Mundo. Ecuador: Noboa decretó el estado de excepción en 10 provincias

El Gobierno de Ecuador volvió a recurrir al estado de excepción como herramienta para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país. El presidente Daniel Noboa firmó un decreto que establece la medida por 60 días en siete provincias, dos cantones y todas las cárceles del sistema penitenciario nacional, en respuesta al aumento de la violencia asociada a organizaciones criminales.

La decisión alcanza a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, además del Distrito Metropolitano de Quito y el cantón minero de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay. Según argumentó el Ejecutivo, en esos territorios persisten niveles elevados de violencia, homicidios y actividades de grupos armados organizados.

Qué establece el nuevo estado de excepción en Ecuador

El decreto firmado por Daniel Noboa contempla la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para realizar operativos de control y seguridad en las zonas incluidas dentro de la medida.

Además, autoriza la suspensión de algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en los territorios afectados. También habilita restricciones a la libertad de tránsito durante determinadas franjas horarias mediante toques de queda focalizados.

Según explicó el Gobierno ecuatoriano, el objetivo es fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, los secuestros y otros delitos violentos.

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Las provincias de Ecuador más afectadas por la violencia

La mayoría de las provincias incluidas en el decreto concentran algunos de los índices más altos de violencia del país.

Guayas, cuya capital es Guayaquil, continúa siendo uno de los principales focos de enfrentamientos entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico. También figuran Los Ríos y Manabí, territorios donde las autoridades han reportado asesinatos, ataques armados y disputas entre grupos delictivos.

Por su parte, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos y Orellana presentan problemas asociados al tráfico de drogas, contrabando y actividades ilegales en zonas fronterizas y estratégicas para las rutas criminales.

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El Gobierno ecuatoriano desplegará fuerzas militares y policiales en los territorios incluidos.

El sistema penitenciario vuelve a quedar bajo medidas extraordinarias

El decreto también incluye a todas las cárceles del país, un punto central dentro de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa.

Las prisiones ecuatorianas han sido escenario de numerosos episodios de violencia durante los últimos años, con enfrentamientos entre bandas rivales que dejaron centenares de muertos y obligaron al Estado a desplegar operativos militares en distintos centros de detención.

Las autoridades sostienen que gran parte de las estructuras criminales continúan operando desde el interior de las cárceles, motivo por el cual el Ejecutivo decidió mantener controles extraordinarios dentro del sistema penitenciario.

El contexto de la crisis de seguridad en Ecuador

La medida se produce en medio de una persistente crisis de seguridad que convirtió a Ecuador en uno de los países con mayores tasas de homicidios de la región en los últimos años.

Desde comienzos de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno contra organizaciones criminales, catalogadas oficialmente como grupos terroristas. A partir de entonces, las Fuerzas Armadas participan activamente en operativos de seguridad junto a la Policía Nacional.

Pese a las acciones implementadas, las autoridades consideran que la amenaza criminal continúa siendo elevada en varias regiones del país, especialmente en zonas costeras y corredores utilizados para el tráfico internacional de drogas.

El impacto político y social de la decisión de Daniel Noboa

La nueva declaración de estado de excepción refleja las dificultades que enfrenta el Gobierno ecuatoriano para contener la violencia asociada al crimen organizado.

La continuidad de estas medidas excepcionales también reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos constitucionales, mientras las autoridades sostienen que la prioridad es recuperar el control territorial frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor estructuradas.