8 de julio de 2026
El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial N.º 11.126, que crea un marco legal para respaldar a las empresas recuperadas por los trabajadores en Córdoba. La norma incorpora herramientas de financiamiento, asistencia técnica y beneficios para las cooperativas, con el objetivo de preservar el empleo y la producción.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, promulgó la Ley Provincial N.º 11.126 de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por los Trabajadores y las Trabajadoras, una normativa que establece un régimen específico para acompañar los procesos de recuperación de unidades productivas en crisis y garantizar la continuidad de las fuentes laborales mediante la organización cooperativa.
La ley fue oficializada a través del Decreto N.º 57 y publicada en el Boletín Oficial de la provincia. Su objetivo es brindar seguridad jurídica a las empresas recuperadas, preservar el empleo digno y sostener la actividad económica cuando una empresa atraviesa una situación de cierre o insolvencia.
La nueva legislación declara de interés social los procesos de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores y reconoce a las cooperativas de trabajo como un actor prioritario dentro de las políticas públicas provinciales.
En ese marco, la norma busca garantizar la continuidad de la producción, proteger las fuentes de trabajo y fortalecer el desarrollo del cooperativismo como alternativa frente a situaciones de crisis empresarial.
Uno de los principales ejes de la ley es la creación del Registro Provincial de Empresas Recuperadas, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, designado como autoridad de aplicación, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Trabajo.
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La norma crea el Registro Provincial de Empresas Recuperadas y establece un marco legal para acompañar a las cooperativas.
La normativa incorpora un conjunto de herramientas destinadas a acompañar a las cooperativas que integren el registro provincial.
Entre los beneficios previstos se encuentran la asistencia técnica, programas de capacitación, acceso a líneas de crédito, garantías para obtener financiamiento, asesoramiento jurídico durante los procesos de recuperación y distintos mecanismos de apoyo institucional.
Además, las cooperativas podrán acceder a un régimen de beneficios que contempla prioridad como proveedoras del Estado provincial, tratamiento fiscal preferencial de carácter transitorio y la posibilidad de recibir subsidios para fortalecer su funcionamiento.
La ley establece un procedimiento específico para evaluar cada proceso de recuperación de empresas.
Ese esquema contempla inspecciones, informes técnicos y una audiencia obligatoria en la que participarán representantes de los organismos provinciales y los trabajadores involucrados. El objetivo será determinar la viabilidad de la continuidad productiva bajo la figura de una cooperativa.
Asimismo, la normativa incorpora la perspectiva de género como uno de sus principios rectores, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en los procesos de recuperación y gestión de las unidades productivas.
Con la promulgación de esta norma, el Gobierno de Martín Llaryora incorpora un nuevo instrumento legal para respaldar al sector cooperativo y brindar previsibilidad a las empresas recuperadas en la provincia.
La iniciativa busca fortalecer el entramado productivo cordobés, preservar puestos de trabajo y generar un marco institucional para acompañar a las cooperativas que surgen como alternativa frente a empresas en crisis o en riesgo de cierre.
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