6 de julio de 2026
La norma que advierte sobre exceso de azúcar, grasas y sodio en los productos podría desaparecer. Industria y oficialismo dicen que confunde y frena el comercio. Organismos de salud advierten que es un paso atrás para los consumidores.
El
Gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de la Ley 27.642 de Promoción de
la Alimentación Saludable (conocida como Ley de Etiquetado Frontal), sancionada
en 2021 y reglamentada en 2022.
Esta
ley obliga a los alimentos y bebidas envasados a llevar octógonos negros de
advertencia cuando superan umbrales de nutrientes críticos (azúcares, grasas
saturadas/totales, sodio, calorías) según el perfil de nutrientes de la OPS,
además de advertencias sobre edulcorantes y cafeína. También regula publicidad
dirigida a niños, entornos escolares y educación alimentaria.
En
las últimas horas el Ejecutivo envió un proyecto al Senado para derogar
completamente la ley y sus normas complementarias.
Hay
iniciativas paralelas en Diputados (de oficialismo y aliados).
El
objetivo declarado es eliminar los octógonos y avanzar hacia un sistema
armonizado en el Mercosur, que supere las "limitaciones técnicas,
regulatorias, operativas y económicas" del actual.
La
industria alimenticia (a través de COPAL) apoya la derogación, argumentando que
los sellos no diferencian bien productos dentro de una categoría, generan
"fatiga de advertencia" y no incentivan reformulaciones efectivas.
Prefieren un modelo como el de Brasil y priorizan educación + acceso económico.
Argumentos
a favor de la derogación (Gobierno e industria)
Argumentos
en contra (organismos de salud, nutricionistas y ONGs)
Contexto
y próximos pasos
La
ley fue aprobada con amplia mayoría (casi unánime en el Senado). Su
implementación generó cambios en envases y reformulaciones por parte de algunas
empresas, pero también críticas por rigidez. El debate se reabre en un contexto
de foco oficial en desregulación y alineación regional.
Si
se deroga, volverían las tablas nutricionales tradicionales sin advertencias
visibles destacadas, y se negociaría un nuevo sistema en Mercosur. Organismos
de salud advierten que esto priorizaría intereses comerciales sobre la
información clara al consumidor.
El tema divide opiniones entre salud pública y libertad de mercado/comercio.
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