el orden", sectores de oposición y DDHH alertan sobre el riesgo de militarización de las calles.
Bolivia enfrenta desde inicios de mayo de 2026 una ola de protestas y bloqueos de carreteras impulsados por sindicatos mineros, campesinos, la COB, organizaciones vecinales y otros sectores.
El
Congreso de Bolivia (Cámara de Diputados) aprobó este martes 26 de mayo una ley
que elimina restricciones previas y habilita al presidente Rodrigo Paz a
declarar un estado de excepción y usar las Fuerzas Armadas en conflictos
internos, como las protestas sociales en curso.
La
medida abroga la Ley 1341 (de 2020), que limitaba el uso de militares en
situaciones de protesta y estados de excepción (por ejemplo, solo como apoyo a
la Policía si esta se veía superada, con plazos y controles).
Fue
aprobada con más de dos tercios de los votos en Diputados (tras pasar por el
Senado), en sesión virtual con 117 diputados presentes.
Paz ya promulgó la ley (como Ley 1731 o similar) el 27 de mayo, según reportes.
El gobierno argumenta que la norma busca restablecer el orden y evitar mayores daños.
Esto le da al Ejecutivo más margen para restringir libertades (movilidad, reunión) y desplegar militares ante bloqueos y manifestaciones.
Bolivia enfrenta desde inicios de mayo de 2026 una ola de protestas y bloqueos de carreteras impulsados por sindicatos mineros, campesinos, la COB, organizaciones vecinales y otros sectores. Exigen la renuncia de Paz (en el poder desde noviembre 2025), rechazan su política económica (suba de combustibles, salarios estancados, crisis económica) y generan escasez de suministros.
El
gobierno argumenta que la norma busca restablecer el orden y evitar mayores
daños. Críticos y defensores de DDHH ven riesgo de represión militar,
recordando tensiones históricas en Bolivia con intervenciones de las FFAA en
protestas.
No
se ha declarado aún un estado de excepción pleno, pero la vía legal ya está
abierta.
La
situación sigue tensa, con llamados al diálogo y operativos
policiales/militares en algunas rutas.
La otra cara del poder.
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