País. El Gobierno niega deudas de PAMI con sanatorios y clínicas en medio de los reclamos de los prestadores

El Gobierno nacional negó la existencia de deudas del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) con clínicas, sanatorios y otros prestadores de salud, en medio de las protestas que se mantienen en el sector que denuncia varios meses de atrasos en los pagos. La postura fue expresada por el director ejecutivo del instituto, Esteban Leguizamo, quien sostuvo que los pagos se encuentran en proceso de normalización y rechazó las versiones que hablan de una crisis estructural.

Las declaraciones se producen luego de varios reclamos realizados por entidades médicas, prestadores y sindicatos del sector, que denunciaron atrasos en los pagos y dificultades financieras que impactan sobre la atención de los afiliados.

Según explicó Leguizamo, el organismo ya canceló vencimientos que se encontraban pendientes y avanza con la regularización administrativa de los pagos a los prestadores. El funcionario sostuvo que el PAMI "no está en crisis" y remarcó que los retrasos registrados responden a cuestiones operativas y de gestión.

El titular de la obra social afirmó además que la provisión de medicamentos y las prestaciones médicas para los afiliados continúan garantizadas y que no existen riesgos para la continuidad de los servicios.

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Esteban Leguizamo, titular del PAMI.

Durante las últimas semanas, representantes del sector sanitario denunciaron atrasos en los pagos por parte del PAMI y advirtieron sobre una situación financiera compleja para numerosos prestadores.

Diversas entidades señalaron que la deuda reclamada alcanzaba cifras cercanas a los $500.000 millones, incluyendo obligaciones con clínicas, sanatorios, médicos, farmacias y otros proveedores de servicios de salud.

En ese contexto, profesionales médicos llevaron adelante medidas de fuerza y cuestionaron cambios en los esquemas de remuneración implementados por el organismo. El conflicto derivó en paros y advertencias sobre posibles dificultades en la atención de los afiliados.

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Frente a los cuestionamientos, fuentes oficiales señalaron que el Gobierno comenzó a ejecutar transferencias para regularizar pagos pendientes y reducir la conflictividad con los prestadores. Incluso desde el Ministerio de Salud reconocieron la necesidad de avanzar en un esquema de normalización financiera.

De acuerdo con información publicada por distintos medios, el Ejecutivo sostuvo que parte de los desembolsos ya fueron realizados y que el objetivo es estabilizar el flujo de pagos hacia clínicas, sanatorios y profesionales de la salud.

Mientras tanto, el PAMI insiste en que la situación del organismo está bajo control y que los servicios para los más de cinco millones de afiliados continúan funcionando con normalidad.

Lo cierto es que la discusión sobre las finanzas del PAMI permanece en el centro de la escena, mientras los reclamos de los prestadores de servicios continúa y donde los propios jubilados alzan su voz para reclamar mejoras en la atención sanitaria y en la entrega de medicamentos, que producto de los recortes del Programa Remediar y del ajuste general llevado a cabo por el Gobierno nacional, su acceso a los adultos mayores se ha vuelto una verdadera odísea.