País. Escándalo en Tucumán: intendenta habría comprado una mansión de USD 1 millón

La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, quedó bajo la lupa después de que trascendiera la presunta compra de una mansión valuada entre USD 1 millón y USD 1,2 millones en uno de los barrios privados más exclusivos de Yerba Buena, en Tucumán. La operación habría sido concretada en efectivo y sin crédito hipotecario, de acuerdo con la información difundida durante los últimos días.

El caso generó una fuerte repercusión política por el contraste entre el valor de la propiedad y la situación social del municipio. Graneros se encuentra en el sur tucumano y atraviesa reclamos vecinales por obras, asistencia y respuestas oficiales después de las inundaciones registradas durante abril. Hasta el momento, no se conoció una explicación pública de la intendenta sobre el origen de los fondos ni sobre las características de la operación inmobiliaria.

La propiedad estaría ubicada en el barrio privado Las Yungas

La vivienda atribuida a Raquel Graneros se encontraría dentro del barrio privado Las Yungas, en Yerba Buena. El complejo cuenta con canchas de golf, clubhouse, espacios deportivos y amenities de alto nivel.

Según la información difundida, la propiedad ocuparía dos lotes y sería utilizada como casa de fin de semana. El costo mensual de las expensas rondaría $1 millón.

La compra habría sido realizada poco después de que Graneros asumiera como intendenta, en octubre de 2023. La mandataria municipal tiene 29 años y trabaja en relación de dependencia con el Gobierno provincial desde 2015, según los datos difundidos por medios tucumanos.

Hasta ahora, la existencia de la operación no fue confirmada mediante una documentación pública exhibida oficialmente. Tampoco trascendió una presentación judicial que permita establecer responsabilidades o verificar el origen del dinero. Por ese motivo, la información debe ser tratada como una denuncia periodística que todavía requiere explicaciones institucionales.

El pago habría sido realizado en efectivo

Uno de los puntos que más interrogantes generó es la forma en que se habría concretado la adquisición. De acuerdo con la investigación periodística, la operación se habría cerrado en una sucursal del Banco Galicia, sin crédito hipotecario y mediante pagos en efectivo.

El secretario de Hacienda municipal, Ariel Mendelec, habría participado en una parte de la operatoria. Según la versión difundida, habría entregado un monto inicial y el saldo se habría completado mediante seis cuotas de USD 50.000.

Durante la presentación del caso se utilizó una definición directa: "Se pagó cash". La frase se convirtió en uno de los ejes de la controversia porque incrementó los pedidos de explicaciones sobre la evolución patrimonial de la intendenta.

La ausencia de un crédito hipotecario registrado a su nombre también fue señalada como un elemento llamativo. Sin embargo, esa circunstancia por sí sola no prueba una irregularidad. La discusión pasa ahora por la necesidad de establecer si la compra efectivamente existió, quién figura como titular de la propiedad y cómo se justificaron los fondos utilizados.

La polémica estalló después del reclamo por las inundaciones

La controversia se conoció en un momento de alta tensión social en Graneros. Durante abril, vecinos afectados por inundaciones reclamaron obras y asistencia municipal. Un grupo de mujeres intentó acercarse a la intendenta para plantear sus demandas y terminó involucrado en una causa penal.

Diez vecinas fueron imputadas por el delito de amenazas simples en calidad de coautoras después de una denuncia presentada por Raquel Graneros y por su madre, la legisladora provincial María Alejandra Cejas. Las mujeres rechazaron las acusaciones y aseguraron que buscaban ser escuchadas tras los daños provocados por las lluvias.

Una de las vecinas sostuvo durante la audiencia: "Fuimos a la plaza a manifestarnos pacíficamente porque nos habíamos inundado. Queríamos que nos escucharan y que Desarrollo Social nos ayudara".

El episodio ya había elevado la tensión política dentro del municipio. Intendentes justicialistas de la provincia difundieron un respaldo público a Graneros después de los reclamos vecinales y del incidente ocurrido a fines de abril.

El contraste social amplifica el costo político

La presunta compra adquirió mayor impacto por el contexto económico del departamento. Graneros aparece entre las zonas con mayores dificultades sociales de Tucumán, mientras el municipio destina cerca de $900 millones mensuales al pago de salarios, según la información difundida.

La comparación instaló una pregunta que excede a la propiedad: cómo se administran los recursos públicos y qué nivel de transparencia deben ofrecer las autoridades locales frente a operaciones patrimoniales de alto valor.

La discusión no implica anticipar una responsabilidad penal. Pero el silencio oficial puede aumentar la presión política, especialmente cuando existen reclamos vecinales pendientes y una controversia abierta por la judicialización de mujeres afectadas por las inundaciones.

Qué explicaciones deberá dar la intendenta de Graneros

El caso puede tener nuevas repercusiones si la oposición, el Concejo Deliberante o la Justicia solicitan información concreta sobre la propiedad y su titularidad.

Entre los principales interrogantes aparecen el origen de los fondos, la fecha exacta de adquisición, la forma de pago, la eventual participación de funcionarios municipales y la existencia de documentación respaldatoria.

Hasta el momento, Raquel Graneros no brindó una respuesta pública sobre esos puntos. La expectativa está puesta en si la intendenta realizará una aclaración patrimonial o si la controversia derivará en pedidos formales de informes dentro de Tucumán.