7 de junio de 2026
La Libertad Avanza decidió demorar el tratamiento del proyecto hasta después del receso de invierno. La UCR, el PRO y bloques provinciales rechazan eliminar las primarias y obligan al Gobierno a buscar una alternativa.
Estrategia. La falta de votos para eliminar las PASO obliga al Gobierno de Javier Milei a negociar con bloques aliados y revisar una de sus principales apuestas institucionales.
El Gobierno de Javier Milei decidió postergar hasta agosto el debate de la reforma electoral en el Senado porque todavía no reúne los votos necesarios para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La resistencia de la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales obligó al oficialismo a frenar el tratamiento y abrir una nueva ronda de negociaciones con aliados y gobernadores.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ya habría transmitido a la Casa Rosada que "no están los votos para eliminar las PASO". La definición expone una dificultad política relevante para el oficialismo, que había colocado la eliminación de las primarias como uno de los ejes centrales de la reforma enviada al Congreso.
La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores, pero necesita alcanzar una mayoría agravada de 37 votos para aprobar la eliminación de las PASO. Eso obliga al bloque oficialista a sumar al menos 16 voluntades adicionales entre radicales, macristas y representantes provinciales.
Hasta el momento, esa mayoría no aparece. Más de la mitad de los senadores de la UCR no responden directamente a gobernadores y los tres integrantes del PRO tampoco acompañan la propuesta oficial. A ese rechazo se sumaron legisladores vinculados con mandatarios dialoguistas.
El ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de buscar acuerdos con gobernadores peronistas y provinciales. Sin embargo, la negociación enfrenta un obstáculo concreto: la decisión sobre las PASO no depende únicamente de los mandatarios, sino también de senadores con posiciones propias y márgenes de autonomía frente a sus partidos.
El tratamiento quedó postergado hasta agosto, después de las vacaciones de invierno y del receso habitual de la actividad legislativa. El oficialismo utilizará las próximas semanas para intentar destrabar una alternativa que permita sostener parte del proyecto sin sufrir una derrota en el recinto.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, convocó hasta ahora una sola reunión informativa. Allí expuso Luz Landívar, asesora del Ministerio del Interior y exdirectora electoral.
La demora representa un freno para la agenda política de la Casa Rosada. La reforma había sido presentada como una iniciativa integral para modificar el sistema de selección de candidatos, las reglas de financiamiento partidario, los requisitos para reconocer partidos nacionales y distintos aspectos de la Boleta Única de Papel.
Ante la falta de votos, el oficialismo analiza alternativas. Una posibilidad consiste en transformar las PASO obligatorias en elecciones optativas. Otra opción sería volver a suspenderlas únicamente para los comicios de 2027, como una solución transitoria antes de discutir una modificación definitiva.
Sin embargo, ninguna de esas variantes cuenta por ahora con la aprobación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La funcionaria mantiene una posición más rígida y busca avanzar con la eliminación completa de las primarias, uno de los objetivos políticos centrales del proyecto.
La discusión también tiene impacto interno dentro de La Libertad Avanza. Mientras Bullrich necesita construir una mayoría viable en el Senado, la conducción política del oficialismo resiste las concesiones que reclaman los bloques aliados.
La UCR, el PRO y Provincias Unidas reclamaron que el Congreso trate por separado el capítulo de Ficha Limpia, que busca impedir candidaturas de dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.
El Gobierno rechazó esa posibilidad. El oficialismo pretende mantener el proyecto como un paquete integral y evitar que los aliados seleccionen únicamente los puntos que generan mayor consenso político.
La disputa puede transformarse en otro foco de tensión parlamentaria. Si la Casa Rosada no flexibiliza su posición, corre el riesgo de trabar también la aprobación de medidas que podrían reunir votos opositores y dialoguistas.
El proyecto contiene una serie de modificaciones profundas sobre el sistema político argentino. Además de eliminar las PASO, incorpora Ficha Limpia, modifica las condiciones para reconocer partidos a nivel nacional y cambia las reglas de financiamiento de las campañas.
La iniciativa propone que los partidos políticos deban estar reconocidos en al menos 10 distritos y acreditar un piso de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional. También eleva el peso del financiamiento privado de campañas y elimina la publicidad gratuita en medios de comunicación.
Otro punto sensible es la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. El proyecto también modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir el voto de lista completa e incorporar elecciones provinciales en caso de simultaneidad con los comicios nacionales.
La postergación expone los límites legislativos del Gobierno de Javier Milei. El oficialismo pudo construir mayorías circunstanciales para aprobar proyectos económicos, pero la reforma electoral exige una base política más amplia y estable.
La eliminación de las PASO afecta intereses directos de partidos, gobernadores y estructuras provinciales. Para algunos aliados, las primarias funcionan como una herramienta para ordenar candidaturas y evitar que las internas partidarias se resuelvan mediante acuerdos cerrados entre dirigentes.
El desafío para la Casa Rosada será encontrar una salida que preserve parte de su objetivo sin quedar atrapada en una derrota parlamentaria. Agosto aparece ahora como el nuevo horizonte para una negociación que pondrá a prueba la relación entre Karina Milei, Patricia Bullrich, los gobernadores y los bloques dialoguistas.
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