Política. La crisis de Adorni complica la reforma de Inocencia Fiscal

La crisis política por el patrimonio de Manuel Adorni comenzó a impactar sobre la agenda legislativa del Gobierno de Javier Milei. El anteproyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal quedó bajo presión antes de ingresar formalmente al Congreso, después de que el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieran al régimen simplificado de Ganancias en medio de la investigación judicial sobre sus bienes y movimientos financieros.

De acuerdo con la información difundida por iProfesional, el oficialismo no tendría garantizado el respaldo de los bloques aliados para aprobar la reforma en ambas cámaras. La controversia por Adorni alteró una discusión que originalmente estaba centrada en ampliar beneficios para contribuyentes, flexibilizar controles y facilitar la incorporación de fondos al circuito formal.

El caso Adorni golpeó el debate por la Inocencia Fiscal

La polémica creció después de que Adorni presentara una rectificación patrimonial e incorporara activos que no habían sido incluidos en declaraciones juradas anteriores. El funcionario atribuyó una parte relevante de esos fondos a inversiones realizadas con Bitcoin antes de su llegada al Gobierno.

El episodio abrió dos discusiones paralelas. La primera es judicial: la Justicia Federal deberá determinar si las explicaciones del jefe de Gabinete cuentan con respaldo documental suficiente y si existieron omisiones relevantes. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó las nuevas declaraciones juradas mientras evalúa ampliar la investigación patrimonial.

La segunda discusión es política. Adorni y Bettina Angeletti adhirieron al régimen simplificado previsto en la Ley 27.799, una decisión que generó cuestionamientos porque el sistema limita determinadas facultades de fiscalización de ARCA sobre períodos anteriores cuando se cumplen las condiciones establecidas por la normativa.

Qué propone el anteproyecto de reforma fiscal

El anteproyecto busca modificar el régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias creado por la Ley 27.799. La iniciativa redefine el alcance de la presunción de exactitud, amplía el universo de contribuyentes habilitados y establece nuevas reglas para las fiscalizaciones iniciadas por ARCA.

Uno de los cambios más relevantes consiste en eliminar los límites patrimoniales y de ingresos actualmente exigidos para ingresar al régimen. La ley vigente establece topes de $1.000 millones de ingresos totales y $10.000 millones de patrimonio durante los períodos de referencia. El anteproyecto propone reemplazar esos umbrales por un criterio vinculado con la categoría de gran contribuyente nacional definida por ARCA.

La reforma también incorpora una ventana de corrección. Un contribuyente podría presentar una declaración jurada rectificativa dentro de los 15 días hábiles posteriores a una notificación de ARCA, regularizar la diferencia y preservar determinados beneficios del régimen.

Otro punto central es la carga de la prueba. El anteproyecto establece que ARCA deberá acreditar con elementos concretos la existencia de una discrepancia significativa antes de impugnar una declaración simplificada. El organismo podría utilizar datos declarados por el contribuyente, información disponible en sus sistemas y registros aportados por terceros.

La alternativa para excluir a funcionarios quedó bajo tensión

Antes de que estallara el caso Adorni, distintos sectores habían planteado incorporar una prohibición para que funcionarios, exfuncionarios y familiares cercanos utilizaran el régimen de Inocencia Fiscal. La propuesta buscaba evitar que una herramienta destinada a formalizar ahorros privados terminara funcionando como escudo para dirigentes políticos obligados a presentar declaraciones patrimoniales.

Sin embargo, esa alternativa perdió fuerza después de conocerse que funcionarios nacionales y familiares ya se encuentran entre los contribuyentes inscriptos. Según iProfesional, el régimen supera los 80.000 adherentes.

La dificultad política es evidente: excluir hacia adelante a los funcionarios podría reforzar los cuestionamientos sobre quienes ya ingresaron al sistema. Pero mantener el régimen sin cambios puede profundizar las críticas opositoras y debilitar el respaldo de los bloques dialoguistas.

Qué es el régimen simplificado de Ganancias

El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal durante febrero de 2026. La normativa creó un régimen de declaración simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas, con información precargada y mecanismos destinados a facilitar el cumplimiento tributario.

La reglamentación oficial también exige que las operaciones sean canalizadas mediante medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, con el objetivo de garantizar trazabilidad dentro del circuito financiero formal.

La discusión no pasa únicamente por la simplificación administrativa. El régimen incorpora una presunción de exactitud y limita la posibilidad de utilizar ciertos indicios generales para desconocer una declaración. Por eso, cualquier modificación tiene impacto directo sobre el equilibrio entre formalización económica y capacidad de fiscalización estatal.

El costo político para la agenda económica de Milei

La controversia llega en un momento delicado para el oficialismo. El Gobierno de Javier Milei necesita acuerdos parlamentarios para avanzar con reformas estructurales, pero el caso Adorni deterioró el vínculo con sectores aliados y alimentó reclamos de mayor transparencia. Medios nacionales informaron que dirigentes del PRO y la UCR comenzaron a tomar distancia después de las explicaciones patrimoniales del jefe de Gabinete.

El anteproyecto todavía no fue enviado formalmente al Congreso. Por eso, no puede afirmarse que haya sido definitivamente descartado. Pero el escenario político cambió: una reforma pensada para ampliar beneficios fiscales quedó asociada a una crisis patrimonial que involucra a uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.

La definición dependerá de la estrategia que adopte la Casa Rosada. El oficialismo deberá decidir si modera la iniciativa, si incorpora restricciones para funcionarios o si posterga el debate hasta que se despejen los interrogantes sobre Manuel Adorni.