21 de junio de 2026
Un informe sobre Edenor y Edesur advirtió una paradoja regulatoria en el AMBA: los usuarios pagaron más, pero la calidad no mejoró de manera uniforme. El deterioro golpeó con más fuerza al segundo y tercer cordón del Conurbano.
Las tarifas eléctricas en el AMBA volvieron a quedar bajo la lupa por una combinación sensible para los usuarios: aumentos sostenidos y deterioro de la calidad del servicio en zonas clave del área metropolitana. Un informe del Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (IAETES) analizó el primer año del período tarifario 2025-2030 y detectó fuertes diferencias entre Edenor y Edesur.
De acuerdo con el relevamiento, entre abril de 2025 y mayo de 2026 las tarifas tuvieron subas nominales de entre 29% y 34%, levemente por encima de una inflación del 29% para el mismo período. El problema central aparece en la calidad: mientras Edenor cumplió con los parámetros regulatorios, Edesur empeoró sus indicadores y registró incumplimientos en 23 de 24 partidos y comunas de su área de concesión.
El informe plantea una paradoja regulatoria: los usuarios pagan más, pero no siempre reciben un servicio mejor. En el caso de Edesur, el deterioro fue más marcado, con una frecuencia y duración de cortes muy por encima de los límites fijados para el primer semestre de la nueva revisión tarifaria.
El ENRE mide la calidad del servicio a través de dos indicadores. El SAIFI registra la cantidad promedio de interrupciones por usuario, mientras que el SAIDI mide la duración promedio de los cortes. Para Edenor, los límites eran 2,64 cortes y 5,04 horas. Para Edesur, los parámetros eran más exigentes: 2,07 cortes y 3,81 horas, por su mayor rezago histórico.
Según el relevamiento, Edenor operó con un SAIFI de 1,45 y un SAIDI de 3,52 horas, por debajo de los máximos establecidos. En cambio, Edesur tuvo un SAIFI de 5,04 y un SAIDI de 11,06 horas, niveles muy superiores a los permitidos.
El desempeño de Edesur fue el punto más sensible del análisis. El informe de IAETES sostuvo que el contraste entre distribuidoras es "estructural, no marginal" y advirtió que la empresa del sur del AMBA no solo partió de una situación deficiente, sino que empeoró durante el primer semestre de la nueva etapa tarifaria.
La situación golpea especialmente a los usuarios que ya enfrentan mayores costos en servicios públicos. En la práctica, el aumento de tarifas no se tradujo en una mejora equivalente del servicio para amplias zonas del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
El caso también reabre el debate sobre el rol del control estatal. Si el esquema tarifario habilita actualizaciones, pero los indicadores de calidad no mejoran, la discusión deja de ser solo económica y pasa a ser regulatoria: qué se exige, cómo se controla y qué sanciones se aplican cuando una distribuidora incumple.
El informe también analizó el impacto de la nueva segmentación de usuarios. En mayo, el precio efectivo de la energía para los usuarios N2 subió 80,8%, más del triple del IPC del período, mientras que para los N3 el incremento fue de apenas 8,7%.
El esquema de subsidios genera otro punto de tensión. Según el relevamiento, el descuento de $73,32 por kWh dentro del bloque de los primeros 300 kWh mensuales implica que el beneficio en pesos crece a medida que aumenta el consumo. Eso puede perjudicar a hogares con menor capacidad económica si el mayor consumo está asociado a peores condiciones habitacionales y no a derroche.
La discusión es especialmente relevante en invierno, cuando el uso de electricidad puede subir por calefacción, agua caliente, electrodomésticos y condiciones precarias de vivienda. En esos casos, una tarifa más alta y cortes frecuentes pueden impactar directamente sobre la calidad de vida.
El deterioro del servicio se concentró principalmente en el segundo y tercer cordón del Conurbano bonaerense, en partidos con mayor vulnerabilidad socioeconómica y menor densidad de usuarios por kilómetro de red.
San Vicente registró el peor indicador de frecuencia, con 22,67 interrupciones promedio por usuario en el semestre. Esa cifra equivale a casi un corte cada ocho días y queda muy por encima del sendero regulatorio de 2,8.
En duración de cortes, el caso más grave fue Cañuelas, con 38,57 horas semestrales, casi seis veces más que el parámetro regulatorio. El impacto allí se vuelve más fuerte por la actividad agroindustrial y la necesidad de sostener cadenas de frío, donde cada hora sin energía puede generar pérdidas económicas.
La suba de las tarifas eléctricas forma parte del proceso de recomposición de precios regulados impulsado en los últimos años. Sin embargo, el informe muestra que el aumento de ingresos para las distribuidoras no garantiza por sí solo una mejora inmediata en la calidad del servicio.
El dato es clave para el Gobierno, el ENRE y las empresas. Si los usuarios pagan más, la exigencia social y regulatoria sobre inversiones, mantenimiento y reducción de cortes también aumenta.
La discusión de fondo será cómo lograr que el nuevo período tarifario no quede limitado a una recomposición de ingresos. Para los hogares del AMBA, el criterio central es más concreto: pagar una factura más cara debería venir acompañado de menos cortes, mejor infraestructura y respuestas más rápidas ante fallas del servicio.
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