25 de junio de 2026
El Comité de Descolonización aprobó por consenso una resolución que reclama reanudar las negociaciones por la soberanía de las Islas. El canciller Pablo Quirno denunció la militarización británica y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
Insistencia. La resolución refuerza el reclamo argentino de que Malvinas es una disputa de soberanía pendiente y que debe resolverse por negociación bilateral.
El Comité de Descolonización de la ONU aprobó por consenso una resolución que vuelve a pedir a Reino Unido que negocie con Argentina la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. La decisión se tomó en una audiencia en Nueva York, donde el canciller Pablo Quirno defendió la posición argentina y denunció la presencia militar británica y las licencias otorgadas por Londres para explotar recursos naturales en áreas bajo disputa.
El texto aprobado sostiene que la forma de poner fin a la situación colonial en la cuestión Malvinas es una solución pacífica y negociada entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido. Además, lamenta que aún no se hayan aplicado las resoluciones de la Asamblea General y pide reanudar las negociaciones "a la mayor brevedad posible".
La resolución fue copresentada por Chile y contó con el respaldo formal de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Según la información diplomática difundida, el proyecto fue aprobado por consenso luego de negociaciones encabezadas por la representación argentina ante Naciones Unidas, con participación del embajador Francisco Tropepi.
El caso Malvinas se analiza desde hace décadas en el sistema de Naciones Unidas. La Cancillería argentina recuerda que, desde 1989, el examen anual de la cuestión se realiza principalmente en el Comité Especial de Descolonización, que reitera que la controversia debe resolverse mediante negociaciones de soberanía entre ambos países.
La posición argentina sostiene que la disputa no puede ser resuelta bajo el principio de autodeterminación de los isleños, argumento utilizado por Londres. En ese punto, la diplomacia nacional remarca que las resoluciones de la ONU sobre Malvinas no incorporan ese principio y que en 1985 la Asamblea General rechazó intentos británicos de incluirlo.
Durante su exposición, Pablo Quirno afirmó que la Argentina sostiene "con plena convicción histórica y jurídica" su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, a los que definió como territorios ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde 1833.
El canciller también cuestionó la presencia militar británica en las islas. Según su presentación, hay aproximadamente 1.200 soldados británicos destacados en el territorio, una cifra que equivale a cerca del 40% de la población local. Para Quirno, ese dato revela una militarización "difícil de conciliar" con el llamado permanente de la ONU al diálogo y a una solución pacífica.
Otro eje del discurso fue la explotación de recursos naturales. Quirno denunció que el Reino Unido otorga de manera unilateral licencias y concesiones para exploración y explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en áreas bajo disputa. En particular, mencionó los anuncios realizados en diciembre de 2025 por Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited sobre el desarrollo del yacimiento Sea Lion, en la cuenca Malvinas Norte.
La delegación argentina volvió a remarcar que en Malvinas no existe un pueblo colonizado al que pueda aplicarse el principio de libre determinación. Quirno sostuvo que la población actual es británica e implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de autoridades y pobladores argentinos.
"En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos", planteó el canciller ante el Comité.
La postura fue reforzada por las presentaciones de Paula Vernet, descendiente de Luis Vernet, primer comandante político y militar de las Islas Malvinas designado en 1829, y de Guillermo Clifton, nieto de un habitante nacido en las islas que luego se radicó en la Patagonia. Ambos buscaron aportar dimensión histórica y familiar al reclamo argentino.
En la audiencia también expuso Michael Goss, representante isleño, quien defendió la posición británica y cuestionó que se pidan negociaciones entre Argentina y Reino Unido sin incluir a la población de las islas. Goss sostuvo que los isleños existen como comunidad y rechazó que el reclamo argentino pueda ser presentado como una negociación abierta.
Ese argumento resume la diferencia central entre las partes. Londres sostiene que debe respetarse la voluntad de los habitantes de las islas, mientras que Argentina considera que se trata de una disputa bilateral de soberanía reconocida por Naciones Unidas y que la población actual deriva de una ocupación colonial.
La resolución del Comité no modifica por sí sola la posición británica, que históricamente rechazó sentarse a negociar soberanía. Sin embargo, mantiene vigente el respaldo internacional al reclamo argentino de una solución pacífica y negociada.
El pronunciamiento de la ONU llega en un momento particular para la política exterior del gobierno de Javier Milei, que busca profundizar su alineamiento con Estados Unidos y sostener, al mismo tiempo, la continuidad del reclamo soberano por Malvinas como política de Estado.
El propio Quirno informó al Presidente que el proyecto había sido aprobado con fuerte consenso, mientras Milei y el canciller tenían previsto encontrarse en Madrid en el marco de la gira internacional del jefe de Estado.
Para la Casa Rosada, el respaldo del Comité de Descolonización ofrece una señal diplomática relevante. Aunque no obliga a Londres a cambiar su posición, sí refuerza el encuadre internacional que Argentina sostiene desde hace décadas: la cuestión Malvinas sigue abierta y debe resolverse mediante negociación bilateral.
El nuevo pronunciamiento del Comité de Descolonización mantiene viva la presión diplomática sobre el Reino Unido y reafirma que la comunidad internacional reconoce la existencia de una disputa de soberanía. Ese punto es central para Argentina, porque impide que el caso quede reducido a una discusión interna británica o a la voluntad exclusiva de los habitantes de las islas.
El impacto político también es interno. Malvinas es una de las pocas causas de consenso transversal en la Argentina, y cada respaldo en Naciones Unidas permite al Gobierno mostrar continuidad institucional en una agenda que atraviesa administraciones de distinto signo político.
El desafío seguirá siendo convertir ese respaldo diplomático en una negociación efectiva. Hasta ahora, Londres se negó a discutir soberanía. Por eso, el valor de la resolución está en sostener la legitimidad internacional del reclamo argentino y en renovar el llamado a una salida pacífica, jurídica y negociada.
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