13 de julio de 2026
El Tribunal Oral Federal 4 dictó penas de cinco años de prisión para los ex funcionarios kirchneristas. El fallo vinculó la obra de gasoductos con coimas, administración fraudulenta y direccionamiento de contratos.
Una causa eterna. Las condenas por el caso Skanska llegaron 20 años después de la denuncia.
El caso Skanska terminó con condenas a Julio De Vido y José López casi dos décadas después de que estallara uno de los primeros escándalos de corrupción en la obra pública kirchnerista. El Tribunal Oral Federal 4 impuso penas de cinco años de prisión para el exministro de Planificación Federal y para el exsecretario de Obras Públicas por irregularidades en la ampliación de gasoductos adjudicada a la firma sueca.
Los jueces consideraron a De Vido y López coautores de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ambos también recibieron inhabilitación especial perpetua, en una sentencia que suma otro capítulo judicial para dos exfuncionarios centrales de los gobiernos kirchneristas.
El fallo del TOF 4 marca un punto de cierre para una causa que atravesó buena parte de la historia judicial del kirchnerismo. Según el veredicto, De Vido recibió una pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial perpetua y una nueva condena por hechos de corrupción vinculados a su gestión en el área de obra pública.
Con esta sentencia, el exministro suma su quinta condena por causas de corrupción. Antes había recibido penas por la compra de los Trenes Chatarra, por sobreprecios en la importación de GNL, por la llamada casa Odebrecht y por la Tragedia de Once, condena confirmada por la Corte Suprema y por la que cumple arresto domiciliario en Zárate.
José López también fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua. El exsecretario de Obras Públicas ya había quedado marcado políticamente por su detención en 2016, cuando intentó ocultar bolsos con millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
La causa investigó si existió un esquema de pagos de coimas para direccionar obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur en favor de la empresa Skanska. El expediente se abrió en 2006, con instrucción del juez Ariel Lijo y la intervención del fiscal Carlos Stornelli.
Para la acusación, las maniobras permitieron orientar licitaciones mediante concursos privados sin justificación suficiente. Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset sostuvieron que De Vido, López y el exgerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, actuaron de manera conjunta y coordinada para direccionar contratos y permitir la maniobra fraudulenta.
El caso quedó como un antecedente emblemático porque expuso tempranamente un circuito de sobreprecios, contrataciones y presuntos sobornos en la obra pública. También derivó en otras líneas de investigación, entre ellas el expediente Odebrecht, que analizó contratos vinculados a obras en los mismos gasoductos.
El tribunal también condenó a otros acusados. Néstor Ulloa recibió cinco años de prisión como responsable de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta. Además, directivos y gerentes de Skanska como Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate fueron condenados a cuatro años de prisión por cohecho activo y participación necesaria en administración fraudulenta.
Otros imputados, entre ellos Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero, Roberto Antonio Zareba, Alfredo Greco y Adrián López, recibieron penas de tres años de prisión y deberán cumplir reglas de conducta, como fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
El TOF 4 ordenó además el decomiso de $34.594.947,34 por el producto del delito de administración fraudulenta y de $14.017.588,69 por el producto del cohecho, montos que deberán actualizarse al momento de la ejecución.
El juicio oral por Skanska se extendió durante 47 audiencias desde abril de 2024. En el debate declararon 78 testigos, se incorporaron pruebas y se expusieron los alegatos de las partes antes del veredicto. El tribunal estuvo integrado por Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez.
La condena se resolvió por mayoría, con los votos de Gorini y Costabel. La jueza López Iñiguez se pronunció en disidencia respecto de la calificación legal y del monto de la pena. Los fundamentos completos de la sentencia serán publicados el 22 de septiembre de 2026, a las 13:30.
Ese punto será clave para conocer con mayor detalle cómo valoró el tribunal la prueba, qué responsabilidad atribuyó a cada acusado y qué argumentos usó para sostener la condena después de un proceso judicial tan extenso.
La sentencia vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre obra pública, empresas contratistas y poder político durante el kirchnerismo. Aunque el caso se inició hace casi 20 años, el fallo llega en un contexto donde la corrupción volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública y en la discusión judicial.
Para el peronismo kirchnerista, la condena representa otro golpe sobre exfuncionarios emblemáticos de su estructura de gestión. Para el Gobierno de Javier Milei, el fallo puede ser utilizado como argumento político en su narrativa contra la corrupción estatal y el gasto público asociado a contratos de infraestructura.
El caso también deja una señal institucional: aun con demoras prolongadas, los grandes expedientes de corrupción en obra pública siguen produciendo decisiones judiciales con consecuencias penales y patrimoniales. La pregunta que queda abierta es si los tiempos de la Justicia permiten reparar efectivamente el daño económico y político causado por maniobras que se investigan durante décadas.
Tras el veredicto, las defensas podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal. Recién después de la revisión de instancias superiores, las condenas podrían quedar firmes. Hasta entonces, el fallo representa una condena de tribunal oral, pero no necesariamente una sentencia definitiva.
La publicación de los fundamentos será el próximo paso relevante. Allí se conocerá el desarrollo completo del razonamiento judicial, la evaluación de la prueba, el alcance del decomiso y los argumentos sobre la participación de funcionarios y empresarios.
El caso Skanska queda así como una de las causas judiciales más largas y simbólicas de la obra pública kirchnerista: empezó en 2006, llegó a juicio oral casi dos décadas después y terminó con condenas para De Vido, López, Ulloa y directivos de la empresa involucrada.
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