País. Denuncian al intendente de un municipio de Catamarca por la compra de un inmueble

El Concejo Deliberante de Pomán aprobó una denuncia penal contra el intendente Francisco Gordillo y otros funcionarios municipales por la compra directa de la denominada Casa Santa Rita, un inmueble valuado en alrededor de USD 40.000. La operación fue concretada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y habría implicado un desembolso de $59,2 millones en efectivo.

El caso abrió una fuerte crisis institucional en Pomán, en la provincia de Catamarca. Los concejales sostienen que la adquisición debió ser autorizada previamente por el cuerpo legislativo y advierten sobre inconsistencias entre las fechas de la documentación y los argumentos utilizados por el Ejecutivo municipal para justificar la urgencia. Gordillo rechazó las acusaciones, defendió la legalidad del procedimiento y denunció una maniobra política para perjudicar su eventual candidatura en 2027.

El Concejo Deliberante aprobó una denuncia penal contra Francisco Gordillo

La presentación fue impulsada mediante la Resolución N° 014/2026, aprobada por mayoría calificada. El texto faculta al presidente del cuerpo, Walter Centeno, a llevar el caso ante la Fiscalía de Instrucción en turno.

La denuncia alcanza a Francisco Gordillo, al secretario de Despacho que firmó el DNU cuestionado y al director de Tesorería General, Diego Maciel Quinteros. Los ediles plantean la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Esas acusaciones deberán ser evaluadas ahora por la Justicia y no implican una responsabilidad penal confirmada.

Además, el Concejo Deliberante de Pomán rechazó formalmente la documentación presentada por el Ejecutivo, declaró la ineficacia jurídica de un decreto rectificatorio posterior y solicitó una auditoría integral extraordinaria sobre la Tesorería municipal ante el Tribunal de Cuentas de Catamarca.

La compra de Casa Santa Rita fue realizada mediante un DNU

El origen de la controversia es la adquisición de la denominada Casa Santa Rita, una propiedad que el municipio busca destinar a actividades culturales y patrimoniales. El inmueble perteneció a Juan Rodríguez Viaba, exdirector de una escuela secundaria y víctima de la dictadura militar, según explicó el intendente.

Gordillo aseguró que la compra fue financiada con recursos ahorrados por la Municipalidad durante dos años. También negó que se hayan utilizado fondos destinados al pago de salarios y sostuvo que una referencia a la liquidación de haberes incluida en el decreto respondió a un error de tipeo.

La discusión se concentra en la utilización de un DNU para concretar la operación. El intendente afirmó que el Concejo Deliberante se encontraba en receso y que esa era la única alternativa disponible para autorizar la compra. "La única forma de tener autorización era a través de un decreto. No fue de urgencia, pero sí de necesidad", señaló.

Los concejales cuestionan esa explicación. Según su planteo, la cesión de derechos vinculada con el inmueble se firmó cuando el cuerpo legislativo ya había iniciado su período ordinario de sesiones, lo que pondría en duda el argumento utilizado para justificar el decreto. También remarcaron que el Concejo tomó conocimiento de la operación dos años después de su concreción.

Gritos, acusaciones y una sesión que terminó abruptamente

La crisis escaló durante una sesión convocada para que Francisco Gordillo explicara la operación ante los concejales. El jefe comunal defendió la compra, rechazó el formato del cuestionario y abandonó el recinto sin responder todas las preguntas.

Durante el cruce, Gordillo sostuvo que la ley no lo obliga a comparecer ante el cuerpo legislativo. Antes de retirarse, calificó de "traidor" a Walter Centeno y afirmó que "el pueblo le va a hacer pagar lo que hizo", de acuerdo con la reconstrucción publicada por El Ancasti.

El presidente del Concejo Deliberante respondió con dureza y acusó al intendente de concentrar decisiones administrativas y financieras. También reclamó mayor autonomía para el cuerpo legislativo y cuestionó la falta de respuestas a pedidos de informes sobre la planta de personal y la situación económica del municipio.

Gordillo denunció una maniobra política rumbo a 2027

El intendente rechazó los cuestionamientos y sostuvo que el conflicto responde a una estrategia electoral. "Tienen miedo de que me presente de nuevo" en 2027, afirmó después de la sesión.

Gordillo también negó las acusaciones personales y afirmó: "Me dijeron patrón de estancia, dueño de todo el pueblo. Eso no es verdad, yo vivo de mi trabajo y sigo siendo docente". Además, anticipó el envío de una carta documento contra la concejal Maricel Quintero por sus expresiones durante el debate.

La controversia tiene peso político porque Francisco Gordillo es uno de los dirigentes municipales con mayor permanencia en el poder dentro de Catamarca. Su vínculo con la gestión local comenzó en 1999 y la nueva causa puede condicionar el escenario electoral de Pomán rumbo a 2027.

La Justicia y el Tribunal de Cuentas deberán analizar la operación

El conflicto salió del ámbito exclusivamente político. La denuncia penal y el pedido de auditoría obligarán a revisar la documentación de la compra, la escritura pública, el decreto utilizado, el origen de los recursos y la intervención de los funcionarios municipales involucrados.

El punto central será determinar si la adquisición fue realizada dentro de las facultades legales del Ejecutivo o si correspondía una autorización previa del Concejo Deliberante. También deberá aclararse si las contradicciones señaladas por los ediles tienen relevancia administrativa o penal.

Mientras avanza la investigación, la compra de la Casa Santa Rita expuso una fractura institucional en Pomán. La discusión ya no se limita al destino cultural de un inmueble: incluye transparencia, control legislativo, administración de fondos públicos y una disputa política que puede extenderse hasta las elecciones de 2027.