País. Córdoba impulsa la ley "antibúnker" para recuperar inmuebles utilizados por el delito

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una propuesta destinada a fortalecer la capacidad de intervención del Estado sobre inmuebles utilizados para actividades ilícitas o que, por su estado de abandono y deterioro, favorezcan la comisión de delitos y afecten la convivencia ciudadana.

La iniciativa establece un régimen administrativo y judicial específico para actuar sobre propiedades identificadas como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles desocupados o abandonados que representen un riesgo para la seguridad de los vecinos.

Qué establece la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos impulsada por Martín Llaryora

El proyecto contempla un procedimiento de intervención temprana que permitirá al Estado actuar de manera rápida, coordinada y proporcional sobre inmuebles vinculados a actividades delictivas.

Entre las herramientas previstas se encuentran la elaboración de actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundadas, además de la posibilidad de adoptar medidas preventivas como cerramientos, tapeados, clausuras provisorias, bloqueos de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles.

Según la propuesta, todas las actuaciones deberán respetar el debido proceso y las competencias correspondientes de la Justicia.

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El proyecto establece que, cuando la complejidad de la situación lo requiera, especialmente en causas vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la encargada de disponer medidas de mayor alcance.

Entre ellas figuran desalojos, demoliciones de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas y la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.

La iniciativa también incorpora mecanismos destinados a fortalecer el combate contra el narcotráfico mediante la utilización de bienes decomisados y recursos obtenidos en causas judiciales relacionadas con ese delito.

Uno de los puntos centrales del proyecto prevé la creación de un esquema específico para la administración de los recursos provenientes de bienes decomisados.

La propuesta establece que el 60% de esos fondos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El 40% restante será asignado al financiamiento de programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje integral del narcotráfico en la provincia.

La creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos en Córdoba

La iniciativa impulsada por Martín Llaryora también contempla la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos.

Estos organismos tendrán la función de coordinar acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la FPA, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba, municipios y comunas.

El objetivo es mejorar la articulación institucional y agilizar las intervenciones sobre inmuebles vinculados a organizaciones delictivas o situaciones de inseguridad.

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La iniciativa permitirá intervenir inmuebles utilizados para la venta de drogas y otras actividades delictivas.

Adhesión de municipios y recuperación de espacios utilizados por el delito

El proyecto invita a los gobiernos locales a adherir al nuevo régimen y a firmar convenios de cooperación con la Provincia para ejecutar intervenciones en sus territorios.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba busca fortalecer el trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado para recuperar espacios utilizados por organizaciones criminales y devolverlos al uso de la comunidad.

La propuesta apunta a consolidar una estrategia integral de seguridad que combine intervención estatal, coordinación institucional y recuperación de inmuebles asociados al delito.

Con la presentación de la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, la gestión de Martín Llaryora busca sumar una herramienta específica para enfrentar problemáticas vinculadas al narcotráfico, la inseguridad y el uso ilegal de inmuebles en Córdoba.

La iniciativa también refuerza la estrategia provincial de combate contra las organizaciones criminales mediante una mayor coordinación entre organismos públicos, la reutilización de bienes decomisados y la recuperación de espacios que, según el Gobierno, afectan la seguridad y la convivencia en distintos barrios de la provincia.