Política. Caso Adorni: una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo dato en Comodoro Py: una funcionaria de la ex Vocería Presidencial confirmó ante la Justicia que le prestó su tarjeta de crédito al ex jefe de Gabinete para realizar una compra. Se trata de Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales en el área de comunicación gubernamental, quien declaró como testigo ante la Fiscalía Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita.

Según la declaración citada en la investigación, Schiuma dijo que Adorni utilizó su tarjeta para comprar un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8 4K por $2.185.000. La testigo afirmó que había acordado con el entonces vocero presidencial, que era su jefe directo, que recibiría de vuelta el dinero en efectivo.

La declaración de Laura Schiuma en la causa Adorni

La comparecencia de Laura Schiuma abre una nueva línea dentro del expediente que investiga la evolución patrimonial de Manuel Adorni. Para la fiscalía, el punto bajo análisis es si el exfuncionario utilizó tarjetas de empleados o funcionarios públicos para canalizar gastos personales y evitar que aparecieran directamente asociados a sus propios medios de pago.

El caso del monitor gamer quedó registrado porque la tarjeta de Schiuma fue adherida a la billetera virtual de Adorni. De acuerdo con la reconstrucción judicial citada por Infobae, los movimientos surgieron de la información obtenida de su cuenta de Mercado Pago, donde quedaron asentadas inconsistencias vinculadas al uso de tarjetas de terceros.

La compra fue realizada el 19 de agosto de 2025, cuando Adorni todavía no había sido promovido a la Jefatura de Gabinete y se desempeñaba como vocero presidencial. En ese momento, según la información judicial difundida, percibía un salario mensual cercano a los $3.500.000.

Las otras compras que investiga la Justicia

La fiscalía también detectó operaciones similares vinculadas a la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, valuados en $1.831.795 cada uno. Para abonarlos se habrían utilizado tarjetas de Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública, también dentro del área de Vocería.

Esos proyectores fueron comprados seis días antes que el monitor gamer. Para los investigadores, la secuencia puede ser relevante porque las operaciones habrían quedado asociadas a equipamiento destinado a la casa de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La causa también incorporó un antecedente surgido del teléfono del contratista Matías Tabar, quien realizó obras de remodelación en la vivienda de Indio Cuá. En ese celular se encontró una factura a nombre de Gisela Kocsis, funcionaria del área de Medios y Comunicación y entonces secretaria privada de Adorni, por una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería en Rosen The Store.

Según fuentes judiciales citadas por Infobae, nuevas medidas pedidas por Pollicita confirmaron que el destinatario final de esos productos fue Manuel Adorni y que la entrega se realizó en el country de Exaltación de la Cruz.

Qué busca probar el fiscal Pollicita

El foco de la investigación está puesto en determinar si los gastos realizados con tarjetas de terceros forman parte de una maniobra para ocultar consumos personales de alto valor o si, como declaró Schiuma en el caso del monitor, se trató de préstamos puntuales con devolución en efectivo.

Ese punto será central para la causa. La existencia de compras hechas con tarjetas ajenas no implica por sí sola una condena ni confirma un delito, pero sí puede ser considerada por la fiscalía como un indicio dentro del análisis patrimonial más amplio. La Justicia deberá determinar el origen de los fondos, la modalidad de devolución y si existió o no una estructura destinada a disimular gastos.

La situación también tiene impacto político. Adorni acaba de renunciar a la Jefatura de Gabinete y anunció que también dejará su cargo como director de YPF por el Estado. Su salida del Gobierno se produjo en medio de la presión judicial y parlamentaria por las dudas sobre su patrimonio.

El informe contable que puede definir los próximos pasos

La Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones, conocida como DAFI, está elaborando un informe contable sobre el patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Ese documento será clave para que la fiscalía evalúe si existen inconsistencias relevantes y si corresponde avanzar con nuevas medidas.

Si las conclusiones resultan desfavorables para el exfuncionario, Pollicita podría pedirle al juez Ariel Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial. Esa instancia sería la primera oportunidad formal para que Adorni explique por escrito el origen legal de los fondos bajo sospecha.

Si después de esa respuesta persistieran las dudas, la Justicia podría citarlo a declaración indagatoria. Infobae informó que durante esta semana llegarían a Comodoro Py informes de Lemon, Binance, el country Indio Cuá, la ARCA y la Universidad Abierta Interamericana, entre otros organismos y entidades requeridas.

Una causa que sigue abierta tras la salida del Gobierno

La declaración de Schiuma vuelve a colocar a Adorni en el centro de la agenda judicial, incluso después de su salida del Gabinete. El exfuncionario rechazó públicamente las acusaciones en su contra y, en su carta de renuncia, sostuvo que fue tratado "de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción".

La investigación, sin embargo, continuará su curso en los tribunales federales. Para la fiscalía, las compras con tarjetas de funcionarios del área de Vocería, las remodelaciones de la casa de Indio Cuá y la evolución patrimonial del ex jefe de Gabinete forman parte de un mismo cuadro que debe ser explicado con documentación respaldatoria.

El caso entra ahora en una etapa decisiva. Si el informe contable confirma inconsistencias difíciles de justificar, Adorni podría quedar más cerca de una citación formal. Hasta entonces, la causa sigue abierta y la Justicia deberá determinar si las operaciones detectadas tienen explicación lícita o si configuran indicios de un delito.