18 de junio de 2026
La Justicia comercial decretó la bancarrota de Gugax, una firma vinculada al negocio agropecuario. La empresa acumula 1.199 cheques rechazados, denuncias por presuntas estafas y reclamos de acreedores en distintas provincias.
Consecuencias. La quiebra de Gugax golpea la confianza en las cadenas de pago del sector y deja bajo revisión judicial operaciones con proveedores, bancos y maquinaria agrícola.
La quiebra de Gugax S.A. sacudió al sector agropecuario y financiero. La Justicia Comercial decretó la caída de la empresa, constituida en 2011 y dedicada a la comercialización y distribución de productos para el agro, tras acumular más de $11.300 millones en cheques rechazados y múltiples deudas con bancos, proveedores y firmas del sector.
La resolución fue dictada por el juez Fernando Saravia, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 11, quien hizo lugar al pedido de propia quiebra presentado por la sociedad en octubre de 2025. El expediente también incluye denuncias por presuntas maniobras comerciales irregulares, pedidos de quiebra de acreedores y medidas para preservar eventuales activos de la compañía.
El dato más fuerte del caso surge de los registros del Banco Central. Según la información correspondiente a abril de 2026, Gugax acumula 1.199 cheques rechazados por un monto total de $11.321 millones, sin que ninguno figure regularizado.
La cifra contrasta con el pasivo informado por la propia empresa cuando pidió su quiebra. En esa presentación, la firma reconoció deudas por aproximadamente $747,8 millones y sostuvo que había ingresado en cesación de pagos el 26 de septiembre de 2025.
Entre los principales acreedores declarados aparecen Diésel Lange, con más de $271 millones; Grúa San Blas, con alrededor de $141 millones; Oncity, con más de $74 millones; Difliama, con cerca de $71 millones; Milkaut, con casi $36 millones; y Grupo Simpa, con aproximadamente $33 millones.
La situación de Gugax no se limita a proveedores del agro. La empresa también registra obligaciones con entidades financieras como Banco Supervielle, Banco Galicia, Banco Macro, Banco Credicoop, BBVA y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Varias de esas deudas aparecen clasificadas dentro de las categorías de mayor riesgo crediticio del sistema financiero.
En su pedido de quiebra, la compañía atribuyó la crisis a la pérdida de financiamiento bancario, restricciones crediticias, conflictos con acreedores y una fuerte desconfianza del mercado respecto de su operatoria. También sostuvo que algunos acreedores habrían retirado mercadería sin devolver cheques recibidos como garantía de pago.
La explicación deberá ser evaluada dentro del expediente. Por ahora, la prioridad judicial será determinar qué activos existen, qué acreedores podrán verificar sus créditos y si las denuncias penales vinculadas con la operatoria comercial tienen sustento probatorio.
El caso también tiene un capítulo penal. En octubre de 2025, la Fiscalía General de General Pico, en La Pampa, informó la recuperación de tres tractores John Deere 0 km valuados en más de $650 millones. Según la investigación, las unidades habrían sido adquiridas por Gugax mediante una operatoria basada en cheques sin fondos.
La denuncia fue presentada por Diésel Lange, el principal acreedor informado por la propia compañía en el expediente comercial. De acuerdo con la acusación, la firma habría comprado las maquinarias utilizando 24 cheques emitidos contra distintas entidades financieras.
Los investigadores sostienen que los responsables de la empresa habrían simulado solvencia económica para cerrar la operación y luego incumplieron los pagos comprometidos. La Justicia ordenó allanamientos en distintas localidades bonaerenses y los tractores fueron secuestrados y restituidos a la firma denunciante.
La sentencia de quiebra incluyó una batería de medidas para preservar los bienes disponibles. El juez ordenó la clausura de la sede social ubicada sobre la avenida Álvarez Thomas, en la Ciudad de Buenos Aires, la inhibición general de bienes, el embargo de fondos en entidades financieras y la identificación de inmuebles u otros activos susceptibles de liquidación.
También dispuso la prohibición de salida del país para Oscar Máximo Díaz, presidente de la compañía, hasta diciembre de 2026. La resolución fijó además la inhabilitación de la sociedad y de sus administradores por el plazo de un año.
El expediente registró otro dato llamativo: después de declarada la quiebra, el abogado patrocinante de la empresa, Francisco José Chiarelli, informó al juzgado que había perdido contacto con Díaz y renunció a la representación de la firma.
La caída de Gugax expone un problema sensible para el mercado agropecuario: la confianza en las operaciones comerciales, el uso de cheques como instrumento de pago y la capacidad de los proveedores para verificar solvencia antes de entregar maquinaria, insumos o mercadería.
El impacto no se mide solo por el monto de los cheques rechazados. También pesa la cantidad de actores afectados, la dispersión territorial de las denuncias y el riesgo de que proveedores medianos o chicos queden atrapados en un proceso de cobro largo, incierto y con activos posiblemente insuficientes.
La intervención de fiscalías de distintas jurisdicciones muestra que el caso ya excede la dimensión estrictamente comercial. La sindicatura y la Justicia deberán reconstruir el circuito de operaciones, revisar la documentación respaldatoria y determinar el alcance real de las maniobras denunciadas.
Con la quiebra decretada, el futuro de Gugax queda en manos del proceso judicial. Los acreedores deberán verificar sus créditos y la sindicatura tendrá que identificar bienes, fondos, inmuebles, mercadería o activos recuperables para avanzar con una eventual liquidación.
El escenario aparece complejo. Hay más de $11.300 millones en cheques rechazados, deudas financieras de alto riesgo, denuncias penales y al menos cinco pedidos de quiebra promovidos por acreedores que fueron absorbidos por el expediente principal.
Para el sector agropecuario, el caso funciona como una advertencia sobre el deterioro de algunas cadenas de pago y la fragilidad de operaciones comerciales de gran volumen cuando se combinan financiamiento cortado, cheques impagos y pérdida de confianza.
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