8 de junio de 2026
La postulación de un ex ministro provincial para ocupar la Secretaría Electoral encendió la disputa política en la provincia patagónica. Sectores opositores reclaman transparencia y advierten por un posible direccionamiento del concurso antes de las elecciones de 2027.
Polémica. La Secretaría Electoral de Río Negro interviene en la organización y fiscalización administrativa de los comicios provinciales. Su cobertura adquiere peso político por la cercanía de las ele
La postulación de Hugo Nicolás Land, ex ministro de Desarrollo Social durante la gestión de Arabela Carreras y actual secretario legal del bloque de Juntos Somos Río Negro, abrió una fuerte controversia política en Río Negro. El dirigente busca ocupar la Secretaría del Juzgado Electoral Provincial, un cargo estratégico para la organización y fiscalización administrativa de los próximos comicios.
La oposición reclama mayor transparencia y apunta contra el espacio liderado por el gobernador Alberto Weretilneck. El legislador peronista José Luis Berros presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura para acceder al expediente completo y advirtió que podría existir un direccionamiento del proceso en favor de Land. Hasta el momento, no se acreditaron irregularidades y el concurso continúa formalmente en trámite.
La disputa no gira alrededor de una vacante menor. La Secretaría Electoral de Río Negro interviene, bajo el marco legal y las decisiones del juez competente, en la organización y fiscalización de los procesos electorales provinciales. La definición adquiere especial relevancia por la proximidad de la discusión política rumbo a 2027.
La vacante se produjo durante la primera parte de 2026, tras la jubilación de Verónica Belloso, quien ocupó esa función durante más de once años. El proceso comenzó con aspirantes inscriptos y llegó a una instancia de examen de oposición con seis postulantes habilitados.
La información publicada oficialmente por el Poder Judicial de Río Negro confirma que el concurso permanece abierto. La nómina habilitada para rendir incluyó a Fernando Daniel García Rampellotto, María Mercedes Buzzo, Patricia Noemí Delgado, Hugo Nicolás Land, Nancy Analía Peilman y Lumila Paola Rossi. Los resultados del examen fueron difundidos mediante códigos para preservar la identificación durante esa etapa del procedimiento.
El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, formalizó su reclamo el 3 de junio ante el Consejo de la Magistratura. El legislador pidió conocer el estado del concurso, los antecedentes de cada postulante y las decisiones adoptadas durante el procedimiento.
El planteo opositor se concentra en la relación política de Land con el oficialismo provincial. El exministro trabaja actualmente dentro del bloque legislativo de Juntos Somos Río Negro, el espacio conducido por Alberto Weretilneck. Para Berros, esa cercanía obliga a extremar los controles para preservar la independencia del proceso.
"Podría haber un direccionamiento", sostuvo el legislador en su presentación. También afirmó: "La independencia judicial y la confianza ciudadana dependen de que estos procedimientos se desarrollen con plena claridad y sin condicionamientos externos".
Desde Cambia Río Negro, el sector liderado por Aníbal Tortoriello, también cuestionaron la candidatura. Ese espacio interpretó la postulación como parte de una estrategia del oficialismo para sostener influencia dentro de áreas sensibles del Estado provincial. La acusación forma parte de la disputa política y no constituye una conclusión del expediente administrativo.
Desde Juntos Somos Río Negro rechazaron las críticas y remarcaron que Land compite bajo las mismas reglas que el resto de los postulantes. Fuentes oficialistas señalaron que el dirigente atravesó las instancias previstas dentro del concurso y que su pertenencia política no puede impedirle participar.
La discusión también generó posiciones más matizadas dentro de la oposición. El referente libertario César Domínguez reconoció la experiencia de Land dentro de la administración pública y sostuvo que corresponde garantizar su derecho a competir, siempre que se cumplan los pasos establecidos por la ley.
Por su parte, Ariel Rivero, dirigente de Primero Río Negro, relativizó el alcance del cargo y planteó que las decisiones centrales dependen del juez electoral. Sin embargo, el debate excede las atribuciones formales: la oposición pone el foco en la confianza institucional y en la necesidad de despejar sospechas antes de un año electoral decisivo.
La candidatura de Hugo Nicolás Land reactivó una discusión que atraviesa desde hace años la política rionegrina: el desembarco de exfuncionarios o dirigentes vinculados con el oficialismo en cargos judiciales o institucionales estratégicos.
Entre los antecedentes mencionados por sectores opositores aparecen Sergio Ceci, integrante del Superior Tribunal de Justicia, y Julián Fernández Eguía, quien pasó de la Fiscalía de Estado a desempeñarse como juez. La controversia no implica que esas designaciones hayan sido irregulares, pero alimenta el argumento político de quienes reclaman controles reforzados sobre el nuevo concurso.
El escenario puede volverse todavía más complejo porque el juez electoral Carlos Da Silva participa de otro proceso para cubrir una vocalía en la Cámara Laboral de Viedma. Una eventual designación podría generar movimientos simultáneos dentro de la estructura responsable de administrar los procesos electorales provinciales.
La controversia aparece en un momento de creciente tensión dentro del mapa político provincial. Juntos Somos Río Negro enfrenta discusiones internas, la oposición busca ampliar su capacidad de control y las distintas fuerzas comienzan a ordenar candidaturas para 2027.
En ese contexto, cualquier definición vinculada con la Justicia Electoral adquiere una sensibilidad especial. El punto central será que el Consejo de la Magistratura complete el procedimiento con reglas claras, documentación accesible y garantías suficientes para evitar que las sospechas políticas condicionen la legitimidad de la designación.
La disputa recién comienza. El concurso formal sigue abierto y Land es uno de los postulantes habilitados. La oposición intentará mantener el tema en agenda mientras se acerca la resolución de una vacante que puede tener peso institucional durante el próximo ciclo electoral.
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