19 de junio de 2026
El gobernador cuestionó a los jefes comunales que reclaman asistencia financiera pero rechazaron la Ley de Financiamiento Estratégico. La pelea expone la crisis fiscal de los distritos, las negociaciones salariales abiertas y la discusión política hacia 2027.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, profundizó su enfrentamiento con intendentes y sectores opositores después del rechazo legislativo a la Ley de Financiamiento Estratégico, el proyecto con el que buscaba habilitar un endeudamiento provincial para obras, infraestructura y respuestas fiscales. La iniciativa no reunió los votos necesarios en la Cámara de Diputados y volvió a comisiones.
El mandatario apuntó contra los jefes territoriales que, según su mirada, piden asistencia financiera a la provincia pero al mismo tiempo bloquean las herramientas para conseguir recursos. "Están pensando en las elecciones de octubre de 2027. En el medio está el pueblo, que necesita respuestas, empleo e infraestructura", cuestionó Vidal.
El proyecto de endeudamiento provincial necesitaba una mayoría especial de 16 votos sobre 24 legisladores, pero el oficialismo no logró alcanzar los dos tercios requeridos. Ese resultado dejó al Gobierno de Claudio Vidal sin una herramienta que consideraba clave para financiar obras y atender una situación fiscal cada vez más exigente.
Tras la sesión fallida, el gobernador salió a marcar diferencias con la oposición y con intendentes que cuestionaron la toma de deuda. "Los mismos que hoy nos critican no pueden responder sobre lo mal administrada que estuvo nuestra provincia durante años", sostuvo. También acusó a sus adversarios de poner "palos en la rueda" mientras los municipios enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos.
La discusión tiene un fuerte contenido político. Para Vidal, el rechazo al financiamiento impide avanzar con inversiones estructurales. Para los intendentes opositores, en cambio, el problema está en la falta de precisión sobre el destino de los fondos, los controles y las garantías de una deuda en dólares.

El conflicto también expuso la fragilidad financiera de los municipios santacruceños. El ministro de Economía provincial, Ezequiel Verbes, afirmó que 8 de los 15 municipios no logran cubrir con recursos propios el pago de salarios y dependen mes a mes de transferencias extraordinarias de la provincia.
Vidal remarcó que la provincia cumple con la transferencia de fondos de coparticipación, pero además asiste a distintas intendencias para afrontar obligaciones salariales, aun cuando no tiene la obligación formal de hacerlo. Esa afirmación quedó en el centro de la disputa con los jefes comunales que piden más recursos, pero rechazan el esquema de endeudamiento.
La tensión fiscal se combina con un escenario social delicado. El conflicto salarial mantiene en alerta a la provincia: las fuerzas policiales sostienen protestas y acampes en Río Gallegos, mientras en Salud los gremios rechazaron una oferta de aumento del 16,8% y los docentes reclaman apertura de paritaria tras más de 40 días de paro.
El mapa municipal quedó partido. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, aparece como uno de los principales opositores al proyecto. Antes de la sesión extraordinaria, reclamó una mesa de trabajo y pidió abandonar lo que definió como una "extorsión permanente" alrededor del endeudamiento en dólares.
En la misma línea se ubicaron Javier Belloni, de El Calafate, y Darío Menna, de Río Turbio. Belloni cuestionó las garantías exigidas y la toma de deuda en moneda extranjera, mientras que Menna advirtió que cuando una provincia se endeuda en dólares también compromete recursos futuros.
Del otro lado, los intendentes de Pico Truncado, Perito Moreno, Gobernador Gregores y Comandante Luis Piedra Buena respaldaron semanas atrás el proyecto en la Legislatura. Sostuvieron que Santa Cruz enfrenta desafíos estructurales que requieren inversiones de gran escala en infraestructura, energía, conectividad y producción.
Más allá del rechazo al endeudamiento, varios intendentes opositores impulsaron una alternativa de financiamiento. En una reunión encabezada por Pablo Grasso en Río Gallegos, jefes comunales propusieron una Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial para redistribuir entre localidades el 50% de los fondos Unirse, de acuerdo con los coeficientes de coparticipación vigentes.
De ese encuentro participaron, entre otros, Javier Belloni, Pablo Anabalón, Darío Menna, Zulma Neira, Raúl Martínez, Aldo Aravena, Antonio Carambia y el titular de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike, Tomás Cabral.
La propuesta muestra que la pelea no se limita a estar a favor o en contra de tomar deuda. También hay una disputa por cómo se distribuyen los recursos disponibles, qué prioridad tienen los municipios y quién controla el destino del dinero.
La pelea entre Claudio Vidal y los intendentes tiene una dimensión inmediata, vinculada con salarios, obras y caja. Pero también proyecta una disputa de poder hacia 2027, cuando Santa Cruz volverá a discutir liderazgos territoriales y el equilibrio entre el Gobierno provincial, el peronismo y los jefes comunales.
El rechazo al endeudamiento dejó a Vidal con menos margen financiero y con una oposición municipal más activa. Al mismo tiempo, el gobernador intenta mostrar que los intendentes reclaman fondos sin acompañar las herramientas para conseguirlos.
El riesgo político para Santa Cruz es que la pulseada institucional paralice decisiones urgentes. Con municipios ajustados, conflictos salariales abiertos y obras pendientes, la falta de acuerdo puede profundizar el deterioro de la gestión cotidiana en una provincia golpeada por la caída del empleo y la tensión social.
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