26 de junio de 2026
Una investigación periodística reveló que el jefe de Gabinete adquirió un monitor y dos proyectores para videojuegos con tarjetas de funcionarios que trabajaban bajo su órbita. La causa judicial por su patrimonio suma nuevos elementos bajo análisis.
Pasatiempo. Adorni es un asiduo jugador de videojuegos como el Counter Strike.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar bajo presión política y judicial después de que se conocieran compras de equipos gamer realizadas desde su cuenta personal de Mercado Libre, pero pagadas con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban dentro de la estructura de la Vocería Presidencial. Según la información publicada por La Nación, las operaciones incluyeron un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos por un total de $5.848.589.
Las compras, de acuerdo con registros citados por el medio, fueron realizadas en agosto del año pasado y el monto superaba el sueldo mensual que Adorni cobraba entonces, estimado en $3,5 millones. La Nación informó que consultó al funcionario por estas operaciones, pero no recibió respuesta.
La investigación periodística señala que el 19 de agosto de 2025 se compró un monitor Samsung Odyssey OLED G8 4K 240hz por $2.184.999,05. Según los registros citados, el pago figura realizado con una tarjeta de crédito cuya titular era Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales dentro de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.
Schiuma había sido ascendida durante 2024 dentro de la estructura que respondía a Adorni. Antes ocupaba un cargo de coordinación en la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno.
La misma investigación indica que el 13 de agosto de 2025 se pagaron dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, a $1.831.795 cada uno. En ambos casos, las tarjetas pertenecían a Luis Enrique Aluju, quien al momento de las operaciones era coordinador de Información de Gobierno dentro de la estructura de Vocería.
Tanto Aluju como Schiuma figuran como funcionarios nombrados en cargos transitorios, no como integrantes de planta permanente del Estado. Ese dato agrega sensibilidad al caso porque las compras habrían sido pagadas con tarjetas de personas que dependían jerárquicamente de la estructura política conducida por Manuel Adorni.
Hasta el momento, la información conocida no implica por sí sola la comisión de un delito. La clave judicial será determinar si existió una explicación patrimonial o financiera legítima para esas operaciones, si hubo reembolsos, si los pagos fueron préstamos personales o si formaron parte de una maniobra destinada a ocultar gastos del funcionario.
El caso queda bajo una lupa más amplia: la investigación sobre el patrimonio de Adorni, delegada en la fiscalía de Gerardo Pollicita, que ya analiza documentación, compras, remodelaciones y movimientos vinculados al jefe de Gabinete.
La Nación también informó que la Justicia cuenta con constancias de otra compra considerada sospechosa por los investigadores. Se trata de un pago en efectivo de $8.183.383 realizado el 2 de junio de 2025 en un local de sommiers y ropa blanca, a nombre de Gisela Kocsis, otra funcionaria que trabajaba bajo la órbita de Adorni.
Según la publicación, esa compra habría estado destinada a la casa que la familia Adorni adquirió a fines de 2024 en el country Indio Cua, mientras el funcionario equipaba su residencia de fin de semana. La factura fue hallada en el teléfono de Matías Tabar, contratista encargado de la remodelación de la vivienda.
El celular de Tabar sigue bajo análisis en la fiscalía. De acuerdo con fuentes del caso citadas por el medio, allí también se encontraron mensajes en los que Adorni habría invitado al contratista a coordinar lo que iba a declarar ante la Justicia. Siempre según esa reconstrucción, Tabar no habría aceptado.
El testimonio de Matías Tabar aparece como uno de los elementos más sensibles del expediente. Según la investigación publicada, el contratista declaró que solo en la remodelación de la vivienda de Indio Cua, Adorni y su esposa habrían gastado US$245.929 en efectivo.
Ese dato es relevante porque el expediente busca reconstruir el patrimonio del jefe de Gabinete, sus ingresos declarados, el origen de los fondos utilizados y la consistencia entre gastos, bienes y capacidad económica. En investigaciones patrimoniales, la trazabilidad del dinero suele ser el punto central.
El funcionario no fue condenado ni existe una resolución definitiva sobre estas operaciones. La investigación deberá determinar si las compras y pagos cuestionados tienen una justificación legal o si pueden sostener una hipótesis penal.
El nuevo capítulo se conoce en un momento de alta exposición para Manuel Adorni. El jefe de Gabinete ya enfrentaba cuestionamientos por su crecimiento patrimonial, pedidos de interpelación en el Congreso y una estrategia oficialista para postergar el debate legislativo en el Senado.
Para el Gobierno, el caso representa un problema doble. Por un lado, afecta a uno de los funcionarios más visibles y cercanos a Javier Milei. Por otro, golpea el discurso oficial de austeridad, transparencia y lucha contra los privilegios de la política.
La aparición de compras pagadas con tarjetas de subordinados abre un frente especialmente incómodo para la Casa Rosada. Aunque la Justicia debe determinar si hubo irregularidades, el costo político ya se mide en términos de confianza, explicación pública y capacidad del oficialismo para sostener a Adorni en el centro de la gestión.
La oposición busca usar el caso Adorni como una prueba de control institucional sobre el Ejecutivo. El pedido de interpelación apunta a que el jefe de Gabinete explique en sede parlamentaria su evolución patrimonial, sus gastos y los nuevos elementos que aparecen en la investigación.
La estrategia de La Libertad Avanza fue intentar blindarlo en el Senado mediante una discusión reglamentaria sobre mayorías y dictámenes. Sin embargo, cada nueva revelación vuelve más difícil cerrar el tema solo con maniobras parlamentarias.
El punto clave será si Adorni ofrece una explicación pública documentada sobre las compras. En política, el silencio puede reducir riesgos legales, pero suele aumentar el costo institucional cuando las revelaciones involucran patrimonio, subordinados y dinero en efectivo.
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