País. Escándalo en Tandil: denunciaron al intendente por frenar un loteo

Una denuncia penal contra el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, abrió una fuerte controversia política y judicial alrededor del desarrollo inmobiliario Miradores de Montecristo, proyectado sobre la denominada Chacra 274 en la zona serrana de La Porteña. Los denunciantes sostienen que el Municipio frenó deliberadamente el emprendimiento mediante decisiones administrativas sin sustento técnico ni jurídico suficiente.

La presentación también alcanza al secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, y a dos particulares: Luis Cerone y Esteban Andrés Fernández. Entre las figuras penales mencionadas aparecen presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública, tráfico de influencias y estafa procesal. Las acusaciones deberán ser evaluadas por la Justicia y no implican responsabilidades confirmadas.

La denuncia contra Miguel Lunghi por el loteo de La Porteña

La acción judicial fue impulsada por Juan Pedro Martín Burs, Roberto Gastón Giove y el abogado Jorge Heter ante el Ministerio Público Fiscal. La causa recayó en la UFI N° 24 de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Ignacio Calonje.

El conflicto gira alrededor de Miradores de Montecristo, un proyecto urbanístico ubicado en la Chacra 274. Los desarrolladores argumentan que el loteo cuenta con un plano de subdivisión aprobado en 1946, antes de la entrada en vigencia de las normas actuales de ordenamiento territorial, y que esa situación habría generado derechos adquiridos.

Según la denuncia, el Municipio de Tandil habría paralizado el expediente administrativo, demorado autorizaciones y rechazado avances del proyecto mediante argumentos cambiantes. Los impulsores del emprendimiento sostienen que el freno afectó la comercialización de los lotes y provocó pérdidas económicas al desalentar a compradores e inversores.

La supuesta cautelar que quedó en el centro de la polémica

Uno de los puntos más sensibles de la presentación es la existencia de una presunta medida cautelar invocada públicamente para justificar la paralización de las obras.

Los desarrolladores afirman que esa resolución judicial nunca fue dictada ni notificada formalmente. En la denuncia sostienen que Lunghi habría mencionado públicamente una cautelar para explicar por qué el proyecto no podía avanzar, pese a que no existiría una orden judicial vigente con ese alcance.

El planteo también incorpora audios, registros de reuniones y comunicaciones internas que, según los denunciantes, permitirían demostrar que el expediente quedó frenado por razones ajenas a la legalidad urbanística. Entre las pruebas mencionadas aparece un audio atribuido a Luciano Lafosse, quien habría reconocido que el trámite no avanzaba por la oposición de un particular.

Una acusación de USD 500.000 y la intervención de particulares

La presentación judicial también menciona una acusación de especial gravedad contra Luis Cerone, señalado por los denunciantes como supuesto instigador y beneficiario económico de la maniobra.

De acuerdo con el escrito, Cerone habría exigido un pago de USD 500.000 para "levantar el bloqueo" que impedía avanzar con el loteo. Esa versión forma parte de la denuncia y deberá ser corroborada por la Justicia mediante el análisis de las pruebas incorporadas a la causa.

Los desarrolladores también cuestionan lo que denominan una "trampa tributaria". Según su relato, el Municipio habría liquidado y cobrado tasas lote por lote antes de impulsar una unificación de la Chacra 274 y negar la factibilidad eléctrica del predio.

Qué respondió el Municipio de Tandil

El gobierno municipal rechazó las sospechas y sostuvo que el conflicto debe analizarse dentro del marco de las normas ambientales y urbanísticas vigentes.

La administración de Miguel Lunghi planteó que la existencia de un loteo o una subdivisión dominial no habilita automáticamente la urbanización de un predio. También remarcó que el área alcanzada por el proyecto está considerada como "zona rural no urbanizable" por el Plan de Desarrollo Territorial y por el régimen de Paisaje Protegido.

Desde el Ejecutivo local también indicaron que existe una disputa entre privados sobre la titularidad y la posibilidad de urbanizar las tierras. Según esa explicación, las declaraciones públicas del intendente buscaron evitar perjuicios para eventuales compradores mientras la situación judicial no estuviera resuelta.

El conflicto llegó al Concejo Deliberante

La controversia no quedó limitada al expediente penal. Los desarrolladores solicitaron posteriormente la interpelación de Miguel Lunghi y reclamaron medidas contra funcionarios municipales vinculados con el caso.

El expediente también generó inquietud dentro de la oposición local. El bloque Acción Tandilense-La Libertad Avanza expresó preocupación por la gravedad de las acusaciones y pidió que se esclarezca la actuación de los funcionarios involucrados.

La causa pone bajo presión a una gestión con más de dos décadas al frente del municipio. Miguel Lunghi, dirigente radical y figura central de la política tandilense, enfrenta ahora una denuncia que combina urbanismo, ambiente, intereses privados y control sobre las decisiones administrativas.

Una disputa inmobiliaria con impacto político

El avance de la investigación será determinante para establecer si existieron irregularidades o si el conflicto responde a una disputa entre privados atravesada por restricciones urbanísticas legítimas.

La Justicia deberá analizar expedientes administrativos, audios, comunicaciones y decisiones adoptadas por distintas áreas municipales. También tendrá que determinar si la normativa ambiental impedía efectivamente el desarrollo y si las acusaciones sobre presuntas maniobras coordinadas cuentan con respaldo probatorio.

El caso puede tener un impacto político relevante en Tandil. La controversia expone la tensión entre el crecimiento inmobiliario, la protección del paisaje serrano y la obligación de garantizar reglas transparentes para inversores, vecinos y propietarios.