14 de junio de 2026
El jefe de Gabinete presentó su declaración jurada 2025 ante la Oficina Anticorrupción y exhibió un salto patrimonial del 775% desde su ingreso a la función pública. La explicación por inversiones en Bitcoin volvió a encender las críticas opositoras.
Millonario. Según los datos de su última declaración jurada, Adorni es uno de los funcionarios del Gobierno más acaudalados.
El patrimonio de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena política. El jefe de Gabinete declaró ante la Oficina Anticorrupción bienes por $944.575.052 correspondientes al período fiscal 2025, una cifra que representa un crecimiento nominal cercano al 775% frente a los $107,8 millones con los que había ingresado a la función pública al comienzo de la gestión libertaria.
El salto patrimonial fue atribuido principalmente al denominado "efecto cripto": ahorros en dólares que el funcionario dijo haber mantenido fuera del circuito formal y que vinculó con una inversión temprana en Bitcoin realizada antes de llegar al Gobierno. La presentación también reordenó el ranking interno de los funcionarios con mayores patrimonios dentro del Gabinete de Javier Milei.
La declaración jurada de Manuel Adorni informó un patrimonio total de $944.575.052. Según la documentación analizada, el monto contrasta con los $107,8 millones declarados al inicio de su paso por la función pública y lo ubica entre los funcionarios más acaudalados del equipo nacional.
La presentación se conoció después de una fuerte controversia por activos que el propio funcionario admitió haber omitido en declaraciones anteriores. De acuerdo con los datos publicados, la rectificación incluyó bienes y ahorros que habían quedado bajo análisis político y judicial por la evolución de su patrimonio.
El documento también expuso que el jefe de Gabinete incorporó el resultado de operaciones vinculadas con criptomonedas. Infobae informó que en la declaración jurada correspondiente a 2025, Adorni consignó USD 216.181 y detalló fondos originados en la venta de criptoactivos que, según su explicación, tenía desde antes de ingresar a la función pública.
La explicación central del funcionario apunta a una inversión en Bitcoin realizada en 2013. Según la versión difundida, esos fondos habrían permitido justificar una parte relevante de los ahorros en dólares que luego fueron incorporados a la declaración jurada.
El argumento cripto, sin embargo, no cerró la discusión política. La oposición y distintos sectores críticos del oficialismo pusieron el foco en la trazabilidad de las operaciones, la documentación respaldatoria y el motivo por el cual esos activos no habían sido informados previamente.
El punto judicial no pasa por si una inversión temprana en Bitcoin pudo haber generado ganancias. La pregunta que deberá responder la documentación es si las fechas, montos, billeteras digitales, ventas y movimientos declarados permiten reconstruir de manera consistente el origen de los fondos.
El caso de Adorni se suma a otros incrementos patrimoniales dentro del Gobierno. Según la información publicada, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, pasó de declarar $1,7 millones a $11 millones, una suba del 569% desde su ingreso a la función pública.
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, también mostró un incremento significativo: pasó de $2.307 millones a $11.851 millones, un avance del 413%. El presidente Javier Milei declaró un patrimonio que subió de $54 millones a $206 millones, equivalente a un aumento del 276%.
En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pasó de $52 millones a $78 millones, con una mejora del 149%. El canciller Pablo Quirno, que ingresó al Gobierno como secretario de Finanzas, declaró inicialmente $160 millones y en su última presentación informó $438 millones.
La nueva declaración jurada no desactivó la crisis. Por el contrario, volvió a colocar a Manuel Adorni bajo presión en un momento sensible para la Casa Rosada, con cuestionamientos opositores, pedidos de explicaciones y una discusión pública sobre la ética de los funcionarios.
El País informó que el jefe de Gabinete admitió haber mantenido fuera del circuito fiscal alrededor de medio millón de dólares, que atribuyó a operaciones con criptomonedas realizadas antes de asumir. La polémica también quedó atravesada por la investigación judicial sobre su evolución patrimonial y por el impacto político de sus rectificaciones.
Hasta el momento, la presentación patrimonial no implica por sí misma una responsabilidad penal. La Justicia deberá determinar si los datos incorporados son suficientes, si hubo omisiones relevantes y si la documentación permite respaldar el origen de los fondos.
El caso golpea un eje sensible del discurso oficial. El Gobierno de Javier Milei sostiene una narrativa pública basada en austeridad, transparencia y crítica a los privilegios de la política. Por eso, la evolución patrimonial del jefe de Gabinete genera un costo que excede el expediente administrativo.
La controversia también puede impactar en el Congreso. La oposición busca convertir el caso en un tema de control institucional, mientras el oficialismo intenta evitar que la agenda económica quede desplazada por una discusión sobre patrimonio, dólares, Bitcoin y declaraciones juradas.
Para el Gobierno, el desafío será sostener políticamente a Adorni sin que el caso erosione la credibilidad de su agenda. Para el funcionario, la clave estará en demostrar que el crecimiento patrimonial puede ser explicado con documentación verificable y que las rectificaciones no encubren una omisión deliberada.
La investigación deberá concentrarse en la trazabilidad del dinero. Las fechas de compra y venta de Bitcoin, las billeteras utilizadas, las transferencias, las cuentas bancarias, las propiedades declaradas y las deudas informadas serán elementos centrales para evaluar la consistencia de la explicación.
Infobae detalló que la declaración jurada incluyó propiedades que habían surgido en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, entre ellas una casa en el country Indio Cuá y un departamento con cochera en Caballito, ambos vinculados con operaciones que ya habían generado cuestionamientos públicos.
El expediente todavía está abierto. La explicación por el efecto cripto puede ser parte de una justificación patrimonial, pero no reemplaza la obligación de acreditar el origen, la evolución y la correcta declaración de los bienes.
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