5 de junio de 2026
Un informe advirtió que alrededor de 600 embarcaciones operan cerca del límite de la Zona Económica Exclusiva. La presión sobre el calamar y otras especies amenaza recursos estratégicos, empleo y exportaciones pesqueras.
Riesgo. Sin controles más eficaces, la sobrepesca puede deteriorar recursos estratégicos y reducir la capacidad productiva de la industria pesquera argentina.
La presión de las flotas extranjeras sobre el Mar Argentino volvió a encender una señal de alerta. Un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) estimó que alrededor de 600 buques operan cerca de la milla 201 y que las capturas realizadas por embarcaciones internacionales pueden alcanzar entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales, frente a desembarques argentinos de entre 750.000 y 900.000 toneladas.
El problema tiene dos dimensiones diferentes. Una parte de la actividad se desarrolla en aguas internacionales, por fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. Sin embargo, también se registraron ingresos no autorizados a aguas nacionales, donde la Prefectura Naval Argentina detectó maniobras compatibles con pesca mediante redes de arrastre y aplicó sanciones a embarcaciones extranjeras.
De acuerdo con el relevamiento citado por iProfesional, los volúmenes de extracción en la zona crecieron 65% entre 2019 y 2024. Durante ese mismo período, la flota de origen chino aumentó 85% su esfuerzo pesquero.
Más del 90% de las embarcaciones que operan en el área serían de bandera china, aunque también aparecen buques españoles y portugueses. La concentración de barcos se produce principalmente en el borde exterior de la ZEE argentina, una franja de alta productividad biológica donde se desplazan especies transzonales.
La diferencia jurídica es importante. La pesca en alta mar no constituye automáticamente una actividad ilegal, pero puede generar un fuerte impacto sobre especies que migran entre aguas internacionales y jurisdicción argentina. En cambio, cualquier ingreso sin autorización dentro de la Zona Económica Exclusiva sí representa una infracción y habilita la intervención de las autoridades nacionales.
El informe puso especial atención sobre el calamar Illex, una de las especies más relevantes para la industria pesquera argentina. También mencionó a las merluzas y otros recursos que atraviesan de manera permanente la plataforma continental argentina y las áreas explotadas por embarcaciones internacionales.
El presidente de FULASP, Raúl Cereseto, advirtió que el daño excede la cantidad de toneladas extraídas. "El verdadero problema no es solamente que se lleven más volumen que la pesca argentina. El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural", afirmó.
La Environmental Justice Foundation (EJF), una organización dedicada a investigar delitos ambientales y explotación irregular de recursos naturales, respaldó las advertencias sobre el calamar. Según el informe citado, la combinación de sobrepesca y condiciones ambientales adversas podría provocar un deterioro rápido de la población de Illex, una especie de ciclo biológico corto.
La situación se vuelve más delicada cuando los buques cruzan el límite de la milla 200 e ingresan a aguas bajo jurisdicción argentina. En las últimas semanas, la Prefectura Naval Argentina detectó y penalizó embarcaciones de bandera española y portuguesa por realizar maniobras compatibles con actividades pesqueras dentro de la ZEE.
La Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima nacional y cumple funciones vinculadas con seguridad de la navegación, protección ambiental y control pesquero. El organismo cuenta con sistemas de monitoreo para seguir la actividad marítima y detectar posibles irregularidades.
El desafío operativo es considerable. La concentración de cientos de barcos cerca del límite jurisdiccional obliga a sostener tareas permanentes de vigilancia, patrullaje y análisis de desplazamientos. La denominada milla 201 se convirtió así en una de las zonas más sensibles del Atlántico Sur.
La pesca no es solamente una discusión ambiental. También representa empleo, actividad portuaria, divisas y desarrollo regional. La extracción intensiva de recursos transzonales puede afectar a la flota nacional incluso cuando se realiza fuera de aguas argentinas, porque reduce la disponibilidad de especies que luego ingresan a la plataforma continental.
El informe estimó que la pesca ilícita dentro de la ZEE, con foco particular en el calamar, mueve alrededor de USD 1.000 millones.
El impacto alcanza a puertos patagónicos y bonaerenses, plantas procesadoras, trabajadores embarcados, transportistas y empresas exportadoras. Si la disponibilidad de recursos disminuye, la consecuencia puede trasladarse a toda la cadena productiva.
La discusión también tiene una dimensión estratégica. La Argentina necesita preservar la sustentabilidad de sus recursos para sostener exportaciones pesqueras en el largo plazo. Una explotación excesiva puede generar beneficios inmediatos para flotas internacionales, pero costos económicos y laborales persistentes para las comunidades vinculadas con la actividad marítima.
La preocupación por la pesca ilegal se produce además en medio de una discusión política por el control del extremo sur del país. El Gobierno de Javier Milei firmó un entendimiento con el Comando Sur de Estados Unidos para habilitar patrullajes durante cinco años dentro del programa denominado "Protección de los Bienes Comunes Globales", según la información publicada.
El oficialismo sostiene que la cooperación busca fortalecer la vigilancia contra la pesca ilícita. Sin embargo, el acuerdo generó cuestionamientos por la posibilidad de despliegue de buques estadounidenses en áreas marítimas argentinas y por la forma en que se conoció públicamente la novedad.
El debate combina defensa de recursos naturales, soberanía, cooperación internacional y capacidad operativa. Para el Gobierno, el desafío será mostrar resultados concretos frente a una problemática que crece año tras año y que afecta tanto al ecosistema como a la economía nacional.
La advertencia central del informe es que el deterioro biológico podría acelerarse. Si especies como el calamar Illex reducen drásticamente su población, la discusión dejará de estar centrada en las capturas de una temporada y pasará a involucrar la viabilidad futura de toda la actividad pesquera.
El problema requiere controles dentro de la Zona Económica Exclusiva, cooperación diplomática para ordenar la actividad en alta mar y mecanismos internacionales que permitan reducir la sobreexplotación de especies transzonales.
La magnitud de la flota extranjera vuelve urgente el debate. La presencia de alrededor de 600 buques en el límite marítimo argentino ya no representa un episodio aislado, sino una presión estructural sobre uno de los principales recursos naturales del país.
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