17 de junio de 2026
Clínicas, sanatorios y entidades que trabajan con el PAMI alertaron sobre una situación financiera crítica y advirtieron que podría verse afectada la atención de millones de jubilados y pensionados. Reclaman una actualización de aranceles y mayores recursos para sostener las prestaciones.
La crisis financiera que atraviesa el PAMI sumó un nuevo capítulo luego de que entidades prestadoras de salud advirtieran sobre la posibilidad de interrumpir servicios por la falta de fondos y el atraso en los valores que reciben por las prestaciones. El reclamo involucra a clínicas, sanatorios y centros médicos que atienden a millones de jubilados y pensionados en todo el país.
Las cámaras empresarias del sector sostienen que la continuidad de la atención médica se encuentra en una situación crítica debido al retraso acumulado en los aranceles y a la insuficiencia de los aumentos recientemente anunciados por el organismo.
Seis entidades representativas de prestadores de salud denunciaron que los incrementos previstos para junio y julio, del 1,9% en cada caso, resultan insuficientes frente al aumento de costos que enfrentan las instituciones. Según señalaron, existe un atraso acumulado cercano al 102% en los valores de las prestaciones.
Entre las organizaciones que expresaron su preocupación se encuentran ADECRA, CAPRESS, ACAMI, FECLIBA, Salud Federal y CONFECLISA, que emitieron un comunicado conjunto alertando sobre el deterioro de las condiciones de financiamiento del sistema.
Las entidades sostuvieron además que, pese a las reuniones mantenidas con autoridades del organismo, todavía no se implementaron medidas suficientes para revertir la situación económica que atraviesan numerosos prestadores.
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Las cámaras empresarias señalaron que la falta de actualización de los valores y los problemas de financiamiento ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones médicas para millones de afiliados del PAMI.
El planteo se suma a otros conflictos registrados durante los últimos meses, incluyendo reclamos de profesionales de la salud, odontólogos y prestadores que denunciaron demoras en pagos y dificultades para sostener la atención.
Según distintos referentes del sector, la situación podría agravarse durante el invierno debido al incremento de la demanda sanitaria y a las dificultades económicas que enfrentan clínicas y sanatorios.
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El conflicto podría afectar a millones de jubilados y pensionados afiliados al PAMI.
De acuerdo con información publicada por Noticias Argentinas, el Gobierno nacional analiza alternativas para responder a los reclamos y evitar que el conflicto escale hacia una interrupción de prestaciones. Fuentes oficiales indicaron que el Ministerio de Economía trabaja en mecanismos de financiamiento para atender la situación.
Desde el oficialismo reconocen la preocupación generada por los reclamos de los prestadores, aunque sostienen que se buscan soluciones que permitan sostener la atención médica sin comprometer los objetivos fiscales de la administración nacional.
Hasta el momento, no se anunciaron medidas concretas ni un esquema definitivo de recomposición de aranceles para las instituciones que prestan servicios al organismo.
La situación genera preocupación debido a la magnitud del sistema administrado por el PAMI, que brinda cobertura médica a millones de jubilados y pensionados en Argentina. Las advertencias de los prestadores ponen el foco sobre la sostenibilidad financiera del esquema de atención y sobre la necesidad de garantizar el acceso a la salud de una población especialmente vulnerable.
El conflicto también representa un nuevo desafío para el Gobierno de Javier Milei, que busca evitar una profundización de la crisis en uno de los organismos más importantes del sistema sanitario argentino.
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