País. Salta: denuncian a una intendenta por malversación

La intendenta de Hipólito Yrigoyen, María Soledad Cabrera, fue denunciada penalmente por concejales del municipio salteño por presunta malversación de fondos y supuestas irregularidades en la administración de recursos públicos. La presentación fue realizada el 5 de junio ante el Ministerio Público Fiscal y quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal interviniente, en una causa que se encuentra en etapa inicial de investigación.

El expediente todavía no tiene responsabilidades determinadas. Los denunciantes pidieron que la Justicia analice la documentación presentada, reciba declaraciones y establezca si existieron conductas irregulares en el manejo de fondos municipales. Hasta el momento, no trascendieron medidas concretas de la Fiscalía ni una respuesta pública de la jefa comunal.

La denuncia por malversación de fondos en Hipólito Yrigoyen

La denuncia apunta a la administración municipal de Hipólito Yrigoyen, en el norte de Salta, y fue impulsada por un grupo de ediles que asegura haber reunido pruebas sobre presuntas irregularidades. De acuerdo con la información disponible, los concejales acudieron a la vía penal para que se investigue el destino de recursos públicos y se determine si hubo delitos o faltas administrativas.

La concejal Carla González afirmó que las presentaciones realizadas por el cuerpo legislativo incorporan documentación surgida del propio Ejecutivo municipal. "No es que uno las inventa: están con firma y sello de la intendenta. No es que nosotros estamos inventando los números", sostuvo, en declaraciones a la Radio Dix.

La edil remarcó que el rol de los concejales es poner los elementos a disposición de los organismos competentes, pero que la definición final corresponderá a la Justicia. "Nosotros podemos ser causales al realizar las denuncias, pero ¿quién es el que dictamina? Es la Justicia", planteó.

Unos $1.000 millones sin explicación

El testimonio de González incorporó un dato de fuerte impacto político. Según la concejal, el volumen general de fondos bajo sospecha podría rondar los $1.000 millones, de acuerdo con cálculos realizados sobre la coparticipación recibida por el municipio.

"Las coparticipaciones vienen de 2.200 millones de pesos. Estuve sacando cálculos con un contador amigo y, prácticamente, la mitad de la coparticipación hoy está faltando", afirmó la edil. Ante la consulta sobre si se trataba de alrededor de $1.000 millones sin explicación, respondió: "Sí, así es".

El monto deberá ser verificado por las instancias judiciales y de control. La cifra surge del planteo de la concejal y no equivale, por sí sola, a una determinación oficial de perjuicio fiscal. Sin embargo, instala una discusión sensible para la política local por la escala de los fondos mencionados y por el tamaño del municipio.

El rol de la Auditoría y las cuentas municipales

La concejal también apuntó contra la falta de respuestas de los organismos de control. Según relató, los ediles viajaron a la ciudad de Salta para presentarse ante la Auditoría General de la Provincia y pedir explicaciones por el estado de las rendiciones municipales.

"Fuimos a la Auditoría. Viajamos a Salta y fuimos. Porque acá nosotros necesitamos tener respuestas", sostuvo González. La edil indicó que llevaron documentación y pidieron que se informara por escrito por qué no avanzaban las auditorías vinculadas con el municipio.

De acuerdo con su testimonio, desde el organismo les respondieron que venían trabajando desde 2020 y que la documentación rendida por el Ejecutivo local presentaba problemas formales. "La ejecutiva hizo una rendición en la cual no tiene la firma digital en la documentación que presentó. Es por eso que la Auditoría la toma como inválida y realiza las denuncias pertinentes", señaló.

Ese punto puede convertirse en una de las claves del caso. Si las rendiciones fueron consideradas inválidas por falta de firma digital, la investigación deberá determinar qué documentación fue presentada, qué gastos se intentaron justificar y cuáles fueron los mecanismos de control aplicados desde la provincia.

Un municipio bajo tensión política

La denuncia contra Soledad Cabrera se inscribe en un clima de tensión institucional dentro de Hipólito Yrigoyen. Los concejales opositores sostienen que vienen reclamando explicaciones desde hace tiempo y que las respuestas oficiales no alcanzan para despejar las dudas sobre el manejo de los recursos.

La situación se agrava por el diagnóstico que hizo Carla González sobre el estado del municipio. Consultada por la realidad local, la edil fue contundente: "En pocas palabras, destrozado por donde lo mires".

La frase sintetiza el costado político del expediente. Más allá de lo que determine la Justicia, la denuncia ya abrió una crisis pública sobre transparencia, rendición de cuentas y capacidad de control municipal.

Qué deberá determinar la Justicia

La causa está en una etapa inicial. El proceso deberá reunir elementos de prueba, contrastar la documentación presentada por los concejales, requerir informes al municipio, analizar rendiciones y establecer si existieron irregularidades administrativas o conductas penales.

También será relevante conocer si la intendenta María Soledad Cabrera presenta una respuesta pública o judicial frente a las acusaciones. Hasta el momento, según la información publicada, se esperaba una eventual contestación de la jefa comunal.

El caso puede tener impacto provincial porque vuelve a poner en debate el funcionamiento de los controles sobre los municipios salteños. La investigación deberá definir si las denuncias reflejan un desorden administrativo, una falla de rendición o un posible manejo irregular de fondos públicos.