21 de junio de 2026
El oficialismo quiere exigir dos tercios para habilitar el debate en el Senado y evitar que el jefe de Gabinete sea citado esta semana. La jugada apunta a trasladar la discusión a comisión y estirar los plazos hasta después del receso.
La Libertad Avanza busca blindar a Manuel Adorni en el Senado y postergar la interpelación impulsada por la oposición por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. La estrategia oficialista apunta a exigir una mayoría agravada de dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas en la sesión del jueves, lo que elevaría el umbral a 48 votos.
El movimiento puede cambiar el escenario parlamentario. Si se impone ese criterio, a LLA le alcanzaría con reunir 25 senadores para bloquear el intento opositor, evitar la interpelación inmediata y permitir que Adorni solo concurra el 2 de julio a brindar su informe de gestión, instancia en la que podría responder o no las preguntas de los legisladores.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, busca modificar el criterio fijado en Labor Parlamentaria, donde se había aceptado inicialmente que la interpelación podía habilitarse con 37 votos, es decir, con mayoría absoluta. Esa interpretación había sido impulsada por el jefe del interbloque peronista, José Mayans, bajo el argumento de que el artículo 101 de la Constitución Nacional es operativo.
El oficialismo ahora rechaza esa lectura y pretende aplicar estrictamente el reglamento del Senado. Según esa posición, cualquier proyecto que no tenga dictamen de comisión ni siete días de plazo solo puede tratarse sobre tablas con dos tercios de los votos.
La diferencia no es técnica: es política. Con mayoría absoluta, la oposición tendría más chances de sentar a Adorni en el recinto. Con dos tercios, el Gobierno mejora su margen defensivo y puede transformar una crisis parlamentaria en una negociación de procedimiento.

El poroteo es el eje de la semana. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y podría sumar a los dos legisladores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical Silvana Schneider. Con esos apoyos, llegaría a 24 votos.
El oficialismo necesitaría apenas un aliado más para alcanzar los 25 votos que le permitirían impedir que la oposición llegue a los dos tercios. Entre los posibles acompañamientos aparecen el mendocino Rodolfo Suarez, la neuquina Julieta Corroza, Edith Terenzi, de Despierta Chubut, y Carlos "Camau" Espínola, de Provincias Unidas.
En la vereda opuesta, el peronismo reúne 25 senadores del interbloque que preside Mayans. A ese número podrían sumarse los tres legisladores de Convicción Federal, los dos santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, y la salteña Flavia Royon. También son observados los dos senadores del PRO, representantes de Independencia y radicales como Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama.
Una alternativa que evalúa el oficialismo es aceptar que el proyecto pase primero por la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto. Ese camino permitiría ordenar el trámite, evitar el debate inmediato en el recinto y estirar los tiempos hasta después del receso invernal.
La maniobra tendría un efecto concreto: la interpelación ya no se resolvería esta semana y podría quedar postergada hasta agosto. Para la Casa Rosada, ese plazo es clave para bajar la tensión política, reordenar apoyos y evitar una sesión incómoda alrededor del patrimonio de uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei.
El caso también genera contradicciones dentro del propio oficialismo y sus aliados. Si el Senado habilitara una excepción con mayoría absoluta, quedaría debilitada la postura que en Diputados viene sosteniendo Martín Menem, quien defiende que los proyectos sin dictamen deben cumplir los requisitos reglamentarios o reunir dos tercios para ser tratados sobre tablas.
La ofensiva opositora contra Manuel Adorni se sostiene sobre los cuestionamientos a su incremento patrimonial y la necesidad de que el jefe de Gabinete brinde explicaciones ante el Congreso. La investigación judicial sobre ese crecimiento agregó presión institucional a una discusión que ya venía escalando en el plano político.
Para la oposición, la interpelación es una herramienta de control parlamentario prevista por la Constitución. Para el Gobierno, en cambio, el intento forma parte de una estrategia de desgaste contra uno de los voceros políticos más visibles del oficialismo.
La disputa se produce en un momento especialmente sensible para Adorni, que recibió en los últimos días gestos públicos de respaldo de Milei. Ese aval buscó cerrar filas dentro del Gobierno, pero también amplificó el costo político de una eventual derrota parlamentaria.
La pelea por la interpelación no se limita al caso personal de Adorni. También define hasta dónde puede avanzar la oposición en el uso de herramientas de control sobre el Ejecutivo y qué capacidad conserva el oficialismo para ordenar a los bloques dialoguistas.
El punto central será el criterio de votación. Si prevalece la mayoría absoluta, la oposición puede forzar una discusión incómoda para la Casa Rosada. Si se impone el requisito de dos tercios, La Libertad Avanza tendrá más margen para frenar el avance y trasladar la discusión al terreno de las comisiones.
Para el Gobierno, blindar a Adorni esta semana sería una victoria táctica en el Senado. Pero el costo puede ser mantener abierto el caso durante más tiempo, con nuevas negociaciones, exposición mediática y presión opositora en plena agenda legislativa.
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