6 de julio de 2026

Política

Política. Caso Osprera: embargan y citan a indagatoria a un socio de Martín Menem

El juez Sebastián Casanello convocó a Sergio Aguirre por presuntas irregularidades en contrataciones de la obra social de los peones rurales. La causa investiga pagos por más de $260 millones a HTECH Innovation, una firma vinculada al empresario.

La causa por presunta corrupción en Osprera, la obra social de los peones rurales, sumó un capítulo de alto impacto político: el juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a Sergio Aguirre, socio comercial de Martín Menem, por supuestas irregularidades en contrataciones millonarias realizadas durante la intervención de la entidad. La medida también incluyó embargos sobre los acusados y alcanza a exinterventores de la obra social.

La investigación apunta a pagos por más de $260 millones que Osprera habría realizado a HTECH Innovation, una empresa de consultoría informática vinculada a Aguirre. Según la reconstrucción judicial publicada, la firma fue creada en abril de 2024 y tuvo como primeras facturas operaciones con la obra social intervenida por el Gobierno nacional.

Sergio Aguirre, socio de Martín Menem, a indagatoria

El juez Sebastián Casanello resolvió avanzar con las indagatorias pedidas por el fiscal Guillermo Marijuán. Aguirre deberá presentarse ante la Justicia el 13 de agosto a las 12, en el marco de una causa en la que se investigan presuntas maniobras de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

La medida alcanza también a los interventores de Osprera que participaron de las contrataciones bajo análisis. Entre los nombres mencionados aparecen Virginia Montero y Marcelo Petroni, señalados por la fiscalía por su rol en la firma y renovación de acuerdos con HTECH Innovation.

Aguirre no ocupa un cargo público, pero su vínculo comercial con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, le da al expediente una fuerte dimensión política. Según las publicaciones judiciales, ambos son socios desde 2018 en TR Nutrition SRL, una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de complementos nutricionales.

Qué investiga la Justicia en la obra social Osprera

El expediente busca determinar si las contrataciones de Osprera con HTECH Innovation fueron una prestación real de servicios o una pantalla para desviar fondos de la obra social. La compañía habría sido contratada para tareas de auditoría informática, migración de sistemas, consultoría y desarrollo de herramientas digitales.

La sospecha judicial se apoya en varios elementos: la creación reciente de la empresa, la falta de antecedentes previos, el volumen de facturación y el hecho de que sus primeras facturas habrían sido emitidas justamente a la obra social intervenida. La causa deberá establecer si los servicios fueron efectivamente prestados, si los montos eran razonables y si existió una estructura de decisión orientada a beneficiar a una firma vinculada al entorno político libertario.

Según LPO, Casanello dispuso además un embargo de $920 millones sobre los bienes de los acusados. La medida busca asegurar eventuales responsabilidades patrimoniales si la investigación avanza y se confirma la existencia de perjuicio económico para la obra social.

El rol señalado de Lule Menem

La causa también menciona a Eduardo "Lule" Menem, funcionario cercano a Karina Milei y figura de peso en el armado político libertario. De acuerdo con la reconstrucción citada, el fiscal Marijuán sostuvo que Lule habría tenido una injerencia relevante en la designación de interventores que luego firmaron y renovaron contratos con HTECH Innovation.

En el expediente se mencionan mensajes y reuniones que vincularían a los interventores de Osprera con Lule Menem y con Martín Menem. Uno de los chats atribuidos al exinterventor Marcelo Petroni indicaría: "Me tengo que reunir con Martín y Lule a las 9:30". Otro mensaje citado en la causa habría señalado: "Eso lo tienen que saber Martín y Lule".

Hasta el momento, ni Martín Menem ni Lule Menem aparecen imputados en el expediente. Esa aclaración es central: la investigación formal avanza sobre Aguirre, los interventores y otros involucrados en las contrataciones, mientras la Justicia analiza el alcance real de los contactos políticos mencionados en la causa.

Una causa sensible para el Gobierno

El avance del expediente Osprera llega en un momento delicado para el oficialismo, que ya enfrenta cuestionamientos por otros casos judiciales y por la discusión pública sobre corrupción. La citación a indagatoria de un socio comercial del presidente de Diputados abre un nuevo foco de tensión para La Libertad Avanza.

La obra social de los peones rurales es una estructura de alto peso económico y territorial. Su intervención bajo la gestión de Javier Milei había sido presentada como parte de un proceso de ordenamiento, pero ahora la Justicia investiga si durante esa etapa se produjeron contrataciones irregulares con una firma cercana a un actor del poder libertario.

En términos políticos, el expediente puede generar ruido en el Congreso. Martín Menem ocupa una silla clave para el Gobierno: conduce Diputados, ordena sesiones y cumple un rol central en la agenda legislativa. Aunque no esté imputado, la aparición de su socio en una causa por presuntas maniobras en una obra social intervenida complica el clima interno del oficialismo.

Qué puede pasar ahora

La indagatoria será una instancia clave para que Sergio Aguirre dé su versión ante el juez Casanello. Allí podrá responder sobre el origen de HTECH Innovation, los contratos con Osprera, los servicios prestados, los montos facturados y sus vínculos con los interventores.

Después de escuchar a los imputados, la Justicia deberá definir si dicta procesamientos, faltas de mérito o sobreseimientos. También podrá ordenar nuevas medidas de prueba, pedir documentación contable, revisar transferencias, citar testigos y profundizar el análisis sobre los contactos políticos mencionados en el expediente.

El caso recién ingresa en una etapa decisiva. La citación a indagatoria no implica condena, pero sí marca que la Justicia considera que existen elementos suficientes para exigir explicaciones formales. Para el Gobierno, el expediente Osprera se suma a una agenda judicial cada vez más incómoda y vuelve a instalar la discusión sobre transparencia, controles internos y vínculos entre poder político y negocios privados.

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