8 de junio de 2026
El Concejo Deliberante de Santa Isabel removió a Guillermo Farana con votos del propio PJ. El atraso salarial aceleró una crisis marcada por acusaciones de irregularidades administrativas y una disputa política que terminará en la Justicia.
El intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana, fue destituido por el Concejo Deliberante después de una crisis política que escaló cuando el municipio no pudo pagar los salarios en tiempo y forma. La remoción del jefe comunal peronista fue aprobada por cinco votos y una abstención, con respaldo de concejales del propio Partido Justicialista y de Juntos por el Cambio.
El conflicto excede el atraso salarial. Los ediles acusaron a Farana de presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, irregularidades administrativas y financieras, y falta de transparencia. El intendente saliente rechazó los cuestionamientos y anticipó que impugnará judicialmente el procedimiento.
La crisis se profundizó cuando Santa Isabel se convirtió en el primer municipio de La Pampa que no pudo abonar los sueldos de sus trabajadores dentro de los plazos habituales durante el actual contexto de ajuste fiscal. El episodio deterioró la relación entre el Ejecutivo local, los empleados municipales y el Concejo Deliberante.
Farana atribuyó las dificultades financieras al recorte de la coparticipación y a la caída de la recaudación por tasas municipales. Sin embargo, para los concejales opositores y oficialistas que impulsaron su salida, el problema salarial fue apenas la última señal de una gestión atravesada por cuestionamientos más amplios.
La destitución se aprobó por una mayoría contundente. Votaron a favor Braian Blanco y Mariana Frías, del Frente Justicialista Pampeano; y Margarita Hernández, Cristina Elena Vázquez y Facundo Joel Sol, de Juntos por el Cambio. El concejal peronista Maximiliano Gautes se abstuvo.

La salida de Guillermo Farana tiene una particularidad política: el dirigente había llegado a la intendencia después de promover la destitución de su antecesora, Marta Paturlanne, también perteneciente al peronismo.
La remoción de Paturlanne ocurrió en 2021. Farana completó ese mandato y luego consiguió la reelección en 2023. Ahora dejó el cargo mediante un procedimiento similar al que había impulsado para desplazar a la exintendenta.
La conducción municipal quedó transitoriamente en manos de María Elisabet Cabral, quien había acompañado a Farana como compañera de fórmula. El dato agrega otra capa a la interna: en 2021, Cabral había votado para defender la continuidad de Paturlanne.
El gobernador Sergio Ziliotto y la conducción provincial del Partido Justicialista decidieron mantenerse al margen de la disputa local. La estrategia busca evitar una intervención directa en un conflicto atravesado por acusaciones cruzadas y enfrentamientos internos dentro del mismo espacio político.
La decisión refleja la sensibilidad del caso. Santa Isabel tiene menos de 3.000 habitantes y se encuentra a unos 300 kilómetros de Santa Rosa, en una región donde el PJ mantiene históricamente una posición dominante.
El episodio puede transformarse en un problema mayor para el oficialismo provincial si la disputa judicial escala o si aparecen nuevas denuncias vinculadas con la administración municipal. Por ahora, el gobierno pampeano evita tomar partido y deja que el conflicto se resuelva dentro de las instituciones locales.

Farana no participó de la sesión en la que se definió su salida. Presentó un descargo escrito de 13 páginas, con asesoramiento de la abogada Florencia D'Espósito, y anunció que recurrirá a la Justicia para cuestionar la validez del procedimiento.
El intendente desplazado sostiene que no tuvo garantizado su derecho de defensa y considera que los concejales actuaron al mismo tiempo como acusadores y juzgadores. En su descargo calificó las denuncias como "un invento, una construcción artificiosa" destinada a sacarlo del cargo.
Según su versión, la relación con el Concejo Deliberante se rompió en agosto de 2025, cuando se negó a convalidar un aumento en las dietas de los ediles. Desde entonces, afirmó, el cuerpo legislativo comenzó a rechazar distintas propuestas enviadas por el Ejecutivo local.
La destitución instala una discusión que excede a Santa Isabel. La crisis expone las dificultades financieras que atraviesan algunos municipios pequeños, especialmente aquellos que dependen con mayor intensidad de la coparticipación y tienen márgenes reducidos para compensar la caída de ingresos propios.
Pero el caso también muestra el peso de las internas locales. El atraso salarial funcionó como detonante de una disputa política previa, marcada por antecedentes de destituciones, acusaciones de falta de transparencia y una relación deteriorada entre el Ejecutivo y el Concejo.
La resolución judicial será clave para determinar si Farana logra revertir su salida o si Cabral consolida su continuidad al frente del municipio. Mientras tanto, el peronismo pampeano enfrenta una crisis incómoda en uno de sus territorios históricos.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario