Política. Etiquetado frontal en la mira: Por qué el Gobierno quiere borrarlo

El Gobierno de Javier Milei impulsa la derogación total de la Ley de Etiquetado Frontal (Ley 27.642 de 2021), que obliga a colocar octógonos negros en los envases de alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas/totales o calorías.

El proyecto ingresó recientemente al Senado (donde la ley original se aprobó casi por unanimidad) y hay iniciativas similares en Diputados. No propone modificaciones, sino eliminar directamente el sistema de advertencias frontales.

Principales argumentos del Gobierno para eliminarla

Según los fundamentos del proyecto del Ejecutivo y declaraciones de legisladores oficialistas (como Daiana Fernández Molero):

• Confusión para el consumidor: El perfil nutricional adoptado (basado en criterios de la OPS) hace que alrededor del 85% de los productos en góndola lleve al menos un octógono. Cuando "todo tiene sello", pierde efectividad y se convierte en "parte del paisaje" en lugar de una herramienta útil. No distingue bien entre productos tradicionales y ultraprocesados.

• Falta de incentivos para mejorar productos: Es muy difícil que las industrias reformulen sus fórmulas para quitar los sellos, por lo que no promueve productos más saludables en el mercado.

• Carga regulatoria, operativa y económica: Genera costos adicionales para las empresas (especialmente PyMEs), dificultades operativas y limitaciones a estrategias comerciales y publicidad lícitas. El Gobierno busca desregular y reducir trabas burocráticas.

• Armonización regional y comercio: La norma no se alinea con las del MERCOSUR ni con el etiquetado nutricional posterior obligatorio. Se ve como un obstáculo para exportaciones y el comercio regional. Argentina ya tiene información nutricional en el dorso de los envases, que se considera suficiente junto con las normas de protección al consumidor.

En resumen, el oficialismo argumenta que la ley genera más problemas que soluciones y que un sistema menos intervencionista (con info nutricional estándar) sería mejor.

Cabe recordar que la ley se aprobó en 2021 para promover la alimentación saludable, advertir sobre riesgos de obesidad y enfermedades no transmisibles, y regular publicidad (sobre todo dirigida a niños) y entornos escolares.

Organizaciones de salud, nutricionistas, UNICEF y más de 300 entidades la defienden por su evidencia científica y piden mantenerla o mejorarla, no eliminarla.

La medida genera fuerte polémica: defensores de la salud pública la ven como un retroceso, mientras que el Gobierno y sectores productivos la consideran una desregulación necesaria. Su aprobación en el Congreso dependerá de aliados y gobernadores, ya que La Libertad Avanza no tiene mayoría.

El debate está abierto y reciente (mayo 2026), por lo que puede haber novedades en las próximas semanas.