27 de junio de 2026
La DAFI analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Si detecta inconsistencias, el fiscal Gerardo Pollicita podría pedir una justificación formal ante el juez Ariel Lijo.
En la cuerda floja. Adorni podría dejar de ser jefe de Gabinete en las próximas horas.
El futuro judicial de Manuel Adorni entró en una etapa decisiva. El fiscal federal Gerardo Pollicita espera un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que puede definir si avanza con un requerimiento de justificación patrimonial contra el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El estudio deberá determinar si la evolución de bienes, ingresos, ahorros, gastos, inversiones, deudas y declaraciones juradas de Adorni "cierra" con sus ingresos acreditados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Si el informe resulta desfavorable, Pollicita quedaría en condiciones de pedirle al juez Ariel Lijo que exija explicaciones formales al funcionario.
La DAFI, organismo técnico de la Procuración General, trabaja sobre un análisis integral de la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y Bettina Angeletti. El objetivo es cruzar ingresos declarados, bienes incorporados, gastos, consumos, deudas, inversiones, movimientos bancarios y operaciones con criptomonedas.
Según la información judicial difundida, el informe deberá distinguir qué partidas tienen respaldo suficiente, cuáles aparecen parcialmente justificadas, cuáles no pueden conciliarse y cuáles requieren una explicación adicional. Ese punto será central para medir la magnitud de las eventuales inconsistencias patrimoniales.
En la fiscalía ya existe una convicción preliminar: "hay números que no cierran". Por eso, antes incluso de recibir el informe final, los investigadores consideran probable que se avance hacia un pedido de justificación patrimonial. Lo que falta definir es el monto y el alcance del presunto desbalance.
El trabajo encargado por Pollicita se divide en siete ejes. El primero es el panorama financiero, que deberá establecer la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas al inicio y al cierre de cada año investigado.
El segundo punto son los ingresos y ahorros. Allí se buscará identificar qué fondos tienen causa y respaldo documental, y diferenciarlos de movimientos internos, transferencias entre cuentas propias o familiares, rescates de inversiones, devoluciones, préstamos, ventas de activos y acreditaciones de terceros.
El tercer eje reconstruirá las entradas y salidas de dinero, incluidas adquisiciones de bienes, gastos corrientes, gastos extraordinarios, consumos, pagos en efectivo, moneda extranjera y cancelaciones de deudas. La DAFI deberá conciliar, año por año, la evolución del efectivo y las divisas disponibles.
Otro capítulo clave será el contraste entre las declaraciones juradas originales y las rectificaciones presentadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. El informe deberá señalar cambios en activos y pasivos, origen atribuido a cada variación, impacto cuantitativo y respaldo objetivo de los bienes incorporados.
La operatoria con criptomonedas también estará bajo la lupa. La DAFI deberá integrar información de plataformas y billeteras virtuales, reconstruir depósitos, retiros, compras, ventas, permutas, swaps y transferencias, y contrastar esos datos con declaraciones juradas, registros bancarios y antecedentes fiscales.
El sexto eje revisará gastos y deudas. Allí se analizará el costo, fecha, forma de pago y fuente de financiamiento de bienes incorporados, erogaciones y obligaciones invocadas. En el caso de préstamos o mutuos, los contadores deberán evaluar también la capacidad económica de quienes los habrían otorgado.
El séptimo punto será la cuenta más sensible: una ecuación patrimonial anual y acumulada, individual y consolidada del grupo familiar. Esa fórmula deberá comparar ingresos lícitos y disponibilidades iniciales acreditadas contra bienes incorporados, consumos, gastos y cancelaciones de pasivos.
Si aparecen operaciones sin correspondencia con ingresos declarados, respaldo incompleto, explicaciones cambiantes o movimientos imposibles de conciliar, el fiscal tendrá una base técnica para avanzar. La primera consecuencia sería el requerimiento de justificación patrimonial. Si las respuestas no disipan las sospechas, la Justicia podría citar a Adorni a declaración indagatoria.
Ese paso marcaría un cambio de escala en el expediente. La indagatoria implica una acusación formal y obligaría al jefe de Gabinete a presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse en una causa por presunta corrupción.
La investigación ya detectó compras, remodelaciones de propiedades, gastos en viajes y adquisiciones de alto valor. Entre los elementos mencionados aparecen ropa blanca por $8 millones, una cascada para pileta y una parrilla de US$14.000, además de otras operaciones vinculadas al patrimonio del funcionario.
También forma parte del expediente la explicación pública de Adorni sobre sus supuestos ahorros en Bitcoin. El funcionario sostuvo que entre 2013 y 2014 invirtió US$200.000 en criptomonedas y que esa operatoria le habría permitido acumular más de US$500.000, fondos que no había declarado hasta una reciente rectificación patrimonial.
Ese argumento deberá ser validado en sede judicial. La Justicia no solo buscará comprobar la existencia de las criptomonedas, sino también su origen, trazabilidad, disponibilidad efectiva, fechas de compra y venta, y compatibilidad con la evolución patrimonial declarada.
En los próximos días deberían llegar a Comodoro Py respuestas de las billeteras virtuales Lemon y Binance, del country Indio Cuá, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Son los últimos oficios solicitados por Pollicita y ordenados por el juez Lijo.
Esos documentos pueden terminar de cerrar el cuadro probatorio sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. Para la fiscalía, el informe de la DAFI servirá como síntesis técnica de todos los datos reunidos: ingresos, bienes, consumos, gastos, inversiones, criptoactivos, deudas y movimientos financieros.
En causas por enriquecimiento ilícito, la clave no es solo detectar gastos elevados, sino comprobar si existe una diferencia injustificada entre ingresos lícitos y patrimonio real. Por eso, el informe contable será decisivo para saber si la sospecha se transforma en una imputación más firme.
El caso llega en un momento crítico para Manuel Adorni, que enfrenta versiones sobre su continuidad en el Gabinete, pedidos opositores de interpelación y nuevas revelaciones sobre compras realizadas con tarjetas de funcionarios que trabajaban bajo su órbita.
Para Javier Milei, sostener a Adorni implica respaldar a uno de sus funcionarios más visibles en plena investigación judicial. Pero si el informe patrimonial complica al jefe de Gabinete, el costo político puede crecer rápidamente y abrir una discusión interna sobre su reemplazo.
La causa combina tres planos sensibles: la transparencia patrimonial de un funcionario de máxima jerarquía, la capacidad de respuesta judicial y la estrategia política de la Casa Rosada. Hasta ahora, Adorni no fue indagado ni condenado. Pero el informe de la DAFI puede ser el paso que defina si la causa queda en una etapa preliminar o avanza hacia una acusación formal.
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