13 de junio de 2026
La Justicia abrió los concursos preventivos de Rosana y Sergio Todisco, accionistas de Textilana y garantes de parte de sus obligaciones. La empresa acumula pasivos por $5.200 millones, pérdidas y stock sin vender.
Panorama. El concurso alcanzó a los dueños porque parte de las obligaciones financieras de Textilana estaba respaldada con garantías personales.
La crisis de Textilana, la histórica fabricante de los pulóveres Mauro Sergio, dejó de ser exclusivamente empresarial y alcanzó el patrimonio personal de la familia controlante. La Justicia Comercial de Mar del Plata dispuso la apertura de los concursos preventivos de Rosana Laura Todisco y Sergio Esteban Todisco, actuales dueños de la compañía e hijos de su fundador.
Los accionistas habían respaldado con garantías personales parte de las obligaciones asumidas por la firma. Por ese motivo, el juez Héctor Fabián Casas, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 15 de Mar del Plata, resolvió unificar los tres expedientes bajo un único esquema de seguimiento y fiscalización.
La decisión expone la profundidad de la crisis financiera de una de las marcas más reconocidas de la industria textil argentina. La empresa se presentó en concurso preventivo el 26 de marzo y declaró obligaciones por aproximadamente $5.200 millones.
Los procesos individuales de Rosana Todisco y Sergio Todisco fueron abiertos el 10 de junio. La documentación judicial los identifica como codeudores, fiadores y garantes de préstamos, descubiertos bancarios y líneas de financiamiento tomadas por Textilana para sostener su actividad.
La medida no implica una quiebra automática. El concurso preventivo es una herramienta judicial que permite ordenar los pasivos, negociar nuevas condiciones con los acreedores y buscar una salida que evite el cierre definitivo. Sin embargo, la incorporación de los accionistas al proceso muestra que el deterioro superó los límites de la sociedad comercial y comprometió bienes personales de la familia empresaria.
Entre los principales acreedores aparecen BBVA, Banco Nación, Banco Provincia, Santander y Galicia. También figura Mercado Libre por financiamiento comercial asociado con la operatoria de la empresa.
Los expedientes registran obligaciones superiores a $574 millones con BBVA, $563 millones con Banco Nación, $412 millones con Banco Provincia, $213 millones con Santander y $139 millones con Galicia. A esos compromisos se suman descubiertos en cuentas corrientes, consumos con tarjetas corporativas y deudas con proveedores del exterior.
Los balances muestran que el deterioro venía profundizándose desde antes de la presentación judicial. Durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025, Textilana facturó $13.956 millones, frente a los $17.425 millones registrados un año antes. La caída nominal fue cercana al 20%, pese a tratarse de un período atravesado por inflación elevada.
Las ventas físicas retrocedieron alrededor del 3,1% durante 2024 y volvieron a caer otro 22,4% en 2025. La baja acumulada quedó cerca del 25% frente a los niveles de 2023.
El impacto sobre los resultados fue directo. Después de registrar una ganancia cercana a $223 millones en el ejercicio anterior, la compañía terminó 2025 con pérdidas por aproximadamente $650 millones. La utilidad bruta descendió de $5.353 millones a $3.821 millones, mientras los gastos financieros prácticamente se duplicaron.
La empresa atribuyó la crisis a una combinación de factores: la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de costos y la competencia creciente de productos importados. El diagnóstico coincide con el escenario que atraviesa buena parte de la industria textil, golpeada por la menor demanda interna y el avance de prendas terminadas fabricadas en el exterior.
El endeudamiento financiero también escaló con rapidez. Las obligaciones bancarias pasaron de poco más de $300 millones a superar los $1.555 millones en un solo ejercicio. En paralelo, el efectivo disponible cayó desde más de $550 millones a poco más de $110 millones.
El desbalance se trasladó además al inventario. Los bienes de cambio aumentaron desde aproximadamente $14.417 millones hasta $15.827 millones, una señal de que la empresa acumuló productos terminados y materias primas en un contexto de ventas más débiles.
El nivel de stock superó los parámetros históricos y obligó a reducir el ritmo de producción en la planta de Mar del Plata. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, la empresa aplicó suspensiones que alcanzaron a 175 trabajadores, quienes percibieron el 78% de sus salarios durante ese período.
La situación genera preocupación en Mar del Plata, donde Textilana mantiene una presencia industrial de más de cuatro décadas. La firma produce prendas de punto y comercializa sweaters, cárdigans, sacos, camperas y accesorios bajo la marca Mauro Sergio. Su planta y administración están ubicadas sobre la Ruta 88.
Durante abril, los trabajadores suspendidos comenzaron a reincorporarse, aunque la reactivación fue limitada. Delegados gremiales advirtieron que la fábrica continuaba operando muy por debajo de su capacidad habitual y que parte del personal había acordado desvinculaciones.
La crisis no es un caso aislado. Otras empresas del rubro también ingresaron en procesos preventivos o redujeron su actividad durante los últimos meses. Entre ellas aparecen Lannot, dueña de Viamo, y Fantome Group, vinculada con marcas como Reebok, Kappa, Kevingston y Cheeky.
Uno de los datos más relevantes del expediente es que Rosana Todisco figura además como acreedora de la propia empresa por aproximadamente $467 millones, correspondientes a fondos aportados para sostener la actividad cuando la situación financiera ya mostraba señales de deterioro.
La secuencia permite reconstruir cómo se profundizó la crisis. Primero cayó el consumo. Después aumentó la competencia importada, se acumularon productos sin vender y comenzaron las suspensiones. Más tarde crecieron las necesidades de financiamiento bancario y las pérdidas operativas.
Finalmente, la deuda dejó de estar concentrada en Textilana y alcanzó a la familia que respaldó los compromisos con su patrimonio personal. La prioridad judicial será determinar si la empresa puede alcanzar acuerdos con sus acreedores y sostener la operación sin avanzar hacia una quiebra.
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