País. Catamarca: pidieron el desafuero de un diputado por amenazas y peculado

La Justicia de Catamarca pidió el desafuero del diputado provincial Javier Galán, del MID, en el marco de una causa por presuntas amenazas agravadas por el uso de armas y peculado de trabajos o servicios. La solicitud fue enviada por el juez de Garantías de 4° Nominación, Marcelo Sago, a la Presidencia de la Cámara de Diputados provincial.

El planteo busca que el legislador pueda ser sometido a proceso penal en la causa 436/26, iniciada a partir de una denuncia de Iván Ernesto Luna Avellaneda. La medida fue requerida por el fiscal de Instrucción N° 4, Ricardo Córdoba Andreatta, y ahora deberá ser tratada en el ámbito legislativo.

La Justicia pidió el desafuero de Javier Galán

El pedido de desafuero se presentó en el marco del artículo 20 del Código Procesal Penal de Catamarca. Según la información judicial difundida, el juez Sago hizo lugar al requerimiento fiscal para avanzar en la investigación contra Javier Galán por los presuntos delitos denunciados por Luna Avellaneda.

El caso agrega presión política sobre el diputado provincial, que ya acumulaba varias denuncias penales. De acuerdo con El Ancasti, Galán registra cinco denuncias y todavía tramitan otras tres causas en el mismo juzgado, pendientes de resolución ante planteos realizados por la defensa técnica del legislador.

El desafuero no implica una condena ni una declaración de culpabilidad. Es una herramienta institucional que busca remover la protección parlamentaria para que un legislador pueda enfrentar el proceso penal en igualdad de condiciones ante la Justicia.

Qué denunció Iván Luna Avellaneda

La denuncia de Iván Luna Avellaneda apunta a un episodio de presuntas amenazas. Según la presentación citada en la causa, el hombre afirmó que fue increpado por Galán y que el diputado, mientras gesticulaba con un cuchillo en la mano, le habría pedido que se prestara para declarar contra Daniela Solohaga, una primera denunciante del legislador.

Luna Avellaneda también declaró que, pese a ser empleado legislativo, estaba afectado a cumplir tareas en el Corralón San Javier, una empresa privada atribuida al diputado Galán. Además, denunció que debía destinar parte de sus haberes a terceras personas mediante transferencias que, según su relato, se hacían "en su mayoría a mujeres".

Ese punto es clave para la figura de peculado de servicios, porque la investigación deberá determinar si recursos, cargos o tareas vinculadas al Estado fueron utilizados para fines privados. La Justicia todavía debe reunir pruebas, escuchar a las partes y resolver los planteos pendientes.

Las otras denuncias contra el legislador del MID

El caso se inscribe en una situación judicial más amplia para Javier Galán. La primera denunciante mencionada en la causa fue Daniela Solohaga, quien acusó al diputado por presunto abuso sexual, exacciones ilegales y peculado de servicios, según la reconstrucción publicada por El Ancasti.

El medio también informó que continúan tramitándose otras tres denuncias contra el legislador en el juzgado de Garantías de 4° Nominación. Esas actuaciones están sujetas a los plazos procesales y a la resolución de planteos formulados por la defensa, por lo que todavía no hay una definición judicial de fondo.

La acumulación de expedientes coloca al diputado en una posición de fuerte exposición pública y abre un debate institucional dentro de la Legislatura provincial. La Cámara deberá decidir si habilita o no el avance judicial solicitado.

El impacto político en Catamarca

El pedido de desafuero de Javier Galán puede convertirse en un hecho político relevante para Catamarca, porque obliga a la Cámara de Diputados a pronunciarse sobre un legislador investigado por delitos graves. La discusión no se limitará al plano judicial: también pondrá a prueba la respuesta institucional de los bloques ante denuncias que involucran presunta violencia, uso de bienes públicos y vínculos laborales irregulares.

Para el oficialismo y la oposición provincial, el caso implica un equilibrio delicado. Por un lado, rige el principio de inocencia y la Justicia debe determinar si existieron delitos. Por otro, el desafuero busca evitar que los fueros parlamentarios se conviertan en un obstáculo para investigar hechos denunciados.

El expediente también puede impactar en la imagen del MID y de los espacios libertarios o aliados que se referencian en esa estructura. Galán queda ahora bajo una presión doble: la judicial, por el avance de la causa, y la política, por la eventual definición de sus pares en la Legislatura.

Qué puede pasar ahora en la Cámara de Diputados

Tras el envío del pedido, la Cámara de Diputados de Catamarca deberá analizar la solicitud de la Justicia. El procedimiento legislativo definirá si se habilita el desafuero para que Galán sea sometido al proceso penal correspondiente.

Si el cuerpo avanza con la quita de fueros, el legislador quedará en condiciones de afrontar las medidas que disponga el juez en el expediente. Si el pedido es rechazado o demorado, la causa podría quedar condicionada por la protección institucional que mantiene el diputado en ejercicio.

La definición será seguida de cerca por la política provincial. En un contexto de denuncias acumuladas y creciente presión pública, la respuesta de la Cámara puede marcar el tono institucional del caso y el margen de acción de la Justicia catamarqueña.