10 de julio de 2026
Empresarios y funcionarios advirtieron sobre el crecimiento del comercio ilegal en Argentina, que ya equivale al 5% del Producto Interno Bruto. El contrabando de celulares, cigarrillos, textiles y bebidas genera pérdidas millonarias para el Estado y amenaza al empleo formal.
El comercio ilegal ya representa el 5% del PIB argentino, según datos presentados por empresarios.
El avance del comercio ilegal se consolidó como una de las principales preocupaciones para el sector empresario en Argentina. Según datos presentados durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, esta actividad ya representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un nivel similar al registrado en Brasil y por debajo del 8% estimado para México.
La problemática fue abordada por empresarios, representantes de organismos estatales y especialistas en propiedad intelectual, quienes coincidieron en advertir sobre el impacto del contrabando en la industria nacional, la recaudación fiscal y el empleo formal.
De acuerdo con el último informe de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), el comercio ilícito continúa expandiéndose en la región y representa una creciente amenaza para las economías latinoamericanas.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sostuvo que el país arrastra problemas estructurales en materia de controles fronterizos.
"Nuestro país viene de gobiernos que hicieron una política muy laxa en el tema de los controles", afirmó el dirigente empresarial.
No obstante, Grinman reconoció que el actual Gobierno nacional busca fortalecer las herramientas de fiscalización, aunque advirtió sobre las dificultades que implica controlar una de las fronteras más extensas de la región.
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Uno de los sectores más afectados por el avance del comercio ilegal es el tecnológico. Según explicó María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, uno de cada tres teléfonos celulares que ingresan al mercado argentino proviene del contrabando.
La ejecutiva precisó que esto equivale a cerca de 3 millones de celulares por año, mientras que este segmento representa entre el 5% y el 15% de todo el comercio ilegal del país.
A su vez, un informe elaborado por la consultora MAP estimó que el Estado argentino perdió alrededor de u$s2.300 millones en ingresos fiscales debido al crecimiento del contrabando.
Además de los dispositivos electrónicos, el estudio identifica como sectores particularmente afectados a las cervezas, el tabaco y los textiles.
El auge del contrabando provocó pérdidas fiscales estimadas en u$s2.300 millones.
Otro de los rubros señalados durante el encuentro fue el tabacalero. Según Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, tres de cada diez cigarrillos consumidos en América Latina son ilegales.
"El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado", sostuvo el ejecutivo.
La expansión de estos mercados clandestinos genera preocupación tanto por la pérdida de recursos tributarios como por el impacto sobre las empresas formales y la competencia desleal.
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El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Martín Blanco Muiño, reconoció las limitaciones operativas del Estado para enfrentar el fenómeno.
"No podemos llegar a todas las empresas del país", señaló el funcionario.
En ese sentido, detalló que el Estado argentino enfrenta el desafío de controlar 9.300 kilómetros de frontera y fiscalizar alrededor de 250.000 comercios de cercanía.
Por su parte, Diego Figueroa, asesor de la Dirección General de Aduanas, explicó que el organismo trabaja sobre tres ejes principales: la desregulación, la modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad y el fortalecimiento de los controles sobre el tráfico de mercaderías.
El vínculo entre el comercio ilegal y las economías criminales
Durante el encuentro también se planteó la relación entre el contrabando y otras actividades delictivas complejas.
El secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, sostuvo que las organizaciones criminales operan con estructuras cada vez más sofisticadas y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales del fenómeno.
"El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico", afirmó.
El funcionario agregó que la lucha contra el comercio ilegal constituye una herramienta clave para proteger a trabajadores, consumidores y emprendedores.
El crecimiento del comercio ilegal se convirtió en una de las principales amenazas para diversos sectores productivos de Argentina. La expansión del contrabando no solo genera pérdidas fiscales multimillonarias, sino que también afecta la competitividad de las empresas formales, reduce la inversión y profundiza la precarización laboral.
La preocupación empresarial se centra además en la capacidad de las organizaciones criminales para adaptarse a nuevos mecanismos de comercialización y distribución, en un contexto donde la digitalización y la informalidad amplifican los desafíos de control para el Estado.
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