País. Escándalo en Entre Ríos: un concejal atacó a golpes a un intendente

Un violento episodio sacudió la política municipal de Entre Ríos: el concejal peronista Ariel Lemos atacó a golpes al intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruiz, durante una sesión del Concejo Deliberante. La discusión se originó por el cobro de un canon a los puesteros que participarán del Festival de Jineteada, previsto para el fin de semana en esa localidad del departamento Paraná.

El enfrentamiento ocurrió el martes dentro del recinto legislativo, cuando Ruiz se presentó ante los concejales para pedir precisiones sobre la modalidad de pago del derecho de instalación que deberán abonar los vendedores durante el evento. La discusión escaló y, según relató el propio intendente, Lemos le dio golpes de puño en la oreja y el cráneo.

La pelea en el Concejo Deliberante de Pueblo Brugo

El eje de la discusión fue una ordenanza que establecía que los puesteros debían pagar el canon antes de las 13 horas del viernes, dentro del horario administrativo municipal. Martín Ruiz rechazó esa modalidad y planteó que los vendedores suelen abonar el mismo día en que se instalan en el predio donde se realiza la jineteada.

La diferencia administrativa derivó en una agresión física dentro del recinto. "En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó", contó el intendente. Luego agregó que se retiró cuando advirtió que estaba sangrando para recibir atención médica.

Pese al episodio, el Concejo Deliberante continuó el tratamiento del expediente y aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a actualizar los montos que se les cobrarán a los puesteros del Festival de Jineteada.

Denuncias cruzadas entre Ariel Lemos y Martín Ruiz

Después de la agresión, Martín Ruiz radicó una denuncia por lesiones en la dependencia policial de Pueblo Brugo y se realizó una constatación médico-policial en la Comisaría Cerrito. El intendente afirmó que recibió atención médica, se hizo una placa y que continuaba con dolor en la zona del ojo.

La situación judicial no quedó limitada a esa presentación. Según la información disponible, Ariel Lemos también realizó su propia denuncia, por lo que las actuaciones quedaron cruzadas entre ambos funcionarios municipales.

Hasta el momento, las responsabilidades deberán ser determinadas por las instancias policiales y judiciales correspondientes. El episodio, sin embargo, ya dejó un fuerte impacto político en una localidad donde el debate legislativo terminó atravesado por violencia física entre dirigentes del mismo espacio.

El trasfondo del conflicto por el Festival de Jineteada

El conflicto se produjo en la previa del Festival de Jineteada de Pueblo Brugo, programado para el sábado y domingo en el predio de la ex fábrica de alpargatas de la localidad. La discusión administrativa giró alrededor de cómo y cuándo debían pagar los vendedores por instalar sus puestos durante el evento.

Ruiz sostuvo que la organización buscó evitar el uso de fondos municipales. Según explicó, la doma fue licitada para no comprometer recursos públicos en una actividad cuya recaudación todavía no estaba garantizada.

El intendente calificó lo ocurrido como una situación evitable. "No estábamos tratando un tema complicado ni mucho menos", afirmó. También resumió el episodio con una frase de fuerte tono político: "Fue una boludez".

Una señal de alarma para la política local

La agresión en Pueblo Brugo expone el deterioro de los mecanismos de convivencia institucional en ámbitos municipales. Un debate por una cuestión operativa vinculada a un festival terminó en golpes, denuncias cruzadas y una crisis política dentro del oficialismo local.

El caso también muestra cómo conflictos administrativos menores pueden escalar cuando no existen canales de negociación claros dentro de los concejos deliberantes. En localidades pequeñas, donde las relaciones políticas suelen ser directas y personales, este tipo de episodios tienen un impacto inmediato sobre la confianza pública.

Para Entre Ríos, el hecho suma preocupación porque ocurrió dentro de un recinto legislativo y entre dirigentes del Partido Justicialista. La continuidad de las actuaciones judiciales será clave para definir responsabilidades y evitar que el caso quede reducido a una pelea interna sin consecuencias institucionales.