1 de junio de 2026
Un informe difundido por el diputado Guillermo Michel calculó el impacto tributario de los primeros proyectos aprobados. El Gobierno sostiene que sin incentivos gran parte de esas inversiones no llegaría a la Argentina.
Desafío. El Gobierno de Javier Milei deberá demostrar que las exenciones del RIGI generan inversiones adicionales y no beneficios fiscales para proyectos que igualmente habrían avanzado.
Los primeros proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implicarían una resignación fiscal de USD 1.837 millones al año, de acuerdo con una estimación difundida por el diputado nacional Guillermo Michel. El cálculo equivale a 0,27 puntos del PBI y vuelve a abrir la discusión sobre el costo tributario de la estrategia impulsada por el Gobierno de Javier Milei para atraer capitales de gran escala.
La proyección se realizó sobre los primeros 13 proyectos aprobados, que reúnen USD 27.210 millones en inversiones. Sin embargo, el total de iniciativas validadas ya llegó a 15, por lo que el impacto nominal podría ser mayor. El debate aparece en un contexto sensible para las cuentas públicas: el oficialismo busca sostener el superávit fiscal, mientras impulsa nuevos beneficios mediante el denominado Súper RIGI.
La estimación fue elaborada por Guillermo Michel, actual diputado nacional y ex director general de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Según el informe, las exenciones impositivas otorgadas a los proyectos ya aprobados representarían una pérdida anual equivalente a 0,27 puntos porcentuales del PBI.
La cifra alcanza los USD 1.837 millones por año en impuestos que el Estado dejaría de cobrar. El cálculo todavía no incorpora los últimos dos proyectos aprobados, que elevaron el número total de iniciativas validadas dentro del RIGI de 13 a 15.
El informe también proyecta que, por cada USD 100.000 millones de inversión, el gasto tributario asociado al régimen podría alcanzar un punto del PBI. Ese dato expone la magnitud de los incentivos fiscales ofrecidos por el Ejecutivo para captar proyectos de gran escala en sectores estratégicos.
Los 13 proyectos analizados por Michel reúnen una inversión total estimada en USD 27.210 millones. Según las proyecciones incorporadas al relevamiento, podrían generar 36.873 puestos de trabajo y exportaciones por USD 21.006 millones.
Entre las iniciativas de mayor volumen aparece el proyecto de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy, con una inversión de USD 15.156 millones. También se destacan Vaca Muerta Sur, el consorcio liderado por YPF, con USD 2.900 millones, y el proyecto Rincón de Río Tinto, con USD 2.744 millones.
La minería ocupa otro lugar relevante dentro del esquema. El proyecto Los Azules, de McEwen Copper, contempla USD 2.672 millones, mientras que Diablillos, de AbraSilver, prevé una inversión de USD 764 millones.
El peso de los sectores energético y minero no es casual. El RIGI fue diseñado para facilitar inversiones con horizontes largos, altos costos iniciales y capacidad exportadora. La discusión pasa por determinar si los beneficios fiscales son indispensables para destrabar esos proyectos o si parte de las inversiones avanzaría de todos modos.
La consultora Paspartú cuestionó que algunos proyectos petroleros reciban incentivos aun cuando podrían resultar rentables sin necesidad de ingresar al RIGI. El planteo apunta especialmente a desarrollos en Vaca Muerta, un sector dinámico, exportador y con infraestructura asociada ya incorporada al régimen.
Según esa mirada, el principal riesgo es otorgar exenciones fiscales a inversiones que se concretarían incluso sin beneficios extraordinarios. También se cuestionó la ausencia de topes por Vehículo de Propósito Único, la estructura jurídica utilizada para inscribir proyectos dentro del régimen, frente a futuras ampliaciones.
El argumento del Gobierno de Javier Milei es distinto. La Casa Rosada sostiene que sin un marco de previsibilidad, estabilidad regulatoria e incentivos fiscales, muchas inversiones no llegarían a la Argentina. Desde esa perspectiva, no correspondería computar como pérdida ingresos tributarios que tampoco existirían si los proyectos no se radicaran en el país.
La discusión cobra mayor relevancia por el avance del Súper RIGI, una iniciativa que busca extender los beneficios a nuevas industrias con desarrollo incipiente, experimental o todavía inexistente en la Argentina.
El esquema contempla incentivos adicionales, entre ellos una reducción del impuesto a las Ganancias al 15% y de las contribuciones patronales al 10%. Si se aplicaran los mismos supuestos utilizados para analizar el régimen actual, el gasto tributario proyectado podría crecer hasta 1,27 puntos del PBI, según la estimación difundida por Michel.
La extrapolación equivaldría a una resignación adicional cercana a USD 8.640 millones anuales, aunque el informe no precisa esa cifra de manera explícita. Se trata de una proyección potencial y no de un costo fiscal ya concretado.
Entre las actividades alcanzadas aparecen la industrialización del litio, la fabricación de baterías, el hidrógeno verde, el GNL onshore, los reactores nucleares modulares, los paneles solares, las turbinas eólicas, los vehículos eléctricos, la petroquímica, la industria aeroespacial, el uranio, la pesca y los fertilizantes.
La discusión sobre el RIGI enfrenta dos objetivos económicos relevantes. Por un lado, la necesidad de atraer inversiones que aumenten exportaciones, generen empleo y fortalezcan el ingreso de dólares. Por otro, el costo fiscal de otorgar exenciones en un momento en el que la recaudación sigue bajo presión y el Gobierno sostiene una política de ajuste para preservar el equilibrio de las cuentas públicas.
El impacto político también será importante. El oficialismo deberá defender en el Congreso que los beneficios tributarios funcionarán como un motor de desarrollo y no como una transferencia excesiva hacia grandes empresas. La oposición, en cambio, buscará poner el foco en los ingresos que el Estado resignará y en la necesidad de exigir mayor participación de proveedores locales.
El punto central será medir resultados concretos. La evaluación del RIGI dependerá no solo del monto anunciado de las inversiones, sino también de los proyectos efectivamente ejecutados, los empleos creados, las exportaciones generadas y el impacto real sobre la estructura productiva argentina.
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