9 de julio de 2026

Política

Política. Denunciaron al ministro de Salud por incumplir con prestaciones a personas con Discapacidad

La diputada nacional Natalia de la Sota presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud, Mario Lugones, por presunta desobediencia judicial e incumplimiento de una sentencia que ordenó regularizar los pagos y las prestaciones para personas con discapacidad beneficiarias de Incluir Salud y PAMI.

La diputada nacional Natalia de la Sota presentó este jueves una denuncia contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por los presuntos delitos de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación sostiene que el funcionario no acató una sentencia del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, que ordenó restablecer los pagos y garantizar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad beneficiarias de los programas Incluir Salud y PAMI.

La acción judicial fue impulsada con el patrocinio de los abogados Marta Lastra y Félix López Amaya, luego de que venciera el plazo de 72 horas fijado por la Justicia para cumplir con la resolución, sin que -según la denuncia- se haya regularizado la situación.

La denuncia de Natalia de la Sota contra Mario Lugones

La legisladora sostuvo que el ministro de Salud incumplió una sentencia dictada en el marco de un amparo colectivo iniciado para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad.

"Creo que todo tiene un límite y yo no voy a permanecer indiferente", afirmó Natalia de la Sota, quien además cuestionó la actuación del Gobierno nacional. "Desde mayo, el Gobierno de Javier Milei viene incumpliendo la cautelar", agregó.

La diputada también sostuvo que la administración nacional "desfinancia programas esenciales" y "desconoce leyes y fallos judiciales", en referencia al conflicto por las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

El fallo judicial que ordenó regularizar las prestaciones

La causa se originó a partir de un amparo colectivo que fue tramitado ante el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba.

En mayo, el juez federal Hugo Vaca Narvaja hizo lugar a una medida cautelar y, posteriormente, a fines de junio, dictó sentencia ordenando a Incluir Salud y al PAMI regularizar los pagos y garantizar la continuidad de las prestaciones para los beneficiarios alcanzados por el reclamo.

La resolución fue notificada al ministro Mario Lugones, quien contaba con un plazo de 72 horas para dar cumplimiento a la decisión judicial. Según indicó la denuncia presentada por Natalia de la Sota, ese plazo venció hace una semana sin que se concretara el cumplimiento de la sentencia.

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Los recursos presentados por el Estado nacional

De acuerdo con la legisladora, desde la presentación del amparo colectivo el Estado nacional interpuso cinco recursos judiciales: tres apelaciones y dos quejas.

Mientras tanto, las prestaciones para las personas alcanzadas por el reclamo permanecen interrumpidas. Según detalló la denuncia, en algunos casos los pagos dejaron de realizarse en diciembre de 2025, mientras que en otros se extendieron hasta febrero de este año.

Denunciaron al ministro de Salud por incumplir con el pago de prestaciones  a personas con discapacidad

Natalia de la Sota presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud, Mario Lugones, por presunta desobediencia judicial.

La presentación judicial sostiene que esta situación afecta el acceso a prestaciones destinadas a personas con discapacidad que dependen de los programas Incluir Salud y PAMI.

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El impacto del conflicto por las prestaciones para personas con discapacidad

La denuncia presentada por Natalia de la Sota incorpora un nuevo capítulo al conflicto judicial por la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad y plantea un cuestionamiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Justicia Federal.

El caso también mantiene el foco sobre la continuidad de los programas Incluir Salud y PAMI para beneficiarios de pensiones no contributivas, mientras continúa la disputa judicial entre el Estado nacional y los impulsores del amparo colectivo.

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