Política. Denuncian que Adorni mantiene custodia y vehículo estatal

Manuel Adorni sumó una nueva denuncia judicial después de su salida del Gobierno nacional. La diputada nacional Marcela Pagano pidió que se investigue si el ex jefe de Gabinete continúa utilizando custodia de la Policía Federal y un vehículo oficial, pese a haber dejado todos sus cargos en la administración de Javier Milei. La presentación quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini.

La denuncia alcanza a Adorni y a los funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y la Policía Federal Argentina que eventualmente hayan dispuesto, autorizado, prorrogado o mantenido la asignación de custodia personal y vehículos oficiales a favor del exfuncionario después de su cese en el cargo.

La denuncia contra Adorni por custodia y vehículo oficial

El planteo de Pagano apunta a determinar si Adorni siguió gozando de beneficios estatales sin fundamento legal una vez formalizada su salida del Gobierno. Según la presentación, la Justicia deberá establecer si hubo uso indebido de recursos públicos y quiénes intervinieron en la eventual continuidad de la protección y los traslados oficiales.

La denuncia pide investigar posibles delitos como peculado y malversación de caudales públicos, dos figuras que podrían aplicarse si se comprueba que bienes, personal o fondos estatales fueron destinados a un uso ajeno al previsto por la administración pública.

Hasta el momento, la presentación no implica una imputación formal ni una comprobación de delito. La causa deberá avanzar con medidas de prueba para determinar si Adorni efectivamente mantuvo custodia y vehículo oficial, si existió una autorización administrativa y si esa autorización estaba justificada.

El argumento del Gobierno: amenazas contra Adorni y su familia

La polémica se conecta con una decisión que el Gobierno venía evaluando desde la renuncia del ex jefe de Gabinete. Según fuentes oficiales citadas por MDZ, la Casa Rosada analizaba mantenerle a Adorni una custodia de la Policía Federal y vehículos oficiales por tiempo indefinido, con el argumento de que él y su familia habían recibido amenazas en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El propio Milei había defendido públicamente la salida de Adorni al señalar que el exfuncionario no toleró los ataques contra su entorno familiar. "Él consideró que ya eran inadmisibles los niveles de ataque personal que estaba recibiendo. En especial cuando empezaron las agresiones contra su mujer y sus hijos. Ya cuando se metieron con los hijos, eso hizo que dijera: 'Mi renuncia es indeclinable'", afirmó el Presidente, según la reconstrucción publicada.

Ese será uno de los puntos centrales del expediente: si la continuidad de la custodia respondió a una evaluación de riesgo concreta y debidamente formalizada, o si se mantuvieron beneficios estatales sin un acto administrativo suficiente después de que Adorni dejara la función pública.

El caso reabre el debate por los recursos del Estado

La denuncia vuelve a colocar a Adorni en el centro de la agenda política y judicial. El exvocero y ex jefe de Gabinete dejó el cargo tras semanas de presión por una investigación patrimonial, renunció también a su lugar como director de YPF por el Estado y quedó fuera de la estructura formal del Gobierno.

En ese contexto, el eventual uso de custodia y vehículos oficiales genera un debate sensible. Para la oposición, puede tratarse de una utilización irregular de recursos públicos por parte de un exfuncionario. Para el oficialismo, la continuidad de la protección podría justificarse por razones de seguridad si existieron amenazas verificadas.

La diferencia no es menor. La custodia estatal puede mantenerse en algunos casos excepcionales, pero requiere fundamentos, controles administrativos y proporcionalidad. La Justicia deberá determinar si esos requisitos se cumplieron y si hubo funcionarios que autorizaron la medida dentro de la legalidad.

Un nuevo frente judicial para el ex jefe de Gabinete

La presentación de Marcela Pagano se suma al cuadro judicial que ya enfrentaba Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. En esa causa, la fiscalía analiza su evolución patrimonial, compras realizadas con tarjetas de terceros, gastos vinculados a su vivienda en Indio Cuá y documentación financiera requerida a organismos y empresas.

El nuevo expediente tiene otro foco: no apunta directamente al origen de su patrimonio, sino al presunto uso posterior de recursos estatales después de dejar el cargo. Aun así, ambos casos alimentan el desgaste público del exfuncionario y mantienen abierto un conflicto político para la Casa Rosada.

Para el Gobierno, la denuncia llega en un momento en el que busca cerrar el capítulo Adorni con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, cada nuevo dato vinculado al exfuncionario vuelve a poner bajo revisión la promesa oficial de austeridad, transparencia y reducción de privilegios.

Qué puede pasar ahora

El juzgado deberá analizar la denuncia y definir si impulsa medidas de prueba. Entre los pasos posibles figuran pedidos de informes al Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y la Policía Federal para saber si existió una resolución, orden interna o autorización que mantuviera la custodia y el uso de vehículos oficiales.

También podría requerirse información sobre fechas, cantidad de efectivos asignados, vehículos utilizados, costos operativos y fundamentos de seguridad. Esos datos serán clave para establecer si hubo una decisión administrativa regular o si la continuidad de los recursos carecía de respaldo formal.

La causa recién empieza, pero ya tiene impacto político. Adorni dejó el Gobierno con una carta en la que denunció una "carnicería mediática" y afirmó que no había cometido hechos de corrupción. Ahora, la Justicia deberá determinar si después de su salida siguió utilizando recursos públicos y si esa situación estuvo o no ajustada a derecho.