País. La provincia de Buenos Aires investiga a Mercado Libre y podría multarla con $1.815 millones

El Gobierno bonaerense imputó a Mercado Libre por la presunta inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión con usuarios. La investigación fue impulsada por el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Augusto Costa, y podría derivar en una multa de hasta $1.815 millones si la empresa no modifica los puntos observados.

La medida alcanza a la compañía fundada por Marcos Galperin y se da en medio de una creciente discusión sobre el poder de las plataformas digitales, los derechos de los consumidores y el alcance regulatorio de los gobiernos provinciales. Según la información oficial, la Provincia también recibió 2.396 denuncias individuales contra Mercado Libre durante los primeros cuatro meses del año.

Qué investiga la Provincia sobre Mercado Libre

La actuación fue iniciada de oficio por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores bonaerense. El análisis abarcó las condiciones generales de uso del ecosistema MELI, los términos y condiciones de préstamos personales y los contratos vinculados a préstamos para compras y pagos de Mercado Pago.

De acuerdo con el Ministerio de Producción, la fiscalización detectó más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y normativa complementaria. Para la autoridad de aplicación, esas condiciones podrían configurar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor.

La Provincia sostuvo que Mercado Libre es la empresa con más reclamos en territorio bonaerense y remarcó que la investigación no depende únicamente de denuncias particulares, sino de una fiscalización administrativa sobre los contratos publicados por la compañía.

Las cláusulas observadas en los contratos de Mercado Libre

Entre los puntos cuestionados aparecen la indeterminación en el cobro de tarifas, la aceptación tácita de modificaciones contractuales, el traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuentas y la compensación entre cuentas.

También se señalaron cláusulas de indemnidad a favor del proveedor, exoneración de responsabilidad por fallas técnicas en productos vendidos, débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, caducidad automática de plazos por incumplimientos futuros indeterminados, exención anticipada de responsabilidad y fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor.

El eje jurídico del expediente se apoya en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que considera abusivas aquellas cláusulas que desnaturalizan obligaciones, limitan la responsabilidad por daños o implican renuncias de derechos por parte de los usuarios.

La multa que podría aplicar el gobierno de Axel Kicillof

Mercado Libre tiene ahora un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito y acreditar personería y domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata. Además, puede formular una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas.

Si la empresa acepta modificar los contratos cuestionados, el expediente podría cerrarse. En cambio, si no presenta cambios o el descargo no resulta suficiente para la autoridad provincial, el gobierno de Axel Kicillof podría avanzar con una sanción de hasta $1.815.000.000.

La eventual multa tendría un fuerte impacto político y económico. No solo por el monto, sino porque involucraría a la principal plataforma de comercio electrónico del país en una disputa directa con la administración bonaerense.

La respuesta de Mercado Libre

Desde Mercado Libre rechazaron las acusaciones y remarcaron que la imputación corresponde a una instancia inicial de revisión administrativa. La empresa sostuvo que el trámite "no implica sanción alguna" y que no surge de reclamos concretos de usuarios afectados.

La compañía también anticipó que presentará su descargo en tiempo y forma. "Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias", señalaron fuentes de la firma.

En la misma línea, Mercado Libre defendió sus mecanismos de atención y resolución de conflictos. La empresa aseguró que millones de personas usan sus plataformas todos los días, que el nivel de reclamos es bajo en relación con el volumen de operaciones y que sus términos y condiciones son "claros, transparentes y alineados con la normativa vigente".

Un nuevo frente para Mercado Libre y Mercado Pago

La investigación bonaerense se suma a otros conflictos regulatorios que involucran a Mercado Libre y Mercado Pago. En paralelo, la compañía mantiene una disputa con Modo, la billetera virtual de los bancos, por presuntas prácticas anticompetitivas en el ecosistema de pagos digitales.

La Autoridad Nacional de la Competencia abrió un sumario contra Mercado Libre en marzo por denuncias vinculadas a la supuesta obligación de usar Mercado Pago dentro del marketplace, la imposibilidad de operar con otras billeteras y restricciones para que los comercios cobren con medios distintos. La empresa, a su vez, denunció a Modo por presunta cartelización y prácticas coordinadas contra las fintech.

El caso bonaerense abre una discusión más amplia sobre el poder contractual de las plataformas digitales. Cuando una empresa concentra comercio electrónico, medios de pago, créditos y logística, los términos de uso dejan de ser una formalidad y pasan a tener impacto directo sobre millones de consumidores.

Para la Provincia, el expediente busca reforzar la protección de los usuarios frente a contratos extensos, complejos y de aceptación obligatoria. Para Mercado Libre, se trata de una instancia administrativa inicial en la que buscará defender la legalidad de su modelo operativo.