7 de junio de 2026
La Secretaría de Trabajo comenzará a convocar a empresas y sindicatos para actualizar acuerdos vencidos. La medida pone en marcha uno de los cambios más sensibles de la nueva ley y anticipa una fuerte disputa con la central obrera.
Cambios. La renegociación puede abrir discusiones por salarios dinámicos, cuotas solidarias, sindicatos de empresa e indemnizaciones.
El Gobierno de Javier Milei pondrá en marcha uno de los capítulos más conflictivos de la reforma laboral: la Secretaría de Trabajo comenzará a intimar a empresas y sindicatos para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que tienen vencido su plazo original de vigencia. La medida anticipa una nueva pulseada con la CGT, que cuestiona la reglamentación y advierte por una posible pérdida de derechos laborales.
El procedimiento será impulsado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, después de la publicación del Decreto 407/2026, que reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La norma instruye a la autoridad laboral a iniciar dentro de los 30 días la convocatoria para revisar los acuerdos vencidos y adaptarlos al nuevo marco legal.
La primera etapa alcanzará a 150 convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya expiró. Luego se incorporarán otros acuerdos según sus respectivas fechas de vencimiento, con el objetivo de actualizar cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo, los aportes pactados entre las partes y las denominadas cuotas solidarias.
El decreto establece que la autoridad de aplicación considerará vencidos los convenios cuyo plazo inicialmente consignado haya finalizado. Para aquellos acuerdos que no incluyan una fecha expresa, la Secretaría de Trabajo podrá tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026 exclusivamente para instrumentar la convocatoria a renegociación.
La intención oficial no sería fijar un calendario inmediato para cerrar cada negociación, sino activar conversaciones entre empresas y sindicatos para incorporar cambios tecnológicos, productivos y organizacionales. Una vez alcanzado un nuevo acuerdo, el texto deberá ser presentado ante la Secretaría de Trabajo para su homologación.
El punto más sensible de la reforma laboral es la modificación del régimen de ultraactividad, el principio que permitía mantener vigente un convenio colectivo aun después de su vencimiento hasta que fuera reemplazado por otro.
La nueva ley conserva la vigencia de las denominadas cláusulas normativas, vinculadas con las condiciones de trabajo. Sin embargo, establece que las cláusulas obligacionales, como las cuotas solidarias y determinados aportes acordados entre empleadores y gremios, pueden caer al finalizar el convenio.
Para el Gobierno, el cambio permitirá actualizar acuerdos que fueron firmados hace décadas y que no contemplan nuevas modalidades laborales. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios negociados "hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen".
La CGT rechaza ese diagnóstico. El abogado laboralista Gustavo Ciampa, uno de los especialistas vinculados con la central obrera, afirmó que desde 2003 existe una negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades y sostuvo: "Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar".
La renegociación también podría incorporar el denominado salario dinámico, una herramienta prevista por la ley para sumar componentes adicionales, transitorios, fijos o variables según el mérito individual del trabajador o la situación concreta de cada empresa.
El objetivo de la Casa Rosada es que una parte de los incrementos salariales deje de depender exclusivamente de la inflación y pueda vincularse con la productividad, los resultados empresariales o la evolución económica de cada sector.
Una de las actividades donde ya se analiza su posible aplicación es la industria petrolera. Allí podría discutirse un adicional salarial que suba o baje según el precio internacional del petróleo.
La CGT cuestiona ese esquema porque considera que puede habilitar negociaciones salariales a la baja y reducir el nivel de protección de los trabajadores. Para el Gobierno, en cambio, la descentralización permitirá adaptar los acuerdos a realidades productivas diferentes entre empresas, provincias y regiones.
La Ley 27.802 también modificó la relación entre los convenios nacionales por actividad y los acuerdos de menor alcance. A partir de la reforma, los convenios firmados a nivel de empresa o región pueden prevalecer incluso si establecen condiciones menos favorables que las acordadas para toda una rama de actividad.
La reforma altera uno de los rasgos históricos del modelo sindical argentino, basado en negociaciones centralizadas lideradas por gremios con personería jurídica y representación sectorial.
El argumento oficial es que una PyME del interior puede tener una realidad económica diferente de la de una gran compañía radicada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por eso, el Gobierno busca que las condiciones laborales puedan ajustarse según la capacidad de pago y productividad de cada empresa.
Para los sindicatos tradicionales, el riesgo es que esa descentralización reduzca su poder de negociación y genere diferencias salariales más amplias dentro de una misma actividad.
Otro punto que genera inquietud entre los gremios es la creación de sindicatos de empresa. La reglamentación redujo del 20% al 5% el piso de afiliación necesario para facilitar el reconocimiento legal de nuevas organizaciones sindicales.
La modificación puede abrir una disputa por la representación dentro de empresas donde actualmente actúan sindicatos nacionales o sectoriales. Un gremio de inscripción simple que busque representar a los trabajadores de una compañía deberá demostrar afiliaciones durante seis meses y competir por la personería frente al sindicato de actividad.
Ese cambio preocupa a parte de la dirigencia sindical porque puede debilitar la estructura gremial centralizada y multiplicar organizaciones internas con capacidad de disputar afiliados, aportes y representación formal.
La reglamentación también permitirá instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo pensado para cubrir despidos en el sector privado mediante aportes acumulativos.
El Gobierno de Javier Milei sostiene que el sistema puede reducir la litigiosidad laboral y generar mayor previsibilidad para las empresas. La CGT, en cambio, cuestiona que se utilicen recursos vinculados con la seguridad social para financiar desvinculaciones laborales.
La central obrera anticipó que mantendrá una postura crítica frente al nuevo esquema. El conflicto puede trasladarse a tribunales, negociaciones sectoriales y medidas de fuerza si los gremios consideran que las convocatorias alteran derechos adquiridos.
La convocatoria para renegociar 150 convenios colectivos representa el primer gran test de implementación para la reforma laboral. La medida afecta intereses concretos de empresarios, sindicatos y trabajadores, y puede modificar reglas vigentes desde hace décadas.
Para el Gobierno, el desafío será mostrar que la actualización de los convenios genera empleo formal, mejora la productividad y reduce costos sin profundizar la precarización.
Para la CGT, la prioridad será evitar que la descentralización de las negociaciones y la caída de aportes debiliten la capacidad de representación sindical. La disputa comenzará en las mesas de negociación, pero puede escalar rápidamente al terreno político y judicial.
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