4 de junio de 2026
La Cámara alta dio media sanción al acuerdo impulsado por el Gobierno para cerrar litigios abiertos desde el default de 2001. El proyecto deberá ser tratado en Diputados antes del 30 de junio.
Continuidad. El foco se trasladará a Diputados, donde el oficialismo deberá conseguir dictamen y aprobación antes del 30 de junio para evitar que el acuerdo pierda vigencia.
El Senado aprobó con 40 votos afirmativos y 22 negativos el proyecto que autoriza al Gobierno de Javier Milei a pagar USD 171 millones a dos grupos de holdouts que mantienen litigios contra la Argentina desde el default de 2001. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá avanzar con rapidez en la Cámara de Diputados, ya que el plazo acordado vence el 30 de junio.
El entendimiento contempla un desembolso de USD 67 millones para Bainbridge Ltd. y otro de USD 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Según la información oficial, los fondos aceptaron una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense.
La votación representó un triunfo legislativo para La Libertad Avanza, que logró construir una mayoría con apoyo de bloques aliados y senadores dialoguistas. El expediente había llegado al Congreso por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional y figura formalmente como el proyecto 98/26, destinado a aprobar los acuerdos de conciliación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP.
El oficialismo defendió la operación como una herramienta para cerrar los dos litigios más relevantes que todavía permanecen abiertos después de las reestructuraciones de deuda posteriores al default.
El senador libertario Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto, aseguró que el acuerdo permitirá extinguir los principales reclamos pendientes. "Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina. Extingue los dos principales litigios pendientes", explicó durante el debate.
El convenio utilizará el mecanismo internacional conocido como Entrega contra Pago (DVP). Eso significa que los fondos serán liberados en simultáneo con la cancelación de los bonos involucrados en el litigio.
Además, serán los propios holdouts quienes afronten los gastos legales generados por los procesos judiciales. El texto también incorpora una cláusula de standstill, que les impide iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras de la Argentina hasta que se complete la transacción.
Para el Gobierno, ese punto es clave porque busca evitar nuevas medidas de ejecución o pedidos de embargo sobre activos soberanos argentinos en el exterior.
La aprobación definitiva del acuerdo permitiría dejar sin efecto medidas de ejecución que tramitan ante la Justicia de Estados Unidos. Entre los activos alcanzados por esos reclamos aparecen acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
El documento enviado por la Casa Rosada también remarca que la sanción permitiría finalizar procesos de discovery, es decir, investigaciones judiciales destinadas a identificar bienes, cuentas bancarias, privatizaciones y otros activos de la Argentina susceptibles de ser alcanzados por los litigios.
La estrategia oficial apunta a cerrar un capítulo todavía abierto de la crisis de deuda de 2001 y reducir riesgos financieros futuros. El Gobierno considera que la normalización de esos expedientes puede mejorar la previsibilidad externa y disminuir amenazas sobre bienes estatales.
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La iniciativa debía tratarse inicialmente durante la sesión del 14 de mayo, pero volvió a comisión después de que se incorporaran correcciones técnicas de último momento. La modificación generó reclamos entre los bloques opositores y obligó al oficialismo a reconstruir acuerdos antes de llevar nuevamente el texto al recinto.
Durante el debate, Monteverde sostuvo que los cambios no alteraron el contenido central del convenio. "La enmienda no cambió en absoluto el acuerdo. Sólo se bajaron unos bonos prescriptos", señaló.
El expediente ya había pasado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión, donde recibió dictámenes de mayoría y minoría antes de llegar nuevamente al recinto.
El rechazo principal llegó desde el peronismo. El senador Jorge Capitanich cuestionó la lógica del acuerdo y sostuvo que este tipo de mecanismos terminan premiando a los acreedores que rechazaron ingresar a los canjes de deuda.
"Estos mecanismos de pago a los acreedores remanentes en realidad premian las conductas de los fondos buitre o holdouts", afirmó el exgobernador chaqueño. También señaló que la quita no sería fácilmente verificable ni comparable y planteó reparos sobre la documentación disponible.
Desde el oficialismo respondieron que el monto resulta menor frente al volumen total de la deuda y que el beneficio principal consiste en eliminar litigios que todavía generan costos, riesgos y limitaciones financieras.
La media sanción no cierra el proceso. El proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, fecha límite acordada para completar la operación.
La Justicia estadounidense había establecido originalmente un vencimiento para el 30 de abril, pero el Gobierno de Javier Milei consiguió una prórroga de dos meses para lograr la aprobación legislativa.
El calendario obliga al oficialismo a acelerar el tratamiento en comisión y reunir votos en la Cámara baja. Si no consigue la sanción definitiva dentro del plazo, la Casa Rosada podría verse obligada a renegociar condiciones o pedir una nueva extensión.
La aprobación en el Senado le permite al Gobierno mostrar capacidad para construir mayorías en una Cámara donde no tiene control propio. También representa una señal para los mercados: la administración libertaria busca cerrar litigios históricos y reducir contingencias judiciales sobre activos argentinos.
Sin embargo, el debate no está terminado. El oficialismo deberá defender en Diputados un desembolso de USD 171 millones en un contexto de ajuste fiscal, reclamos provinciales y presión sobre partidas sensibles.
Para la Casa Rosada, el argumento será que el pago permite cerrar dos reclamos de alto impacto con una quita superior al 30%. Para la oposición, la discusión seguirá concentrada en el costo político y financiero de acordar con fondos que quedaron afuera de los canjes posteriores al default.
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