29 de mayo de 2026
Fiscales y jueces del fuero comercial analizan cientos de demandas iniciadas contra clientes morosos. En algunos expedientes, los montos reclamados triplican o cuadruplican los límites originales de los plásticos.
La Justicia investiga las tasas que cobra Banco Santander por deudas de tarjetas de crédito en cientos de ejecuciones iniciadas contra clientes con saldos impagos. El foco está puesto en los intereses, las refinanciaciones automáticas y el crecimiento de montos reclamados que, en algunos casos, superan ampliamente los límites de compra autorizados por la propia entidad financiera.
La revisión judicial se produce en un contexto de fuerte deterioro del crédito familiar en la Argentina, con mayores dificultades para afrontar pagos mínimos, cuotas y préstamos personales. El problema ya no se limita a la morosidad: los expedientes abren una discusión sobre sobreendeudamiento, intereses acumulados y obligaciones de los bancos frente a sus clientes.
En el fuero comercial nacional se acumulan procesos ejecutivos impulsados por entidades financieras para cobrar saldos impagos de tarjetas. Santander aparece como uno de los bancos con mayor volumen de presentaciones contra clientes en mora.
Un camarista explicó que estos procesos suelen avanzar con rapidez porque muchos usuarios no se presentan en la etapa previa. "Los resúmenes de la tarjeta no son títulos ejecutivos, sino que hay que validarlos previamente mediante un proceso que se llama preparación de la vía ejecutiva, pero la gente no se presenta en esa instancia y ahí es donde los bancos obtienen los juicios ejecutivos", sostuvo.
La ausencia del consumidor puede tener consecuencias relevantes. Una vez habilitada la vía ejecutiva, el banco queda en mejores condiciones procesales para reclamar el pago de una deuda que ya incorpora intereses, refinanciaciones y otros cargos acumulados.

Uno de los puntos observados es el crecimiento de las sumas reclamadas en relación con los topes originalmente autorizados. Un fiscal advirtió que Santander inició cientos de ejecuciones por saldos adeudados y que, en numerosos casos, los montos superan en un 300% los límites aprobados por el propio banco.
Según el funcionario judicial, el análisis de las causas mostraría una perforación sistemática del límite de compra. "En la totalidad de los casos analizados, el banco demanda saldos que lo duplican, triplican y hasta quintuplican", afirmó.
El cuestionamiento apunta a que el límite de crédito debería funcionar como un mecanismo de seguridad financiera. Sin embargo, en los expedientes bajo análisis aparecen pagos mínimos y saldos acumulados que continúan creciendo pese a haber superado ese umbral.
Dos expedientes concentran parte de la atención judicial. En la causa 4923/2026, que tramita ante el Juzgado Comercial N° 16, se analizan intereses compensatorios de hasta 160% anual. La usuaria tenía un límite conjunto de $6.110.200 en tarjetas Visa y American Express, pero el banco reclama $22.025.652,62, más del triple.
En el expediente 10316/2026, radicado en el Juzgado Comercial N° 19, las refinanciaciones alcanzaron una tasa de 223,31% anual. El cliente contaba con un límite global de $15.250.000, pero la suma reclamada llegó a $56.157.422,31, casi cuatro veces más.
La Justicia también analiza el impacto de los planes de refinanciación aplicados sobre saldos impagos, como los mecanismos vinculados a Visa y American Express. El punto central es determinar si existió anatocismo, es decir, cobro de intereses sobre intereses, y si ese esquema profundizó el endeudamiento de los clientes.
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Otro aspecto bajo revisión está relacionado con operaciones realizadas mediante plataformas digitales. En algunos casos, se habría detectado la autorización de transacciones consecutivas y atípicas a través de Mercado Pago, que habrían incrementado saldos en períodos breves.
Fuentes judiciales cuestionaron que la entidad financiera pudiera haber permitido operaciones masivas sin activar alertas suficientes ni aplicar mecanismos preventivos de evaluación de riesgo. La discusión apunta a establecer si el banco cumplió con su deber de advertencia frente a movimientos inusuales y con su responsabilidad de evitar un sobreendeudamiento creciente.
Hasta el momento, las observaciones forman parte de expedientes judiciales en trámite. No implican una sentencia definitiva contra Santander, pero abren un frente sensible para la entidad por el alcance potencial de las ejecuciones y por el impacto que podría tener una revisión más amplia de sus mecanismos de refinanciación.
El CEO de Santander Argentina, Alejandro Butti, reconoció durante la conferencia Inside Argentina 2026 que la mora aumentó en el sistema financiero. El ejecutivo explicó que, cuando los bancos prestaban a tasa fija y la inflación alcanzaba tres dígitos, las cuotas se licuaban con mayor rapidez.
Butti sostuvo: "Hoy estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable". También señaló que el deterioro se concentra especialmente en personas con consumos de tarjetas de crédito o préstamos personales.
El planteo abre una discusión económica de fondo. La normalización de las tasas reales puede fortalecer el sistema financiero, pero también expone la fragilidad de hogares cuyos salarios crecieron por debajo de los costos de financiamiento y que recurrieron al crédito para cubrir gastos cotidianos.
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El caso Santander se inscribe en una tendencia más amplia. La mora con tarjetas se convirtió en una señal de alerta para todo el sistema financiero argentino, en medio de una caída del consumo y mayores dificultades para sostener pagos mensuales.
El Banco Nación comenzó a promocionar una línea de crédito para consolidar deudas con una tasa nominal anual del 65%, una señal de que el problema ya excede a una entidad puntual y alcanza a una parte relevante de los usuarios del sistema.
El impacto puede ser doble. Para los bancos, una suba sostenida de la mora obliga a revisar criterios de riesgo y mecanismos de refinanciación. Para las familias, la acumulación de pagos mínimos e intereses puede transformar una deuda manejable en una obligación difícil de cancelar.
La investigación judicial sobre Santander puede convertirse en un antecedente relevante si los tribunales avanzan sobre la validez de los montos reclamados, las tasas aplicadas y el rol preventivo que deben asumir las entidades financieras frente al endeudamiento de sus clientes.
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