2 de julio de 2026
El máximo tribunal rechazó los planteos de nulidad y los pedidos para frenar la ejecución patrimonial en la causa Vialidad. El monto actualizado asciende a $685.000 millones y alcanza a 111 bienes.
La Corte Suprema dejó firme la actualización del decomiso contra Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad, en una resolución que habilita el avance de las medidas de ejecución patrimonial. El monto pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, según la actualización basada en un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los planteos de nulidad y los pedidos de suspensión contra las medidas vinculadas al decomiso. La resolución también desestimó un recurso presentado por Lázaro Báez, condenado en el mismo expediente.
La resolución de la Corte Suprema confirma que el decomiso actualizado en la causa Vialidad queda firme y puede avanzar en la etapa de ejecución. La medida alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez y al resto de los condenados, que deben responder de manera solidaria por el monto fijado.
El decomiso involucra un total de 111 bienes. El Tribunal Oral Federal N° 2 ya puso en marcha el proceso de tasación de algunas propiedades ubicadas en el sur del país, como paso previo para eventuales medidas de ejecución, incluido el remate de bienes.
La actualización del monto es uno de los puntos más sensibles de la etapa posterior a la condena. La cifra original había sido fijada en $85.000 millones, pero el cálculo actualizado llevó el monto a $685.000 millones, una diferencia que modifica el alcance económico del caso y eleva la presión patrimonial sobre los condenados.
El máximo tribunal rechazó el último recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner contra este tramo de la ejecución patrimonial. También dejó firme la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había confirmado la competencia del TOF 2 para llevar adelante el decomiso derivado de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La defensa de la ex presidenta, encabezada por Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, había cuestionado la naturaleza y el alcance de la medida. Entre sus argumentos, sostuvo que el mecanismo aplicado excedía el marco penal y debía tramitarse por otra vía, además de objetar el período temporal considerado para el cálculo patrimonial.
Casación ya había rechazado esos planteos y reafirmado la naturaleza penal del decomiso. Ahora, con la intervención de la Corte, quedaron firmes tanto la cifra actualizada como los rechazos a los intentos de suspender las medidas patrimoniales.
La causa Vialidad investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, vinculada a 51 procesos licitatorios de obra pública vial adjudicados al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez. Según el expediente, esas obras fueron otorgadas de manera sistemática por miles de millones de pesos.
En el fallo confirmado el año pasado por la Sala IV de Casación, Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Guillermo Periotti y José López recibieron condenas de seis años de prisión. También fueron condenados Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Daruich, con penas menores.
Todos fueron considerados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La ex presidenta cumple la condena bajo arresto domiciliario desde que la sentencia quedó firme.

El fallo de la Corte no modifica la condena penal, pero sí consolida una derivación económica clave de la causa. El avance del decomiso convierte la sentencia en una discusión concreta sobre bienes, tasaciones, ejecución patrimonial y eventual remate de activos.
En términos judiciales, la resolución reduce el margen de discusión de las defensas sobre este punto. La etapa que viene estará concentrada en determinar qué bienes pueden ser alcanzados, cómo se computa la responsabilidad solidaria de los condenados y de qué manera se ejecuta el monto actualizado.
Para Cristina Kirchner, el impacto también es político. La causa Vialidad sigue siendo el expediente más relevante de su situación judicial, no solo por la prisión domiciliaria y la inhabilitación, sino también por el decomiso millonario que ahora quedó firme.
Con la actualización confirmada, el TOF 2 podrá avanzar con las tareas de tasación y ejecución. El proceso puede incluir medidas sobre propiedades, activos registrables y otros bienes vinculados a los condenados, siempre dentro de los límites que determine el tribunal.
La orden alcanza a 111 bienes, aunque la situación patrimonial de cada condenado es distinta. Según la información judicial disponible, una parte relevante de los activos de Báez ya fue afectada por remates en la quiebra de Austral Construcciones y por la condena en la causa conocida como Ruta del Dinero K.
Ese dato puede volver más central la discusión sobre los bienes de otros condenados, incluida la ex presidenta. La ejecución patrimonial será, desde ahora, uno de los capítulos más sensibles de la causa Vialidad.
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