20 de junio de 2026
El juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez y le prohibió salir del país. La causa incluye acusaciones por tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.
Crisis. El envío a juicio de Begoña Gómez golpea directamente al entorno del presidente español y puede fortalecer la ofensiva opositora contra el PSOE.
La Justicia española abrió juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una causa por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La decisión fue adoptada por el juez Juan Carlos Peinado, que además le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le ordenó presentarse cada 15 días ante el juzgado.
La resolución representa un golpe político de alto impacto para el gobierno socialista. La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas con la actividad profesional y académica de Begoña Gómez, especialmente alrededor de una cátedra universitaria y de su relación con empresarios. La defensa niega los hechos y el PSOE denunció una persecución judicial con motivación política.
El magistrado Juan Carlos Peinado dispuso la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Según la resolución, Gómez y Álvarez deberán responder por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.
En el caso de Barrabés, el empresario fue enviado a juicio por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigación apunta a determinar si existió un entramado de vínculos, recomendaciones o ventajas indebidas relacionadas con proyectos académicos y empresariales.
La causa se inició formalmente en abril de 2024 a partir de una denuncia del sindicato Manos Limpias. Luego se sumaron acusaciones populares como Hazte Oír y Vox, que impulsaron medidas cautelares y pidieron avanzar hacia el juicio.
Además de abrir el juicio oral, el juez impuso medidas cautelares estrictas. Begoña Gómez deberá entregar todos sus pasaportes, incluidos los diplomáticos, no podrá salir del territorio español y tendrá que comparecer cada dos semanas ante el juzgado. La misma medida fue aplicada a su asesora Cristina Álvarez.
El magistrado justificó la decisión en un supuesto riesgo de fuga. Según medios españoles, Peinado también ordenó informar a puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares para evitar que la imputada abandone el país durante la tramitación de la causa.
La decisión generó una fuerte controversia. Dirigentes del PSOE calificaron la medida como desproporcionada y sin fundamento jurídico, mientras que la oposición de derecha la presentó como una confirmación de la gravedad institucional del caso. La defensa de Gómez prevé recurrir la resolución ante la Audiencia de Madrid.
El expediente gira alrededor de la actividad profesional de Begoña Gómez y de una cátedra universitaria que codirigía. La investigación analiza convenios, financiamiento, uso de recursos públicos, vínculos con empresas y un software asociado a proyectos académicos.
Uno de los puntos más sensibles es si la esposa de Pedro Sánchez habría utilizado su posición institucional para favorecer determinados proyectos o relaciones profesionales. Gómez niega cualquier delito y sostiene que la investigación forma parte de una ofensiva política contra el presidente español.
El caso no implica una condena. La apertura de juicio oral significa que el juez considera que existen elementos suficientes para que las acusaciones sean debatidas en una instancia judicial, pero la responsabilidad penal deberá ser determinada por el tribunal correspondiente.
La decisión llega en un momento delicado para Pedro Sánchez, que enfrenta un escenario de alta polarización política y cuestionamientos de la oposición por distintos casos que afectan al entorno del oficialismo. El envío a juicio de su esposa agrega presión directa sobre el Palacio de la Moncloa y puede convertirse en uno de los ejes centrales del debate público en España.
Para el Gobierno, el desafío será evitar que el caso paralice la agenda política y legislativa. Para la oposición, en cambio, la causa ofrece un argumento de fuerte impacto contra Sánchez y contra el PSOE, especialmente porque involucra a su círculo familiar más cercano.
El expediente también profundiza una discusión institucional más amplia: el límite entre investigación judicial, acusación popular y confrontación política. En España, las acusaciones populares tienen un rol relevante en causas de alto impacto, pero su participación suele abrir debates sobre motivaciones partidarias y uso político de los tribunales.
La celebración del juicio todavía puede quedar condicionada por los recursos que presente la defensa. Si la Audiencia de Madrid confirma la decisión de Peinado, el caso avanzará hacia el debate oral, donde las partes deberán presentar pruebas, testigos y argumentos.
Mientras tanto, Begoña Gómez deberá cumplir las medidas cautelares impuestas: no salir de España, entregar el pasaporte y presentarse periódicamente ante el juzgado. El incumplimiento podría generar nuevas consecuencias procesales.
El caso queda abierto en dos planos. En el judicial, deberá determinarse si las acusaciones tienen sustento probatorio suficiente. En el político, Pedro Sánchez enfrentará una presión creciente sobre su liderazgo y sobre la estabilidad de su Gobierno.
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